Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a los 87 años, quince días después de haber sido desalojada de la vivienda en la que había vivido prácticamente toda su vida. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de la crisis de vivienda en España y desencadenó protestas que trascendieron su historia personal.
Su historia comenzó mucho antes de que su rostro apareciera en las protestas. En 1956, su padre había alquilado un sexto piso de unos 90 metros cuadrados en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Tras la muerte de sus padres, el contrato pasó primero a su madre y posteriormente a Maricarmen.
Durante décadas, la vivienda fue el lugar donde construyó su vida. Después de que su madre muriera, alrededor de 2005, Maricarmen continuó ocupando el inmueble y pagando aproximadamente 500 euros entre alquiler y gastos, sin que durante años la propiedad planteara un conflicto que terminara con su permanencia.
La situación cambió cuando una empresa inmobiliaria adquirió el piso en 2018. La compañía, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., le ofreció comprar la vivienda por unos 250.000 euros, una cantidad que Maricarmen no podía asumir. Ella decidió permanecer como inquilina.
Durante un tiempo continuó pagando el alquiler y las facturas. El conflicto se trasladó entonces a los tribunales y terminó con una sentencia de la Audiencia Provincial que adquirió firmeza después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso presentado por la defensa de Maricarmen.
El problema económico era evidente. Maricarmen recibía una pensión de alrededor de 1.400 euros, mientras que la propiedad llegó a plantearle un nuevo alquiler de unos 1.600 euros. La alternativa suponía una renta superior a sus ingresos mensuales.
A partir de entonces comenzaron los intentos de desalojo. El primero ocurrió en el otoño de 2025 y fue suspendido después de una movilización vecinal. En 2026 llegaron otros dos intentos, en junio, que también terminaron aplazados ante la presión de organizaciones y vecinos.
Durante ese proceso, Maricarmen pasó de ser una mujer enfrentada a un litigio por su vivienda a convertirse en un rostro reconocible de la lucha de los inquilinos. El Sindicato de Inquilinas comenzó a acompañarla y las movilizaciones alrededor de su caso fueron creciendo.
Incluso hubo una intervención internacional. Durante la disputa se produjo una petición de Naciones Unidas relacionada con la necesidad de frenar los lanzamientos, mientras las organizaciones sociales insistían en que su edad y situación de vulnerabilidad debían ser tenidas en cuenta.
El cuarto intento de desahucio llegó el 23 de septiembre. La noche anterior, cientos de personas se habían concentrado alrededor del edificio para intentar impedir el lanzamiento. Maricarmen permaneció dentro de su apartamento, rodeada de sus pertenencias, muchas de ellas ya empacadas.
Su estado físico había empeorado considerablemente. Ya utilizaba una silla de ruedas y, cuando finalmente fue desalojada, tuvo que salir del inmueble y ser trasladada en camilla hasta el Hospital Gregorio Marañón. Desde ese momento no volvería a dormir en la que había sido su casa durante más de 70 años.
El desahucio produjo una reacción inmediata. Las protestas se multiplicaron en Madrid y posteriormente en otras ciudades españolas. El 26 de septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en la capital y, después de la movilización, algunos participantes se dirigieron a la Puerta del Sol para instalar una acampada por el derecho a la vivienda.
La acampada creció rápidamente. Para el 27 de septiembre ya había más de 1.200 tiendas en la Puerta del Sol, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba sacar adelante nuevas medidas para responder a la crisis de vivienda. El caso de Maricarmen había dejado de ser exclusivamente judicial y se había convertido en un asunto político nacional.
La presión social también cambió la posición de la propiedad. El 25 de septiembre, Urbagestión se ofreció a facilitar el regreso de Maricarmen a su vivienda y pidió al Ayuntamiento de Madrid que interviniera mediante alguno de sus programas de vivienda.
Tres días después, el 28 de septiembre, se produjo una reunión entre la empresa, la abogada de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas y el Ayuntamiento. Después de cuatro horas de conversaciones se alcanzó un acuerdo: Maricarmen podría regresar al piso mediante un contrato de ocho años y con un alquiler similar al que pagaba antes.
El acuerdo, sin embargo, llegó cuando ella seguía hospitalizada. El nuevo contrato debía permitirle recuperar su vivienda, pero su estado de salud no le permitió regresar inmediatamente. La solución que había llegado después del desahucio terminó siendo insuficiente para que pudiera volver físicamente a su casa.
Mientras tanto, la disputa por la vivienda había llegado al Congreso de los Diputados. El Gobierno presentó dos decretos relacionados con la vivienda, pero el 1 de octubre ambos fueron rechazados. PP, Vox y Junts votaron en contra, en una derrota parlamentaria que evidenció la dificultad de construir una mayoría alrededor de las medidas propuestas por Sánchez.
La crisis adquirió entonces una dimensión electoral. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre. La vivienda, que durante años había sido uno de los problemas sociales más persistentes de España, quedó instalada en el centro de la nueva contienda política.
Dos días después, Maricarmen murió. Tenía 87 años y llevaba quince días hospitalizada desde el desahucio. La noticia fue comunicada por el Sindicato de Inquilinas y provocó nuevas concentraciones y homenajes en Madrid y otras ciudades.
Existe, sin embargo, una precisión fundamental sobre las circunstancias de su muerte. Las organizaciones de vivienda han relacionado su fallecimiento con el impacto físico y emocional del desalojo, mientras Reuters informó que había sido hospitalizada después del lanzamiento con un cuadro de ansiedad y agotamiento severos. No obstante, atribuir médicamente su muerte directamente al desahucio requeriría una determinación clínica que no ha sido establecida públicamente.
Lo que sí está documentado es la secuencia: fue desalojada en camilla, ingresó en un hospital, permaneció allí durante quince días, consiguió un acuerdo para regresar a su vivienda y murió antes de poder hacerlo. Esa sucesión convirtió su historia en un símbolo particularmente potente dentro de la discusión sobre el acceso a la vivienda en España.
Después de su muerte, la protesta volvió a las calles. En Madrid, el Sindicato de Inquilinas convocó una marcha desde la acampada de la Puerta del Sol hasta la que había sido su casa. En Barcelona, organizaciones de vivienda anunciaron otra movilización que también recordará a Olga, una mujer de 54 años que murió por suicidio en septiembre, después de haber sido desahuciada meses antes.
La reacción también alcanzó otras ciudades. Hubo homenajes en Sevilla, Málaga, Granada, València y Alicante, mientras organizaciones sociales planteaban nuevas movilizaciones. En Madrid, además, activistas consiguieron paralizar el desahucio de una familia con tres menores el mismo día de los homenajes a Maricarmen.
La historia de Maricarmen también se convirtió en un debate sobre la responsabilidad de las instituciones. Su caso enfrentó el derecho de la propiedad a disponer de un inmueble con la situación de una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo allí y cuya capacidad económica no le permitía asumir el nuevo alquiler que se le ofrecía. La discusión sobre cómo equilibrar esos derechos es precisamente una de las cuestiones centrales de la crisis habitacional española.
El Gobierno de Sánchez ha defendido nuevas medidas para intervenir sobre el mercado de vivienda, mientras la oposición ha responsabilizado al Ejecutivo de no haber resuelto un problema que se ha agravado durante años. En medio de esa disputa, el caso de Maricarmen fue utilizado por distintos sectores políticos para defender posiciones contrapuestas sobre alquileres, construcción de vivienda pública, regulación del mercado y protección de los inquilinos.
La dimensión del problema supera, además, el caso individual. Reuters señaló que España enfrenta un déficit de vivienda que podría alcanzar un millón de unidades para 2028 y que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del país. El debate enfrenta a quienes reclaman mayor regulación con quienes sostienen que se necesita aumentar la construcción y flexibilizar determinadas reglas urbanísticas.
Maricarmen no alcanzó a regresar a la vivienda que había ocupado desde mediados del siglo pasado. Su muerte ocurrió apenas cinco días después de que Sánchez anunciara elecciones anticipadas y en medio de una crisis política en la que el problema habitacional se convirtió en uno de los principales asuntos de discusión. Los sindicatos, por su parte, han confirmado una huelga general para el 11 de noviembre en el contexto de las protestas por la vivienda.
Su historia deja una pregunta que va más allá de la responsabilidad individual por un desahucio: qué mecanismos tiene un Estado para impedir que una persona vulnerable termine perdiendo su vivienda cuando el mercado, los tribunales y las instituciones actúan dentro de sus respectivas competencias. El caso de Maricarmen no resuelve esa discusión, pero la ha colocado en el centro de la agenda española. Y su muerte, ocurrida antes de que pudiera volver a casa, convirtió una disputa particular por un alquiler en un símbolo nacional de la crisis de vivienda.
