El contrato para adquirir 17 aviones de combate Gripen E/F a Saab ya entró en su fase de ejecución financiera. Colombia realizó el primer pago del negocio, firmado en 2025 durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, confirmó que el desembolso corresponde al 0,6 % del valor del contrato, de acuerdo con una respuesta entregada a una solicitud formal de información.
El dato adquiere relevancia porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella está revisando actualmente las condiciones de la compra y ha abierto conversaciones con Saab sobre diferentes aspectos del acuerdo.
El contrato contempla la adquisición de 17 aeronaves, 15 Gripen E de un solo asiento y dos Gripen F de dos asientos. El valor pactado asciende a 3.135 millones de euros.
En pesos colombianos, la operación fue calculada inicialmente en alrededor de $16,5 billones, aunque el valor en pesos puede variar dependiendo de la tasa de cambio utilizada para cada desembolso.
El primer pago equivale, según información publicada por La Silla Vacía, a aproximadamente $100.000 millones. El medio indicó que esa cifra corresponde al 0,6 % del valor total del negocio.
El porcentaje es el dato que la FAC confirmó expresamente. Por ello, la cifra en pesos debe entenderse como una aproximación vinculada a la estructura financiera del contrato y no como un valor que sustituya el dato oficial del porcentaje.
El pago también había sido mencionado previamente por el entonces ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien señaló en agosto que Colombia ya había realizado un primer desembolso dentro de la operación.
El contrato fue firmado el 14 de noviembre de 2025, después de varios meses de negociaciones entre el Gobierno colombiano y Saab. La compañía confirmó la orden por 17 aeronaves Gripen y señaló que el negocio tenía un valor de unos 3.100 millones de euros.
La compra tiene como objetivo reemplazar progresivamente la flota de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuya operación se remonta a varias décadas.
Además de las aeronaves, el contrato incluye equipos, armamento, entrenamiento, servicios y soporte logístico. Saab también firmó acuerdos de compensación industrial y social relacionados con áreas como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tratamiento de agua.
El cronograma financiero contempla pagos durante varios años. Según información obtenida por La Silla Vacía a través de un derecho de petición al Ministerio de Hacienda, después de los aproximadamente $100.000 millones previstos para 2026, las obligaciones aumentarían de manera considerable entre 2027 y 2032.
De acuerdo con esa información, el pago previsto para 2027 sería de unos $3,9 billones, seguido por desembolsos de aproximadamente $3,2 billones en 2028, 2029 y 2030.
Para 2031, el monto estimado sería de unos $2,1 billones, mientras que en 2032 se concentraría un último pago cercano a $1,6 billones. La distribución está sujeta a las condiciones presupuestales y financieras del contrato.
El primer desembolso, por tanto, representa una fracción pequeña frente al valor total de la operación. Pero jurídicamente tiene una importancia distinta: demuestra que el contrato no se encuentra únicamente firmado, sino que ya comenzó a ejecutarse financieramente.
Esa circunstancia resulta especialmente relevante para el Gobierno de De la Espriella, que heredó el acuerdo y actualmente estudia sus condiciones.
El comandante de la FAC, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, confirmó que existen conversaciones relacionadas con el contrato y que se están revisando aspectos de la negociación con Saab. Entre ellos están los pagos y los beneficios asociados al negocio.
Martínez también señaló que Colombia atraviesa necesidades económicas importantes y que el Gobierno está evaluando alternativas. La decisión final sobre cualquier modificación corresponde al Ejecutivo.
La revisión no significa, hasta ahora, que el contrato haya sido cancelado. La FAC ha señalado que el acuerdo continúa vigente y que se mantienen las entregas previstas mientras avanzan las conversaciones.
El asunto financiero ya había generado preocupación durante el proceso de empalme entre gobiernos. En julio, el Ministerio de Defensa saliente reconoció dificultades para concretar un documento CONPES de crédito que permitiera asegurar la financiación de la adquisición durante los siguientes años.
El contrato, además, contempla mecanismos frente a un eventual incumplimiento. Bloomberg Línea reportó que el acuerdo incluye una cláusula de penalización económica, aunque la información pública conocida no establece en detalle cuánto tendría que pagar Colombia ante diferentes escenarios de terminación o incumplimiento.
Esto significa que una eventual decisión de modificar o terminar el negocio no puede analizarse únicamente desde el valor de los próximos desembolsos. También habría que establecer las consecuencias contractuales, financieras y jurídicas de cualquier decisión.
El debate se desarrolla además mientras existe una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca intervenir en la ejecución del contrato y solicita medidas para suspender desembolsos. La demanda plantea cuestionamientos sobre financiación, presupuesto y condiciones de pago, pero su presentación no constituye una decisión judicial sobre la legalidad del negocio.
Por ahora, el dato concreto es que Colombia ya pagó el primer 0,6 % del contrato de los Gripen. El Gobierno de De la Espriella tiene por delante la decisión de determinar si mantiene las condiciones pactadas, consigue modificarlas mediante negociación con Saab o adopta otra determinación, teniendo en cuenta que la operación ya está en ejecución.
El siguiente punto de seguimiento será precisamente el segundo tramo financiero: qué decisión adopta el Gobierno frente al pago previsto para 2027 y qué cambios, si alguno, logra negociar con Saab antes de que comiencen las siguientes obligaciones de un contrato que se extiende hasta 2032.
