El Instituto Caro y Cuervo quedó en el centro de una controversia cultural después de que su nuevo director, Sergio Esteban Vélez, utilizara los canales oficiales de la institución para publicar videos con interpretaciones críticas sobre dos escritores colombianos: Gonzalo Arango y Andrés Caicedo.
Los contenidos fueron difundidos en septiembre, pocas semanas después de que Vélez asumiera la dirección del Instituto. La discusión no se concentró únicamente en sus opiniones sobre los autores, sino en el hecho de que esas posiciones fueran divulgadas desde las cuentas institucionales de una entidad pública dedicada al estudio de la lengua y la literatura.
Vélez fue posesionado como director del Instituto Caro y Cuervo el 7 de septiembre de 2026 por la ministra de las Culturas, Paola Holguín. El Ministerio presentó su llegada como parte de una renovación de los liderazgos de instituciones vinculadas con la memoria y el patrimonio cultural.
El primer episodio de la controversia estuvo relacionado con Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo, de cuya muerte se cumplen 50 años en 2026. En el video, Vélez centró su lectura en la transformación ideológica y espiritual que experimentó el escritor durante los últimos años de su vida.
El director destacó el alejamiento de Arango de la izquierda y su posterior acercamiento a la fe católica. Su interpretación presentó esa transformación como parte de un proceso en el que el escritor pasó de la rebeldía y el ateísmo hacia una búsqueda espiritual.
El segundo video, dedicado a Andrés Caicedo, provocó una reacción todavía mayor. Fue publicado el 29 de septiembre, fecha en la que el escritor caleño habría cumplido 75 años, y convirtió el análisis de su vida y de su muerte en una reflexión sobre la rebeldía, las normas y la institucionalidad.
En ese contenido, Vélez calificó la muerte de Caicedo como un “pliego de cargos morales” y habló de una “trampa mortal” relacionada con su rechazo a las normas y a la institucionalidad. La interpretación generó cuestionamientos por la manera en que relacionó la trayectoria del escritor con su suicidio.
La discusión llegó rápidamente al sector cultural. Una de las preguntas centrales fue si esas afirmaciones debían entenderse como la posición personal del director o si, al ser divulgadas desde las plataformas oficiales del Instituto, terminaban adquiriendo un carácter institucional.
Catalina Valencia, exdirectora del Instituto Distrital de las Artes, estableció precisamente esa diferencia. Según su planteamiento, Vélez tiene derecho a realizar una lectura crítica de Caicedo, pero cuestionó que esa interpretación se difundiera desde los canales oficiales de una institución pública dedicada a la investigación.
Valencia sostuvo que el Caro y Cuervo no debería convertirse en un espacio para las opiniones personales de su director y planteó que una institución de investigación no puede asumir una única lectura oficial sobre un escritor.
Otra de las críticas provino de Elvira Cuervo de Jaramillo, exministra de Cultura y descendiente de Rufino José Cuervo. En declaraciones a Caracol Radio cuestionó que el Instituto utilizara sus plataformas para emitir juicios sobre la vida y las posiciones personales de escritores.
Cuervo de Jaramillo defendió una concepción más delimitada de la función del Instituto. Recordó incluso las posiciones históricas de su propia familia para señalar que, bajo esa lógica, la entidad tendría que intervenir también en debates sobre las posturas personales de figuras vinculadas con la historia intelectual del país.
El argumento de fondo de los críticos es que el Instituto tiene una misión institucional que no debería confundirse con la visión personal de quien ocupa temporalmente su dirección.
El Caro y Cuervo fue creado oficialmente mediante la Ley 5 de 1942 y tiene entre sus funciones la salvaguarda de la memoria y la identidad nacional expresadas en la lengua y la literatura, además del impulso a la investigación sobre el patrimonio lingüístico y literario colombiano.
Su trayectoria está estrechamente relacionada con la filología, la lingüística, la literatura y la investigación académica. A lo largo de las décadas, la institución desarrolló publicaciones, investigaciones y programas de formación alrededor de esas áreas.
Por eso, la polémica no se limita a determinar si la interpretación de Vélez sobre Caicedo o Arango es válida desde el punto de vista literario. El debate se trasladó a la pregunta sobre los límites entre la opinión de un funcionario y la comunicación de una entidad pública.
Esa preocupación también apareció dentro del propio Instituto. Lucía Vanegas, representante estudiantil, señaló que la comunidad académica necesita que los canales institucionales reflejen la pluralidad de perspectivas que existe dentro de la entidad.
Vanegas reclamó además un espacio en el que las diferentes aproximaciones sobre los autores puedan coexistir. Su planteamiento es que las obras y las trayectorias de escritores como Caicedo y Arango deberían abrir conversaciones y no convertirse en una única interpretación institucional.
A la controversia se sumaron egresados del Instituto, quienes enviaron una carta a Vélez para solicitar explicaciones públicas sobre los videos. En la misiva recordaron que la misión del Caro y Cuervo incluye salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario mediante formación, investigación y apropiación social del conocimiento.
También hubo cuestionamientos sobre las prioridades de la nueva dirección. La exdirectora Daniella Sánchez Russo planteó interrogantes sobre asuntos de gestión como los proyectos de investigación, la documentación de lenguas, el Museo de Yerbabuena y publicaciones pendientes, en lugar de concentrar la comunicación institucional en controversias sobre escritores.
La discusión adquiere otra dimensión por los antecedentes públicos de Vélez. Antes de asumir la dirección, el escritor había cuestionado el rumbo del Instituto y lo había descrito como un “fortín del marxismo cultural”. Ese contenido posteriormente fue eliminado.
CAMBIO también ha relacionado la llegada de Vélez con su intención declarada de combatir lo que denomina la “agenda woke” y el “marxismo cultural”. Esa lectura forma parte del análisis de ese medio sobre la nueva dirección y no constituye, por sí misma, una descripción oficial de las funciones del Instituto.
El propio contexto del nombramiento también ha alimentado la discusión. Vélez llegó al cargo durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella y fue posesionado por la ministra de las Culturas, Paola Holguín, en septiembre. La coincidencia temporal ha llevado a algunos críticos a interpretar sus primeras actuaciones dentro de una disputa cultural más amplia, aunque esa interpretación debe diferenciarse de los hechos concretos sobre los videos.
En el fondo, la controversia enfrenta dos concepciones sobre el papel de una institución cultural pública. Una permite que su director participe activamente en debates sobre autores, obras y corrientes intelectuales; la otra sostiene que, cuando habla desde las cuentas oficiales, debe distinguir con claridad sus opiniones personales de la posición institucional y preservar la pluralidad académica.
El episodio deja así al Instituto Caro y Cuervo ante una discusión que va más allá de Gonzalo Arango y Andrés Caicedo. El debate es sobre quién habla cuando una institución pública utiliza sus canales oficiales: un director con una interpretación particular de la literatura o una entidad académica cuya misión, por su propia historia, exige espacio para distintas perspectivas sobre la lengua, la literatura y el patrimonio cultural colombiano.
