Seis instituciones culturales colombianas expresaron su preocupación por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional de Colombia, al considerar que las decisiones por razones ideológicas pueden limitar la comprensión de la historia del país. En una declaración conjunta, solicitaron a la ministra de Cultura garantizar la autonomía de los museos y promover una revisión pública de las medidas adoptadas.
El pronunciamiento fue suscrito por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, de Roldanillo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima.
En el documento, dirigido a la ciudadanía y a la ministra de Cultura, las instituciones defendieron el papel de los museos como espacios para conocer la complejidad de la historia nacional, incluidas las experiencias que generan incomodidad, desacuerdo o dificultades para la sociedad.
Según los firmantes, las obras de arte y los objetos de memoria permiten hacer visibles las luchas, experiencias y vidas que forman parte de Colombia. Por eso, sostienen que retirar esas piezas de la mirada pública reduce las posibilidades de comprender el pasado y reconocer las distintas experiencias que han contribuido a construir el país.
La declaración también plantea que la memoria colectiva no es una narración única ni definitiva. Por el contrario, se construye a partir de experiencias diversas, silencios, desacuerdos y transformaciones. Desde esa perspectiva, consideran que los museos deben abrir espacios para que distintas interpretaciones puedan encontrarse y contribuir a una comprensión más amplia de la historia.
Las instituciones reconocieron que los relatos museográficos son incompletos y pueden revisarse. Sin embargo, defendieron que esas modificaciones deben sustentarse en investigaciones, argumentos curatoriales, incorporación de nuevas voces y diálogo público, en lugar de responder a decisiones que excluyan determinadas experiencias.
En uno de los puntos centrales del pronunciamiento, los museos señalaron que la revisión de los guiones expositivos debe contar con autonomía profesional y participación de las comunidades y las personas cuyas vidas están representadas en las piezas. También cuestionaron que un gobierno determine qué puede ver la ciudadanía de su historia de acuerdo con sus afinidades políticas.
Para los firmantes, la eliminación de determinadas obras o experiencias del relato público no resuelve las controversias sobre el pasado. Por el contrario, consideran que una interpretación insuficiente debe ampliarse mediante investigación y contraste con otras perspectivas, de modo que quienes han sido excluidos tengan la oportunidad de participar en la construcción de la memoria colectiva.
La declaración vincula esta discusión con la convivencia democrática y la construcción de paz. Los museos sostienen que las controversias culturales deben tramitarse mediante el intercambio de ideas y el reconocimiento de las diferencias, y advierten que imponer un discurso único mediante el silenciamiento de obras o comunidades constituye una forma de violencia.
En ese sentido, reivindicaron la función de los museos como espacios donde las diferencias pueden expresarse y entrar en diálogo. A su juicio, esa tarea contribuye a la reconciliación y permite construir nuevas interpretaciones sobre el pasado y el futuro de la sociedad colombiana.
Como respuesta a la situación del Museo Nacional, las seis instituciones solicitaron a la ministra de Cultura que garantice la autonomía de los museos y promueva una revisión pública y sustentada de las decisiones adoptadas. La petición incluye la participación de los equipos curatoriales y de las comunidades y personas representadas en las piezas retiradas.
El pronunciamiento se suma a la controversia sobre los cambios en las exposiciones del Museo Nacional y el lugar que ocupan en ellas distintas expresiones de la memoria política, social y cultural del país. La declaración, sin embargo, no detalla individualmente las obras retiradas ni presenta una relación completa de las decisiones cuestionadas.
Con su intervención, los museos firmantes defienden que la actualización de las exposiciones debe ser resultado de procesos profesionales, investigación y deliberación pública, y no de la supresión de perspectivas por motivos políticos.
La declaración concluye con un llamado a preservar los museos como espacios de encuentro en los que la ciudadanía pueda formular preguntas, confrontar interpretaciones y debatir sobre el país que desea construir. El documento no incluye una respuesta del Ministerio de Cultura ni del Museo Nacional a los cuestionamientos planteados.
