El director nacional de Bomberos, Germán Andrés Miranda Montenegro, dejará el cargo apenas 26 días después de haber sido posesionado, luego de que el Gobierno conociera información que consideró suficientemente grave para pedir su salida.
La decisión fue anunciada este sábado 3 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien informó que solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente el nombramiento de Miranda.
Según el Gobierno, la decisión se produjo después de conocer hechos que involucrarían al funcionario en actuaciones relacionadas con una investigación y que, de acuerdo con la información recibida, podrían haber buscado impedir que determinadas pruebas llegaran a conocimiento de la Fiscalía.
El ministro Lara confirmó que existían elementos que podían indicar un presunto intento de evitar que pruebas relacionadas con actuaciones de años anteriores fueran conocidas por el organismo investigador.
El trasfondo de la decisión está en unos audios divulgados inicialmente por La FM, en los que aparecería Miranda conversando sobre un proceso relacionado con el Cuerpo de Bomberos de Envigado y su comandante, el capitán Luis Bernardo Morales Llanos.
En las conversaciones, según los reportes periodísticos conocidos hasta ahora, aparecen referencias a una investigación de la Fiscalía, a la revisión de un convenio y a documentos que habían sido solicitados por funcionarios del organismo judicial.
También se mencionan gestiones destinadas, aparentemente, a determinar qué información podía llegar a manos del fiscal encargado del proceso. El contenido de esas conversaciones es ahora uno de los elementos centrales para explicar la decisión del Gobierno.
Los audios contienen además referencias a posibles cobros por determinadas gestiones. Algunos reportes mencionan una suma cercana a los 200 millones de pesos y conversaciones sobre la posibilidad de “arreglar” el asunto.
Sin embargo, la existencia de las grabaciones no demuestra por sí misma que Miranda haya recibido dinero, que se haya concretado algún pago o que haya cometido un delito. Esos hechos tendrían que ser establecidos mediante una investigación de las autoridades competentes.
Tampoco se conoce públicamente, hasta ahora, la fecha exacta en que fueron grabadas las conversaciones ni todas las circunstancias en las que se produjeron. Esas precisiones serán determinantes para establecer su alcance.
El episodio resulta llamativo por la velocidad con la que se produjo el relevo. Miranda había asumido el cargo el 7 de septiembre, cuando fue posesionado por el ministro Rodrigo Lara, y apenas 26 días después el Gobierno pidió terminar su nombramiento.
Su llegada había sido presentada por el Ministerio del Interior como el regreso de un funcionario con amplia experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos. Miranda había ocupado anteriormente la Dirección General de Bomberos y la Coordinación General del Sistema Nacional.
El capitán contaba además con más de dos décadas de trayectoria en el sector y formación relacionada con gestión de crisis, materiales peligrosos y respuesta ante emergencias. Su perfil técnico, por tanto, no había sido objeto de cuestionamientos públicos como razón para su salida.
Pero el nombramiento ya tenía un antecedente polémico. Antes de regresar a la Dirección Nacional de Bomberos se había conocido la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría relacionado con un contrato celebrado entre Bomberos y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured.
La cuantía inicial del presunto detrimento investigado era de aproximadamente 115 millones de pesos y estaba relacionada con actuaciones correspondientes al periodo en que Miranda había ocupado anteriormente la dirección de la entidad, entre 2013 y 2020.
Miranda había defendido entonces su actuación y sostenido que las auditorías correspondientes a su gestión no habían producido hallazgos fiscales, disciplinarios o penales en su contra, aunque sí se habían presentado observaciones administrativas atendidas mediante planes de mejoramiento.
Ese antecedente no equivale a una declaración de responsabilidad y debe mantenerse separado de los hechos que ahora motivaron su salida. La nueva decisión del Gobierno está relacionada, según la explicación oficial, con los elementos conocidos sobre las conversaciones y la eventual interferencia en una investigación.
De la Espriella afirmó que no tendrá contemplaciones frente a actuaciones que puedan comprometer la integridad de los funcionarios de su administración y sostuvo que incluso una sospecha de irregularidad debe ser atendida con rapidez.
La posición presidencial plantea, sin embargo, una diferencia importante entre el ámbito administrativo y el judicial. El Gobierno puede retirar a un funcionario mientras se esclarecen unos hechos, pero esa decisión no determina por sí misma si existió un delito ni quién tendría responsabilidad penal.
Ahora las autoridades deberán establecer el origen, autenticidad y contexto de los audios, identificar las actuaciones a las que hacen referencia y determinar si hubo alguna gestión para impedir que información o pruebas llegaran a la Fiscalía.
El caso deja así una pregunta abierta sobre la corta permanencia de Miranda en la Dirección Nacional de Bomberos y sobre el contenido de las conversaciones que provocaron su salida. Por el momento, lo confirmado es el relevo administrativo; la eventual responsabilidad por los hechos denunciados tendrá que ser determinada por las autoridades correspondientes.
