El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia un plan para conceder libertad anticipada y condicional a cerca del 50 % de los presos acusados de colaborar con las pandillas. La propuesta representa un giro en la administración de las detenciones masivas que han marcado su política de seguridad desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción.
El anuncio se conoció el 13 de octubre, a poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales convocadas para el 28 de febrero de 2027. En esos comicios, Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, después de las reformas constitucionales aprobadas en 2025 que habilitaron la reelección presidencial inmediata.
La coincidencia entre la propuesta de excarcelación y el calendario electoral abre interrogantes sobre el alcance político de la decisión. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas que permitan afirmar que el mandatario haya planteado la medida con el propósito de obtener respaldo electoral. La proximidad de las votaciones constituye un contexto relevante, pero no demuestra por sí sola una relación de causa y efecto.
El anuncio también se produce en un momento en el que el sistema judicial salvadoreño enfrenta dificultades para tramitar los miles de casos derivados de la ofensiva contra las pandillas. La acumulación de expedientes, la escasez de defensores públicos y las denuncias de violaciones al debido proceso plantean dudas sobre la capacidad institucional para garantizar juicios individuales y oportunos.
Una política de seguridad bajo presión
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 93.000 personas, según cifras recogidas por Human Rights Watch. El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta para desarticular las pandillas y reducir la violencia que durante años afectó a la población.
La estrategia ha sido acompañada por una expansión del sistema penitenciario y por la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que se convirtió en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de Bukele.
Sin embargo, el crecimiento de las detenciones ha llevado la población penitenciaria a niveles que superan ampliamente la capacidad instalada. Human Rights Watch estimó en octubre de 2026 que El Salvador tenía alrededor de 120.000 personas encarceladas, más del doble de la capacidad del sistema penitenciario.
La presión no se limita a las instalaciones carcelarias. También afecta a los tribunales, las fiscalías y los servicios de defensa pública, que deben atender un volumen extraordinario de procesos penales en un sistema donde se han extendido los periodos de prisión preventiva.
Según datos citados por Human Rights Watch, en 2024 había 165 defensores públicos para más de 93.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, un promedio de aproximadamente 550 casos por defensor. La organización también señaló que el presupuesto de la Procuraduría General de la República disminuyó de 38 millones de dólares en 2024 a 34 millones en 2025, antes de subir a 35 millones en 2026.
Estas cifras reflejan una dificultad estructural: la capacidad del Estado para detener personas creció más rápido que los recursos disponibles para garantizar una defensa adecuada y resolver los expedientes. La dimensión del problema obliga a examinar no solo los resultados de la política de seguridad, sino también su sostenibilidad judicial y administrativa.
La revisión de miles de detenciones
La propuesta de Bukele contempla revisar los casos de personas acusadas de colaborar con las pandillas y permitir que algunas abandonen la prisión antes de cumplir la totalidad de sus condenas o mientras se definen las condiciones legales aplicables. El presidente ha sostenido que la liberación sería condicional y que los beneficiarios seguirían siendo considerados culpables.
El mandatario distinguió entre diferentes niveles de participación. Como ejemplo, mencionó a personas que habrían advertido sobre la llegada de la Policía o colaborado con las pandillas bajo las condiciones de control y violencia que estas ejercían en determinadas comunidades.
La iniciativa plantea una diferencia entre quienes habrían dirigido o ejecutado delitos graves y quienes tuvieron una participación secundaria. Pero determinar esa diferencia exige evaluar pruebas, circunstancias y responsabilidades individuales, una tarea que corresponde a procedimientos jurídicos verificables.
Uno de los puntos que más preguntas genera es la existencia de una comisión gubernamental que revisaría los casos. Según informó El País, Bukele reveló que esa instancia trabaja en la evaluación de los expedientes por fuera de la estructura ordinaria de jueces y Fiscalía. Hasta el momento del anuncio, no se habían explicado de manera suficiente sus criterios de selección, su fundamento legal ni los mecanismos de control de sus decisiones.
La falta de información detallada es relevante porque una revisión administrativa no puede sustituir las garantías judiciales que corresponden a las personas detenidas. Para que las liberaciones sean transparentes, será necesario conocer quién decide, con qué pruebas, bajo qué normas y qué recursos podrán presentar las partes afectadas.
Human Rights Watch publicó el 7 de octubre un informe sobre los juicios colectivos en El Salvador y denunció graves limitaciones al derecho de defensa. Abogados consultados por la organización señalaron dificultades para acceder a los expedientes, comunicarse en privado con sus clientes y presentar testigos. La organización también advirtió que muchas personas detenidas no tenían vínculos demostrados con las pandillas.
El anuncio de las liberaciones llega, por tanto, en medio de cuestionamientos previos sobre la calidad de los procesos judiciales. Activistas consultados por la agencia EFE interpretaron la propuesta como una posible admisión de que las detenciones masivas pudieron afectar a personas inocentes. Esa lectura pertenece a los críticos de la política gubernamental; Bukele no ha reconocido expresamente que su estrategia haya producido detenciones masivas de inocentes.
El factor electoral
El calendario añade otra dimensión al anuncio. El Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente las elecciones para el 28 de febrero de 2027, una jornada en la que se elegirán presidente, vicepresidente, diputados y autoridades municipales. El periodo de inscripción de candidaturas presidenciales y legislativas comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 19 de noviembre de 2026.
Bukele llega a esta etapa electoral con su política de seguridad como uno de los principales ejes de su gestión. El Gobierno atribuye a la ofensiva contra las pandillas una reducción drástica de los homicidios, argumento que ha utilizado para defender el régimen de excepción frente a las críticas nacionales e internacionales.
Una revisión de las detenciones podría permitirle responder a las denuncias de abusos sin abandonar el discurso de mano dura. El Ejecutivo podría presentar las liberaciones como una forma de distinguir entre los responsables de delitos graves y quienes tuvieron una participación limitada, manteniendo al mismo tiempo la narrativa de que la ofensiva contra las pandillas produjo resultados.
También podría tener consecuencias entre familiares de personas encarceladas, comunidades afectadas por las capturas y sectores que reclaman garantías judiciales. La posibilidad de recuperar la libertad de un familiar puede convertir el anuncio en un asunto de gran importancia social y política.
No obstante, para determinar si existe una estrategia electoral deliberada sería necesario encontrar evidencias adicionales: instrucciones internas, declaraciones explícitas, un calendario de excarcelaciones vinculado a la campaña o criterios que permitan establecer una relación directa entre la medida y las votaciones. Sin esos elementos, atribuirle al presidente una motivación electoral como hecho probado excedería la información disponible.
El costo de sostener el modelo
La presión sobre el sistema judicial plantea una cuestión distinta, aunque relacionada con el calendario político: ¿puede el Estado mantener indefinidamente un esquema de encarcelamiento masivo sin ampliar proporcionalmente su capacidad para investigar, juzgar y defender a los acusados?
La respuesta no depende únicamente del dinero destinado a las cárceles. También involucra la disponibilidad de jueces, fiscales y defensores, la duración de los procesos, el acceso a pruebas y la capacidad de revisar posibles errores. Cuando decenas de miles de expedientes se acumulan, la prisión preventiva prolongada y los juicios colectivos pueden convertirse en problemas estructurales.
Una liberación anticipada podría reducir la presión sobre los centros penitenciarios y algunos costos asociados a la manutención de los internos. También podría disminuir parte de la carga administrativa si permite resolver casos de menor gravedad mediante procedimientos legalmente establecidos. Pero esos beneficios dependerán del número de personas liberadas, de las condiciones impuestas y del mecanismo utilizado.
Por ahora, no se ha presentado información suficiente para afirmar que el plan responda a una crisis fiscal o a una incapacidad financiera del Gobierno para sostener las cárceles. La sobrepoblación y la congestión judicial están documentadas; la existencia de una decisión motivada por falta de recursos todavía debe demostrarse.
El reto será evitar que la revisión se convierta en una solución meramente administrativa a un problema de garantías judiciales. Si hubo detenciones arbitrarias o condenas sin pruebas suficientes, la respuesta requiere mecanismos independientes, acceso a los expedientes y posibilidades reales de impugnación. Una excarcelación condicional no reemplaza necesariamente el reconocimiento de una detención ilegal ni la reparación que pudiera corresponder.
Una decisión con consecuencias políticas y judiciales
El Gobierno deberá explicar cómo seleccionará a los beneficiarios, qué autoridad supervisará las decisiones y qué condiciones regirán después de la salida de prisión. También tendrá que aclarar si el plan se aplicará únicamente a condenados o si incluirá personas que continúan bajo prisión preventiva, una distinción decisiva para determinar sus efectos jurídicos.
La aplicación de criterios individuales y verificables será especialmente importante para establecer si la iniciativa corrige errores, diferencia niveles de responsabilidad y respeta los derechos de las personas procesadas. Sin transparencia, el proceso podría reproducir la discrecionalidad que sus críticos denuncian en el régimen de excepción.
La decisión también pondrá a prueba el discurso oficial sobre la eficacia de la política de seguridad. Si una proporción considerable de los detenidos puede acceder a la libertad anticipada por su participación limitada, el Gobierno tendrá que explicar cómo se evaluaron originalmente esos casos y qué cambió para justificar ahora un tratamiento diferente.
El anuncio de Bukele reúne así dos cuestiones que no deben confundirse, pero que se cruzan en este momento: la cercanía de unas elecciones en las que buscará continuar en el poder y las dificultades de un sistema judicial sometido a una presión extraordinaria. La primera invita a examinar el posible cálculo político; la segunda está respaldada por datos sobre hacinamiento, falta de defensores y denuncias de violaciones al debido proceso.
La medida todavía está en fase de evaluación y no equivale a una orden de liberar de inmediato a la mitad de la población carcelaria. Su alcance real dependerá de los criterios legales, el número de beneficiarios y las garantías de supervisión que se establezcan.
Más que confirmar por sí solo un giro electoral o una crisis financiera, el anuncio abre una pregunta de fondo sobre la sostenibilidad del modelo salvadoreño: si el Estado puede mantener una política basada en decenas de miles de detenciones sin garantizar que cada caso sea investigado, defendido y resuelto de manera individual. La respuesta será determinante tanto para la justicia como para el debate político que acompañará las elecciones de febrero de 2027.
