El 2 de octubre de 2016, hace diez años, Colombia acudió a las urnas para decidir si aprobaba el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. La pregunta parecía concentrar cuatro años de negociaciones en una sola respuesta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y construir una paz estable y duradera?”. El resultado sorprendió al país y a buena parte de la comunidad internacional: ganó el No.
La diferencia fue mínima. El escrutinio definitivo estableció 6.438.552 votos por el No frente a 6.382.901 por el Sí, una distancia de 55.651 votos. La abstención, además, superó el 60 %, por lo que el resultado fue producido por una fracción minoritaria del censo electoral. La Corte Constitucional posteriormente señaló que el resultado constituyó un mandato político vinculante para el presidente en relación con la revisión del acuerdo.
La campaña había llegado a las últimas semanas con una aparente ventaja del Sí. Varias encuestas publicadas antes de la votación mostraban una diferencia favorable al acuerdo, mientras la campaña por el No intentaba reducirla. El resultado terminó convirtiéndose también en un revés para los sondeos y para quienes habían dado por descontada la aprobación del pacto. (El País)
Pero el resultado no puede explicarse únicamente por la existencia de información falsa. El Acuerdo de La Habana despertaba desacuerdos reales sobre asuntos como la justicia transicional, la participación política de los excombatientes, la reforma rural, las víctimas y las condiciones de reincorporación de las FARC. La campaña del No convirtió varios de esos debates en mensajes mucho más simples y emocionalmente movilizadores.
Uno de los principales ejes fue la idea de que el acuerdo representaba una concesión excesiva a las FARC. La expresión “entregarle el país a las FARC” había circulado antes del plebiscito y terminó formando parte del lenguaje político con el que sus opositores describieron las consecuencias de aprobar el pacto. El temor era que los antiguos guerrilleros pasaran de las armas al poder político y terminaran controlando el Estado. (El País)
El mensaje se reforzó con la discusión sobre la participación política. El Acuerdo Final contemplaba que los miembros de las FARC que cumplieran las condiciones previstas pudieran participar en política. Ese elemento era real, pero la campaña lo presentó en ocasiones asociado a una imagen mucho más amplia: la posibilidad de que los antiguos comandantes guerrilleros terminaran gobernando Colombia.
El segundo gran eje fue Venezuela. La palabra “castrochavismo” funcionó como una advertencia política que vinculaba el acuerdo con el modelo venezolano. La campaña planteaba que el triunfo del Sí podía llevar al país hacia una transformación política semejante a la de Venezuela. El argumento encontró terreno fértil en un contexto regional marcado por la crisis venezolana y por el rechazo que el gobierno de Nicolás Maduro generaba entre sectores colombianos. (El País)
Ese mensaje tenía una particularidad: no necesitaba explicar las casi 300 páginas del acuerdo. Bastaba con asociar tres elementos —FARC, Cuba y Venezuela— para construir una amenaza política reconocible para determinados sectores del electorado. El debate sobre el contenido concreto del pacto quedaba subordinado a una pregunta emocional: qué podía ocurrirle a Colombia si ganaba el Sí.
La campaña también encontró un poderoso terreno de movilización en las iglesias cristianas. El enfoque de género incluido en el acuerdo se convirtió en uno de los asuntos más controversiales. Investigaciones académicas posteriores documentaron cómo la expresión “ideología de género” terminó funcionando como una especie de concepto paraguas para asociar el acuerdo con amenazas a la familia y con el reconocimiento de derechos de la población LGBTI. (Revistas UNAL)
En ese contexto aparecieron mensajes particularmente extremos, entre ellos la idea popularmente conocida como el “rayo homosexualizador”. No era una disposición del Acuerdo Final. Fue parte de un universo de mensajes y representaciones que buscaban asociar el enfoque de género con una supuesta transformación de niños y familias. La discusión religiosa terminó convirtiéndose en uno de los mecanismos para movilizar a sectores que inicialmente no tenían como prioridad el debate sobre la negociación con las FARC.
El papel de las redes sociales fue determinante. Un estudio de la Universidad Nacional sobre la comunicación política en Facebook encontró que las campañas utilizaron contenidos visuales para persuadir a las audiencias y que las emociones y los valores culturalmente resonantes tuvieron un papel relevante en la movilización electoral. (Revistas UNAL)
La campaña del No descubrió además el potencial de los contenidos virales. Juan Carlos Vélez, gerente del comité promotor nacional del No, reconoció después de la votación que las redes sociales habían adquirido una importancia que inicialmente no habían dimensionado. Citó, entre otros ejemplos, una imagen difundida desde Apartadó que cuestionaba que se entregara dinero a los guerrilleros y que, según su relato, alcanzó cientos de miles de compartidos. (Caracol Radio)
Vélez también explicó que la estrategia buscó provocar indignación y que los mensajes se adaptaban a diferentes públicos. La campaña no necesariamente hablaba de la misma manera a un elector de la Costa Caribe, a un votante urbano o a sectores religiosos. El argumento central podía cambiar mientras permanecía una misma estructura: presentar el acuerdo como una amenaza concreta a intereses, valores o condiciones de vida. (Caracol Radio)
Sus declaraciones provocaron una controversia inmediata. El propio Vélez posteriormente se retractó de algunos de sus dichos y aseguró que la campaña se había fundamentado en cuñas destinadas a mostrar lo que consideraba concesiones a la guerrilla que generaban indignación. El episodio, sin embargo, convirtió la estrategia comunicativa del No en uno de los asuntos más discutidos después de la votación. (Caracol Radio)
El cuestionamiento más contundente llegó desde el Consejo de Estado. En el proceso judicial relacionado con el plebiscito, la Sección Quinta analizó mensajes difundidos durante la campaña y concluyó que en varios asuntos se había presentado una tergiversación del contenido del acuerdo. Entre los temas examinados estuvieron la llamada ideología de género, los subsidios, las pensiones, la impunidad, las víctimas y la supuesta transformación del modelo de Estado hacia uno semejante al venezolano. (Consejo de Estado)
El tribunal llegó a hablar de un “engaño generalizado” y sostuvo que la información suministrada durante la fase definitiva de la campaña había producido una distorsión de aspectos neurálgicos del acuerdo. También consideró que la difusión masiva y sistemática de esos mensajes había generado un clima de desinformación que afectaba la posibilidad de determinar con claridad la voluntad autónoma de los electores. (Consejo de Estado)
Ese pronunciamiento es relevante porque introduce una diferencia entre la propaganda política y la información utilizada para persuadir a los ciudadanos. Una campaña puede defender legítimamente que un acuerdo es inconveniente, excesivo o perjudicial. Otra cuestión es atribuirle al documento disposiciones que no contiene. En el caso del enfoque de género, por ejemplo, el Consejo de Estado señaló que no encontró en el acuerdo los elementos que las campañas del No habían presentado como una amenaza a la familia. (Consejo de Estado)
El resultado produjo además una conmoción política inmediata. El Gobierno de Santos quedó obligado a abrir conversaciones con los sectores que habían rechazado el acuerdo, particularmente con el uribismo. Las FARC, por su parte, mantuvieron públicamente su disposición a preservar el cese al fuego. El objetivo dejó de ser ejecutar inmediatamente el texto firmado en Cartagena y pasó a ser encontrar una fórmula que permitiera modificarlo sin reabrir la guerra.
La comunidad internacional reaccionó con sorpresa. Naciones Unidas envió a su representante especial Jean Arnault a La Habana para apoyar las consultas entre las partes. Estados Unidos, que había respaldado el proceso, reconoció el resultado y reiteró que continuaría apoyando los esfuerzos para alcanzar la paz. La Unión Europea y gobiernos como los de Francia, España y Noruega también llamaron a continuar el diálogo. (El País)
El resultado también tuvo una dimensión simbólica internacional. Antes del plebiscito, el proceso colombiano era considerado uno de los grandes candidatos al Premio Nobel de la Paz. Después del triunfo del No, investigadores del Peace Research Institute Oslo señalaron que Colombia había dejado de ser una candidata plausible. Cinco días después, sin embargo, el Comité Nobel tomó una decisión que modificó radicalmente esa lectura: otorgó el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos por sus esfuerzos para terminar el conflicto. (Trust.org News)
El Nobel tuvo una particularidad histórica. El Comité noruego reconoció explícitamente que el plebiscito había rechazado por estrecho margen el acuerdo, pero sostuvo que esa votación no equivalía necesariamente al rechazo de la paz. Para el Comité, los colombianos habían rechazado un acuerdo específico, mientras el proceso de búsqueda de una solución negociada podía continuar. (Premio Nobel)
La presión internacional ayudó a mantener abierto ese camino. El 24 de noviembre de 2016, después de varias semanas de conversaciones con los sectores que habían promovido el No, el Gobierno y las FARC firmaron un nuevo acuerdo. El texto incorporó modificaciones y posteriormente fue ratificado por el Congreso. Así, el plebiscito no produjo el abandono de la negociación, sino una renegociación del acuerdo y un cambio en el mecanismo mediante el cual terminó siendo adoptado. (Nobel Peace Prize)
Diez años después, aquella campaña sigue siendo relevante por algo que trasciende el resultado del plebiscito. El caso se convirtió en una referencia colombiana sobre la capacidad de las redes sociales para transformar debates complejos en mensajes breves, emocionales y segmentados. También mostró que una campaña electoral puede combinar desacuerdos sustantivos con afirmaciones verificables, exageraciones y contenidos falsos dentro de una misma estrategia de comunicación.
El legado político del 2 de octubre también permanece abierto. El No ganó con una diferencia de apenas 55.651 votos, pero el acuerdo modificado sobrevivió, las FARC se desarmaron y posteriormente se convirtieron en un partido político legal. Al mismo tiempo, varios de los cuestionamientos planteados por los promotores del No —especialmente sobre justicia transicional, participación política y cumplimiento del acuerdo— continuaron formando parte de la disputa política colombiana. (Nobel Peace Prize)
Por eso, el décimo aniversario del plebiscito no es solamente la conmemoración de una derrota electoral del Gobierno de Santos. Es también el aniversario de una elección en la que un acuerdo de paz fue sometido a una batalla comunicativa que mezcló argumentos políticos, miedos sociales, religión, redes sociales y desinformación. El resultado cambió el texto de la paz, alteró el rumbo político del país y produjo una reacción internacional que terminó respaldando la continuidad del proceso incluso después de que los colombianos hubieran rechazado su primera versión.
La nota queda centrada en el 10.º aniversario, pero evita atribuir todo el resultado exclusivamente a la desinformación: incorpora el peso de los desacuerdos reales sobre el Acuerdo y separa esos debates de las afirmaciones que posteriormente fueron cuestionadas judicialmente.
