La política migratoria de Estados Unidos cambió de escala durante el segundo gobierno de Donald Trump y los colombianos han quedado entre las nacionalidades que registran un aumento significativo de arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Los registros analizados por el Deportation Data Project muestran que entre enero y julio de 2026 fueron arrestados 7.157 colombianos por agentes de ICE. El volumen equivale a un promedio de un arresto cada 43 minutos durante esos siete meses.
La cifra adquiere relevancia cuando se observa la evolución de los últimos años. Los 7.157 arrestos registrados en solo siete meses de 2026 ya superaban en 74 % los 4.108 contabilizados durante todo 2024, el último año completo de la administración de Joe Biden.
El contraste también es evidente frente a 2025. Ese año terminó con 9.716 arrestos de colombianos y, para julio de 2026, ya se había alcanzado cerca de tres cuartas partes de ese registro anual.
El aumento no fue uniforme durante 2026. Después de los primeros meses, los registros comenzaron a crecer con mayor intensidad y llegaron a su punto más alto en julio, cuando ICE arrestó a 1.400 colombianos, frente a 1.135 en junio y 882 en mayo.
Ese comportamiento coincide con una expansión general de las operaciones de ICE en Estados Unidos. El Deportation Data Project reportó que junio y julio de 2026 fueron los meses con más arrestos de ICE durante el segundo mandato de Trump.
En julio, además, ICE registró 49.571 arrestos en todo Estados Unidos, el mayor número mensual de la segunda administración Trump y 15 % más que los 43.021 de junio. Frente a febrero, el aumento fue de 70 %.
Los colombianos se encuentran así dentro de una tendencia que afecta a múltiples nacionalidades, pero su crecimiento resulta especialmente visible. En julio, Colombia ocupó el séptimo lugar entre los países con más ciudadanos arrestados por ICE.
La lista estuvo encabezada por México, Guatemala y Honduras, seguidos por Venezuela, El Salvador y Nicaragua. Colombia apareció inmediatamente después, con 1.400 arrestos registrados durante ese mes.
El fenómeno representa un cambio frente a la situación que predominaba antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Durante la administración Biden, ICE también realizó arrestos y deportaciones, pero la escala de las operaciones aumentó considerablemente después del 20 de enero de 2025.
El Deportation Data Project documentó que los arrestos de ICE se cuadruplicaron durante los primeros nueve meses del segundo gobierno Trump y que los arrestos realizados directamente en las calles aumentaron más de once veces frente al periodo comparable anterior.
Ese cambio también modificó el perfil de las personas alcanzadas por las operaciones migratorias. La proporción de arrestos correspondientes a personas con condenas penales llegó en julio de 2026 al 27 %, el nivel más bajo de la serie analizada por el proyecto de datos.
En otras palabras, el crecimiento de ICE no se ha limitado a personas condenadas por delitos. Una parte importante de los arrestos corresponde a personas que no tienen condenas penales registradas, aunque eso no significa necesariamente que su situación migratoria sea regular.
En el caso colombiano, los registros citados por medios que analizaron la información de ICE muestran que una proporción importante de los arrestados no tenía condenas penales. Esa clasificación debe distinguirse, sin embargo, de la condición migratoria de cada persona.
Una persona puede no tener una condena penal y, al mismo tiempo, estar sometida a un procedimiento migratorio, tener una orden final de deportación o encontrarse en otra situación que permita la intervención de ICE.
El cambio tampoco se limita a las detenciones en las calles. El Deportation Data Project encontró un aumento de los arrestos derivados de la cooperación entre ICE y autoridades estatales y locales, incluidos los procedimientos asociados con el programa 287(g).
Ese mecanismo permite que determinados agentes estatales o locales ejerzan funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales bajo acuerdos con ICE. Su utilización creció durante 2025 y 2026 y se convirtió en una de las vías mediante las cuales aumentaron los arrestos.
También aumentaron las solicitudes de ICE para que cárceles locales retuvieran a personas que no tenían condenas penales. El proyecto de datos señala que este fenómeno contribuyó al incremento de los arrestos derivados de transferencias desde cárceles y prisiones hacia la custodia migratoria.
Para los colombianos, el impacto se concentra especialmente en estados con grandes comunidades de connacionales. Florida registró 1.103 arrestos de colombianos entre enero y julio, seguida de Texas, con 996, California, con 696, Nueva Jersey, con 608, y Nueva York, con 576.
Nueva York, Miami, Dallas, Newark y San Antonio también aparecen entre las ciudades con mayores registros de arrestos de colombianos. La distribución muestra que el fenómeno alcanza tanto grandes centros urbanos como estados donde la cooperación entre autoridades locales y federales ha aumentado.
El endurecimiento de las operaciones migratorias también ha generado cambios en otras formas de control. Para agosto de 2026, ICE vigilaba mediante dispositivos electrónicos en los tobillos a cerca de 54.000 inmigrantes, aproximadamente tres veces más que al comienzo del segundo gobierno Trump.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles han cuestionado algunas de las nuevas prácticas de ICE. Más de 30 organizaciones pidieron recientemente la intervención de Naciones Unidas ante la decisión de la agencia de dejar de publicar la ubicación de determinados migrantes detenidos, una medida que, según esas organizaciones, dificulta el acceso de abogados y familiares.
El Gobierno Trump sostiene que la ofensiva migratoria busca cumplir su promesa de deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y priorizar a quienes representan una amenaza para la seguridad. Las estadísticas, sin embargo, muestran que el universo de arrestados es más amplio que el de personas con condenas penales.
Para Colombia, el aumento tiene además una dimensión diplomática. El país ya enfrentó en enero de 2025 una disputa con Washington por los vuelos de deportación, después de que el Gobierno de Gustavo Petro rechazara inicialmente el ingreso de dos aeronaves militares estadounidenses que transportaban colombianos deportados. Finalmente, Colombia envió sus propios aviones para recibirlos.
Desde entonces, la relación migratoria entre ambos países ha quedado atravesada por el endurecimiento de los controles estadounidenses y por la necesidad de Colombia de recibir a sus ciudadanos deportados.
La dimensión del cambio queda reflejada en una comparación: en todo 2024 ICE registró 4.108 arrestos de colombianos, mientras que entre enero y julio de 2026 ya había contabilizado 7.157. No se trata, por tanto, de una variación marginal, sino de un aumento que convirtió a los colombianos en una de las comunidades nacionales con mayor número de arrestos dentro de la ofensiva migratoria de la administración Trump.
El dato de un colombiano arrestado cada 43 minutos resume la magnitud de ese fenómeno, pero detrás de esa cifra hay miles de historias migratorias diferentes: personas con procesos pendientes, órdenes de deportación, casos sin condenas penales y también personas con antecedentes o cargos.
Lo que muestran los datos disponibles es que, durante el segundo gobierno de Trump, ICE incrementó de manera considerable sus operaciones dentro de Estados Unidos y los colombianos quedaron entre las nacionalidades más afectadas por ese aumento. El salto registrado frente a 2024 y la aceleración observada durante el verano de 2026 muestran un cambio sustancial en la intensidad del control migratorio.
Y aunque los 7.157 arrestos corresponden solo a enero-julio, el propio comportamiento de ICE permite dimensionar el contexto en el que se produjo ese crecimiento: julio terminó como el mes de mayor número de arrestos de la segunda administración Trump, mientras la agencia ampliaba tanto sus operaciones directas como la cooperación con autoridades locales.
Para los colombianos que viven en Estados Unidos, el resultado de esta política es un escenario migratorio más intenso que el registrado antes del regreso de Trump: más arrestos, más mecanismos de vigilancia y una presencia mayor de ICE en comunidades y sistemas locales de justicia. La cifra de uno cada 43 minutos es, en ese contexto, el reflejo estadístico de un cambio mucho más amplio en la política migratoria estadounidense.
