El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene un plazo de 48 horas para entregar información sobre los acuerdos suscritos con Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras, luego de que el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá fallara una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara José Luis Bohórquez.
El congresista anunció la decisión el 16 de octubre y explicó que su propósito es conocer y hacer públicos los términos de los memorandos firmados por los dos países. La información solicitada está relacionada con la cooperación para la exploración, explotación y procesamiento de recursos minerales estratégicos en Colombia.
La decisión judicial pone en el centro de la discusión el acceso a documentos que pueden orientar futuras iniciativas de inversión y cooperación en un sector estratégico. También plantea interrogantes sobre la forma en que se definirán los proyectos que puedan surgir de esos compromisos, los territorios involucrados y las garantías de participación para las comunidades.
Sin embargo, el alcance del fallo debe delimitarse con precisión. De acuerdo con la información publicada, la orden se refiere a la entrega de documentos. No significa que el juez haya declarado ilegales los acuerdos, suspendido proyectos mineros o establecido que se vulneró el derecho a la consulta previa. Esos asuntos requieren actuaciones y evaluaciones específicas.
Los acuerdos que el Gobierno deberá hacer públicos
Colombia y Estados Unidos suscribieron el 8 de septiembre de 2026, en Barranquilla, dos instrumentos de cooperación: un marco para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y un memorando sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear.
La firma se produjo durante el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según la información oficial divulgada por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, la agenda sobre minerales contempla cooperación técnica, conocimiento geológico, atracción de inversión, procesamiento con valor agregado, reciclaje y diversificación de las cadenas de suministro.
El Gobierno presentó estos instrumentos como una oportunidad para fortalecer las capacidades nacionales y avanzar desde la exportación de materias primas hacia actividades de mayor valor agregado, industria y generación de empleo. También sostuvo que la cooperación se desarrollaría bajo la legislación colombiana y con respeto por la soberanía nacional.
Los documentos, según la información publicada sobre su contenido, establecen un marco de cooperación no vinculante. Esto significa que su firma no concede por sí sola derechos de explotación sobre yacimientos específicos ni constituye una autorización automática para abrir minas. Cualquier proyecto posterior debe cumplir los procedimientos legales, ambientales y administrativos que correspondan.
La divulgación ordenada por el juzgado permitirá contrastar las declaraciones oficiales con los términos escritos de los instrumentos. Entre los asuntos que interesa esclarecer están los compromisos asumidos por cada país, los mecanismos previstos para identificar oportunidades de inversión y las condiciones que regirían las iniciativas que eventualmente se desarrollen.
El acceso a esos documentos también es relevante para el control político. La discusión sobre el aprovechamiento de recursos naturales estratégicos no concierne únicamente al Ejecutivo y a sus interlocutores internacionales: involucra decisiones económicas, territoriales y ambientales cuyas consecuencias pueden extenderse durante décadas.
La consulta previa, una obligación que no puede quedar en segundo plano
Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con el derecho a la consulta previa si de los acuerdos se desprenden medidas o proyectos que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.
La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuando una medida legislativa o administrativa, o un proyecto, pueda generar una afectación directa sobre sus derechos, territorios, prácticas culturales, formas de subsistencia o estructuras sociales. Su fundamento se encuentra, entre otras normas, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La Corte ha reiterado que la obligación de consultar no depende de que el daño ya se haya producido. Es suficiente que exista evidencia razonable de que una medida puede afectar directamente a una comunidad. La evaluación debe hacerse antes de que se materialicen los impactos, precisamente porque la consulta busca garantizar la participación efectiva en las decisiones que pueden alterar sus condiciones de vida.
En el ámbito minero, esa protección adquiere especial relevancia. La exploración y explotación de recursos puede incidir en fuentes de agua, ecosistemas, lugares sagrados, actividades tradicionales, seguridad alimentaria y relaciones culturales con el territorio. La Corte Constitucional ha reconocido que estos efectos pueden configurar una afectación directa que activa la obligación de consulta.
Por esa razón, conocer los acuerdos es un paso importante para establecer qué actividades se contemplan, pero no reemplaza la evaluación de los posibles impactos de cada iniciativa. El Gobierno debe determinar, para las medidas y proyectos que se formulen, si existe afectación directa y si corresponde activar un proceso de consulta previa.
La distinción es fundamental: la firma de un marco general de cooperación no demuestra, por sí sola, que se haya vulnerado el derecho a la consulta previa; tampoco permite concluir que ese derecho no vaya a ser exigible en las decisiones que se adopten posteriormente. La respuesta depende del contenido concreto de las medidas y de sus efectos previsibles sobre las comunidades.
La consulta, además, no puede reducirse a informar a los habitantes cuando un proyecto ya está definido. La jurisprudencia constitucional exige un diálogo intercultural que permita a las comunidades conocer la medida, expresar sus preocupaciones y participar de manera efectiva en las decisiones susceptibles de afectarlas. La oportunidad y las condiciones del proceso son determinantes para que el derecho sea real y no meramente formal.
¿Qué comunidades y territorios podrían estar involucrados?
Por ahora, la información pública consultada no permite establecer que los acuerdos hayan seleccionado territorios específicos para la explotación de minerales críticos o tierras raras, ni identifica comunidades que deban ser consultadas por un proyecto derivado de esos instrumentos.
Precisamente por eso, la entrega de los documentos es relevante. Su contenido puede ayudar a determinar si se trata exclusivamente de intercambio técnico y conocimiento geológico o si existen iniciativas más concretas que puedan dar lugar a decisiones administrativas, actividades de exploración o propuestas de inversión en determinadas regiones.
El Gobierno también deberá explicar cómo identificará las posibles afectaciones y qué entidades tendrán a cargo las evaluaciones correspondientes. La existencia de comunidades en un área de influencia no es el único criterio para determinar la procedencia de la consulta: el análisis debe establecer si una medida afecta directamente sus derechos, su territorio o sus condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales.
La Corte Constitucional ha advertido que el concepto de afectación directa no es equivalente al de área de influencia técnica de un proyecto. Por eso, la evaluación no puede limitarse a una delimitación geográfica o a una certificación formal, sino que debe considerar las circunstancias concretas de cada comunidad.
La participación de las comunidades y los antecedentes del Tolima
El debate también se conecta con las preocupaciones expresadas por dirigentes del Tolima después de que el vicepresidente José Manuel Restrepo anunciara que el Gobierno buscaba presentar iniciativas relacionadas con minerales críticos del departamento ante potenciales inversionistas durante la Milagro Week, prevista en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre.
Ese anuncio generó cuestionamientos sobre la participación de las comunidades y el alcance de los proyectos que podrían presentarse. El reporte señaló que todavía no se habían precisado todas las iniciativas que se llevarían al encuentro ni se había anunciado una decisión definitiva de explotación minera en un territorio determinado.
En esa discusión han reaparecido los antecedentes de las consultas populares de Piedras y Cajamarca, en el Tolima, realizadas en 2013 y 2017, respectivamente. En Cajamarca, una amplia mayoría de votantes rechazó la actividad minera objeto de la consulta. Esos antecedentes forman parte de la controversia sobre el alcance de las decisiones territoriales y la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos extractivos.
Es importante no confundir esos mecanismos con la consulta previa. Las consultas populares son instrumentos de participación ciudadana con reglas y alcances propios; la consulta previa es un derecho fundamental específico de los pueblos étnicos cuando existe una posible afectación directa. Ambos temas pueden resultar relevantes para el debate minero, pero no son jurídicamente intercambiables.
Por ello, el seguimiento a los acuerdos debe establecer no solo si se prevén mecanismos de consulta previa, sino también qué espacios de participación ciudadana, evaluación ambiental y concertación territorial podrían resultar aplicables a las iniciativas que se formulen.
El alcance del fallo y las preguntas pendientes
La decisión del Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá establece un plazo de 48 horas para la entrega de la información solicitada, según el reporte del congresista y las publicaciones periodísticas. Para precisar el alcance jurídico de la orden es necesario revisar el texto íntegro de la sentencia, incluidos los documentos requeridos, las razones de la decisión y las instrucciones impartidas a la Presidencia.
También está pendiente conocer la respuesta del Gobierno y establecer si entregará la totalidad de los documentos o si invocará alguna reserva sobre apartes específicos. La controversia sobre el acceso a la información debe resolverse con base en la orden judicial y las normas aplicables, no a partir de interpretaciones anticipadas sobre el contenido de los acuerdos.
La documentación permitirá, además, responder una pregunta que va más allá de la relación bilateral: ¿cómo garantizará el Estado que la búsqueda de inversión y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales estratégicos no se traduzcan en decisiones sobre los territorios sin la participación que exige la Constitución?
El Gobierno ha defendido los acuerdos como instrumentos para fortalecer la industria, la inversión y la capacidad tecnológica del país. Sus críticos, en cambio, han reclamado mayor transparencia sobre los compromisos y garantías claras para el aprovechamiento de los recursos naturales. La publicación de los documentos permitirá contrastar esas posiciones con el contenido real de los instrumentos.
El punto central no es dar por hecho que Colombia entregó sus recursos a Estados Unidos ni afirmar, sin pruebas, que se omitió la consulta previa. Es establecer qué se pactó, qué decisiones podrían derivarse de esos compromisos y cuáles son las garantías para las comunidades que eventualmente resulten afectadas.
El fallo judicial puede convertirse así en un punto de partida para el escrutinio público de la política minera. La transparencia sobre los acuerdos es necesaria para que el Congreso, las organizaciones sociales, las comunidades y la ciudadanía conozcan las condiciones de la cooperación y puedan examinar sus consecuencias.
La consulta previa, por su parte, no debe quedar relegada a una etapa posterior ni tratarse como un trámite que se resuelve una vez definidos los proyectos. Cuando exista una posible afectación directa, el Estado tiene la obligación de evaluar y garantizar ese derecho oportunamente.
La pregunta que queda abierta es si, además de revelar los documentos, el Gobierno explicará cómo incorporará la participación de las comunidades y la protección de sus derechos en las decisiones que puedan surgir de la cooperación con Estados Unidos. La respuesta será determinante para establecer si los compromisos de inversión y desarrollo se acompañan de garantías efectivas para los territorios.
