Estados Unidos trasladó drones militares MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador para apoyar las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina. La información fue revelada el 6 de octubre de 2026 por The New York Times, con base en declaraciones de dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo reserva.
El movimiento se produjo en medio de una estrategia de la Administración de Donald Trump para ampliar la participación militar estadounidense en la lucha contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas en la región. La reubicación de las aeronaves representa un cambio en la distribución de recursos que hasta ahora se empleaban, entre otros escenarios, en operaciones en África.
Según los reportes, el número de drones trasladados a Sudamérica no fue divulgado. Tampoco se precisó cuántos fueron destinados a Colombia, cuántos a Ecuador ni cuántos estaban operativos al momento de conocerse la información.
La noticia se conoció después de que Colombia anunciara, en agosto, un acuerdo para recibir tres drones MQ-9A Reaper de Estados Unidos en calidad de préstamo. La información fue divulgada tras la visita del entonces ministro de Defensa, Jorge Mora, a ese país y se presentó como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad.
El plan anunciado contemplaba, además, la posibilidad de adquirir una cuarta aeronave con recursos colombianos. Sin embargo, los reportes sobre el traslado desde África no establecieron si los aparatos movilizados correspondían exclusivamente a los tres incluidos en el acuerdo inicial o si el despliegue implicaba unidades adicionales.
Los MQ-9 Reaper son aeronaves militares no tripuladas fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems. Se utilizan para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y tienen capacidad para realizar ataques de precisión cuando cuentan con el armamento y la configuración correspondientes.
Una de sus principales características es la posibilidad de permanecer durante periodos prolongados en el aire y observar extensas zonas desde gran altura. Esa capacidad permite recopilar información sobre movimientos de personas, vehículos y embarcaciones, así como seguir objetivos durante operaciones de las fuerzas de seguridad.
Los aparatos también pueden transportar sensores avanzados, cámaras térmicas y otros sistemas para identificar movimientos durante el día o la noche. Estas herramientas pueden contribuir al seguimiento de rutas utilizadas para el tráfico de drogas y a la localización de integrantes de organizaciones armadas.
A diferencia de los drones comerciales empleados principalmente para fotografía o vigilancia de corta distancia, los MQ-9 Reaper son plataformas militares que pueden portar misiles y bombas guiadas. Esa capacidad explica que sean utilizados en operaciones de reconocimiento y, en determinados escenarios, en ataques contra objetivos seleccionados.
El traslado de estas aeronaves a Colombia ocurre en un contexto de mayor cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad. Los dos gobiernos han buscado fortalecer las acciones contra las redes de narcotráfico, las organizaciones armadas y las estructuras criminales que operan en zonas de difícil acceso.
Para las Fuerzas Militares colombianas, una de las posibles utilidades de los drones sería mejorar la obtención de información en regiones selváticas y montañosas. En esos territorios, la vegetación, la geografía y las dificultades de acceso pueden complicar el seguimiento de grupos armados y de las rutas que utilizan.
La vigilancia aérea también podría facilitar el monitoreo de pistas clandestinas, instalaciones ilegales, embarcaciones y otros elementos relacionados con las economías ilícitas. No obstante, el alcance de esas tareas dependerá de las misiones asignadas, los sistemas instalados y los acuerdos operativos entre ambos países.
La información sobre los drones también coincide con el interés de Washington en ampliar las operaciones contra organizaciones criminales en América Latina. Los reportes periodísticos señalaron que la estrategia estadounidense contempla reforzar la presión sobre grupos vinculados al narcotráfico y extender las acciones más allá de la interdicción de embarcaciones sospechosas.
Ese enfoque ha generado preguntas sobre el alcance de la participación estadounidense en las operaciones que se desarrollan en territorio sudamericano. Una cuestión central es determinar si los drones se utilizarán exclusivamente para recopilar información que luego será entregada a las autoridades colombianas o si tendrán un papel directo en acciones militares.
Hasta el momento, la información publicada sobre el traslado no permite establecer con precisión quién pilotará cada aeronave, qué entidad tendrá el control operacional de las misiones ni qué autoridad deberá aprobar un eventual ataque. Esos detalles son relevantes para identificar las responsabilidades de cada país y los mecanismos de supervisión aplicables.
También está por aclararse el lugar desde el que operarán los aparatos y si estarán bajo control directo de personal estadounidense o de las Fuerzas Militares colombianas. La cooperación tecnológica y de inteligencia entre ambos países no implica necesariamente que todas las decisiones operativas correspondan a la misma autoridad.
La capacidad ofensiva de los MQ-9 Reaper introduce, además, interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento y la protección de la población civil. Si las aeronaves llegaran a participar en ataques, sería necesario establecer cómo se seleccionan los objetivos, qué información se utiliza para identificarlos y qué procedimientos se aplican para reducir el riesgo de víctimas civiles.
El uso de drones armados en operaciones contra grupos criminales también plantea preguntas sobre la responsabilidad por posibles daños. Las autoridades deben determinar qué marco jurídico se aplica a cada operación, cómo se documentan las decisiones y qué mecanismos existen para investigar incidentes o denuncias.
La llegada de los aparatos no demuestra, por sí sola, que Estados Unidos vaya a ejecutar ataques desde Colombia. Para sostener esa afirmación se necesitaría información adicional sobre las condiciones del acuerdo, las misiones autorizadas y la participación efectiva de las fuerzas estadounidenses en las operaciones.
El traslado también tiene consecuencias potenciales para las operaciones militares de Estados Unidos en África. Los MQ-9 Reaper habían sido utilizados en misiones contra organizaciones armadas en ese continente, entre ellas Al Shabab, que opera principalmente en Somalia. La redistribución de recursos hacia América Latina ha generado preocupación sobre la continuidad de esas tareas.
El cambio refleja una modificación en las prioridades de Washington, que ha aumentado su atención sobre las organizaciones de narcotráfico de la región. Sin embargo, la información disponible no permite concluir que el traslado vaya a producir, por sí mismo, un aumento de la actividad de grupos extremistas en África o una reducción determinada de la capacidad antinarcóticos en Sudamérica.
Ecuador también forma parte del despliegue. El ministro de Defensa de ese país, Gian Carlo Loffredo, confirmó que dos MQ-9 Reaper habían sido entregados para apoyar la cooperación en seguridad y que ya operaban en el espacio aéreo ecuatoriano, según un reporte publicado el 7 de octubre.
La incorporación de los drones en ambos países se produce en medio de iniciativas regionales para coordinar acciones contra el narcotráfico. Los reportes vinculan el despliegue con una estrategia estadounidense más amplia de cooperación militar, aunque los detalles operativos de las misiones siguen siendo limitados en la información pública.
En Colombia, el siguiente paso será establecer cómo se materializa el acuerdo anunciado en agosto y cuál es el estado de entrega de las aeronaves. También será necesario conocer si el país asumirá la operación directa de los drones, qué recursos destinará a su mantenimiento y qué condiciones regirán el acceso a la información recopilada.
El Gobierno y las autoridades de defensa deberán aclarar, además, qué protocolos se aplicarán para el uso de los datos obtenidos durante las misiones y cómo se coordinarán con las operaciones de las Fuerzas Militares. La transparencia sobre esas condiciones permitiría conocer el alcance real de la cooperación y los límites de la participación de cada país.
Por ahora, los reportes confirman la reubicación de drones militares estadounidenses hacia Colombia y Ecuador, pero no ofrecen un panorama completo sobre su número, ubicación y reglas de operación. La información disponible permite identificar una ampliación de la cooperación militar, mientras deja abiertas preguntas sobre el control de las aeronaves y el eventual uso de su capacidad ofensiva.
La llegada de los MQ-9 Reaper representa, en definitiva, un nuevo capítulo en la relación de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. El alcance de esta decisión dependerá de las misiones que se autoricen, la forma en que se compartan los datos y las garantías que rijan las operaciones, especialmente si la capacidad de vigilancia se combina con el uso de armamento.
Fuentes consultadas: The New York Times, a través de su reportaje reproducido por Infobae; El País; El Universal; El Heraldo; e Infodron. Los datos sobre el número exacto de aeronaves trasladadas y sus condiciones operativas no han sido divulgados completamente.
