Productores arroceros del Tolima advirtieron sobre la posibilidad de convocar un nuevo paro ante las dificultades económicas que enfrenta el sector. En declaraciones recogidas por Caracol Radio el 13 de octubre, señalaron las importaciones de arroz, los bajos precios de compra y las condiciones de acceso al crédito como algunos de los factores que afectan la rentabilidad de sus cultivos.
Los agricultores de municipios arroceros del departamento han expresado su malestar, entre ellos El Espinal, Purificación y Saldaña. Sin embargo, no hay una fecha definida para la movilización ni una convocatoria formal que permita afirmar que habrá bloqueos o una jornada nacional de protesta.
Uno de los principales reclamos está relacionado con el arroz procedente de Ecuador. Los productores sostienen que el ingreso de mercancía a precios bajos presiona el mercado nacional y reduce sus posibilidades de vender la cosecha en condiciones que cubran los costos de producción.
Los agricultores también han expresado preocupación por el contrabando desde el país vecino y han planteado que las importaciones ecuatorianas ingresen por vía marítima, con el argumento de que ese mecanismo facilitaría los controles. Esta propuesta debe diferenciarse de las importaciones legales, registradas por las autoridades aduaneras, y de las denuncias sobre mercancía que entra de manera irregular.
La distinción es importante porque las cifras de comercio exterior no permiten medir por sí solas el volumen del contrabando. Para establecer la magnitud de ese fenómeno se requieren datos adicionales sobre aprehensiones, investigaciones aduaneras y estimaciones oficiales del comercio ilegal.
En el frente financiero, los arroceros cuestionan las condiciones que deben cumplir para obtener préstamos del Banco Agrario. La preocupación expresada es que, en un escenario de menores ingresos y costos elevados, las dificultades para acceder a capital de trabajo puedan comprometer la continuidad de los cultivos y el cumplimiento de las obligaciones financieras.
El empresario arrocero Juan Pablo Rodríguez ha afirmado en medios que el sector lleva meses atravesando dificultades económicas y que algunos productores tienen problemas para cubrir sus costos. También mencionó las dificultades que afectan a cultivos como el algodón y el maíz, una referencia a las presiones que enfrenta la actividad agrícola en otras cadenas productivas.
El reclamo aparece después de las movilizaciones arroceras de julio de 2025, que terminaron con un acuerdo entre el Gobierno y representantes del sector. Entre los asuntos discutidos entonces estuvieron los precios de compra del arroz paddy verde, las medidas de defensa comercial, el apoyo a productores afectados y la tarifa por uso del agua.
En febrero de 2026, el Ministerio de Agricultura adoptó medidas para intervenir en el mercado y apoyar a los productores. Entre ellas están las resoluciones 042 y 043, relacionadas con el régimen de libertad regulada para la compra de arroz paddy verde y un programa de apoyo económico sujeto a las condiciones establecidas en la normativa.
El Gobierno también anunció recursos para aliviar obligaciones financieras de productores y proyectos de diversificación agrícola en zonas afectadas. Sin embargo, la existencia de resoluciones y anuncios presupuestales no demuestra por sí sola cuánto dinero llegó efectivamente a los agricultores ni si las medidas consiguieron mejorar los precios y la rentabilidad.
Por eso, una evaluación de los resultados requiere establecer cuántos productores recibieron los apoyos, qué volumen de arroz se comercializó bajo el régimen regulado y cuál fue la evolución de los precios en las principales zonas productoras después de la aplicación de las medidas.
Las cifras de comercio exterior también deben examinarse con cuidado. Un balance oficial incluido en un decreto de 2026 reportó que, entre enero y noviembre de 2025, las importaciones de arroz —expresadas en equivalente de arroz blanco— disminuyeron 67 % frente al mismo periodo de 2024. Ecuador representó el 73 % del volumen importado en ese lapso, con 46.596 toneladas. Esto evidencia que el país concentraba una proporción importante del arroz importado.
El mismo balance oficial reportó inventarios de arroz equivalentes a 1.207.456 toneladas de arroz paddy seco en diciembre de 2025, alrededor de 35 % por encima del promedio histórico de ese mes para 2014-2025. Las existencias son una variable relevante para entender la presión sobre el mercado, aunque no permiten atribuir la crisis a una sola causa.
El panorama incluye también la relación comercial con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre ambos países contempla un contingente anual de importación de arroz, dentro de un calendario gradual de liberalización. Para 2026, el volumen previsto ronda las 146.304 toneladas de arroz blanco, de acuerdo con las cifras divulgadas sobre la aplicación del acuerdo.
A diferencia del debate sobre Ecuador, que incluye denuncias sobre contrabando y controles fronterizos, las importaciones estadounidenses se encuentran condicionadas por las reglas comerciales del TLC. Por ello, cualquier análisis debe distinguir entre los volúmenes autorizados, las importaciones efectivamente realizadas y el eventual ingreso irregular de mercancía.
El 2 de octubre, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, planteó revisar los recursos relacionados con las subastas de importación de arroz estadounidense. En una comunicación, mencionó ingresos cercanos a 292.867 millones de pesos durante los últimos 15 años por esas subastas y más de 259.000 millones de pesos recaudados por la cuota parafiscal.
El ministro pidió revisar la ejecución, la destinación y el impacto de esos recursos para establecer qué beneficios concretos han generado para los productores. La solicitud de revisión no demuestra que el dinero haya sido perdido o utilizado irregularmente; su alcance es determinar cómo se administró y qué resultados produjo.
El Ministerio de Agricultura debe precisar, además, cuánto se ha desembolsado de los programas de apoyo anunciados en 2026, cuántos productores se han beneficiado y qué compromisos siguen pendientes. Esa información permitiría contrastar las quejas de los arroceros con los resultados verificables de la política pública.
Por ahora, la advertencia de movilización refleja un malestar que persiste pese a las medidas anunciadas por el Gobierno. Para establecer si se traducirá en un nuevo paro y cuáles serían sus alcances, falta conocer la decisión de las organizaciones arroceras, las solicitudes concretas que llevarían a una mesa de negociación y las respuestas oficiales frente a los reclamos.
