La Perseverancia protesta contra la gentrificación por una torre de 13 pisos en La Macarena

La jornada también abrió una controversia por la presencia de la fuerza pública durante la manifestación. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el plantón afectaba el acceso a una estación de Policía y que, después de un diálogo con los participantes, se acordó dejar un carril habilitado para permitir la movilidad. Según su versión, la Policía se retiró tras ese compromiso y la protesta continuó de manera pacífica - Foto: Redes Sociales

La jornada también abrió una controversia por la presencia de la fuerza pública durante la manifestación. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el plantón afectaba el acceso a una estación de Policía y que, después de un diálogo con los participantes, se acordó dejar un carril habilitado para permitir la movilidad. Según su versión, la Policía se retiró tras ese compromiso y la protesta continuó de manera pacífica - Foto: Redes Sociales

Habitantes de La Perseverancia se movilizaron el domingo 18 de octubre en Bogotá para protestar contra un proyecto inmobiliario de 13 pisos que se construye como motivo de disputa entre comunidades de varios barrios del centro de la ciudad. La concentración se realizó en inmediaciones de la carrera Quinta con calle 30, en el sector de la plaza de mercado de La Perseverancia.

La protesta está relacionada con Click Living, un proyecto de vivienda tipo coliving desarrollado por Arquitectura y Concreto en el límite entre La Macarena y La Perseverancia. La iniciativa contempla apartamentos de una y dos habitaciones, unidades desde aproximadamente 40 metros cuadrados y más de 20 espacios comunes y amenidades, según la información comercial y el reporte publicado por Garúa el 19 de septiembre.

La jornada también abrió una controversia por la presencia de la fuerza pública durante la manifestación. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el plantón afectaba el acceso a una estación de Policía y que, después de un diálogo con los participantes, se acordó dejar un carril habilitado para permitir la movilidad. Según su versión, la Policía se retiró tras ese compromiso y la protesta continuó de manera pacífica.

La movilización se suma a las acciones de residentes que cuestionan el impacto de Click Living sobre el entorno urbano, las visuales hacia los cerros orientales, la movilidad y las relaciones comunitarias. Sus reparos no se limitan a la altura de la construcción: también incluyen preguntas sobre el modelo inmobiliario, la protección patrimonial y la forma en que se toman decisiones que transforman barrios tradicionales.

El proyecto se convirtió en un punto de encuentro entre residentes de La Macarena, La Perseverancia, Bosque Izquierdo, San Martín, San Diego y La Merced. Parte de la organización se ha articulado alrededor de Herencia Memoria Viva, un movimiento que busca que las transformaciones urbanísticas tengan en cuenta la memoria, la arquitectura y las dinámicas sociales del sector.

La discusión se hizo visible durante septiembre, cuando vecinos de La Macarena expresaron públicamente su rechazo a la torre. En sus planteamientos, sostienen que la construcción puede alterar la escala del barrio y reducir las visuales hacia las montañas, además de incrementar la presión inmobiliaria en una zona reconocida por sus espacios culturales, restaurantes, librerías y arquitectura.

La ubicación tiene un significado especial para los habitantes: Click Living se encuentra cerca de la plaza de mercado de La Perseverancia, un lugar tradicional de encuentro y actividad económica. Para algunos vecinos, el proyecto representa una amenaza para la relación entre los dos barrios y para una convivencia que, pese a sus diferencias sociales, se ha sostenido mediante comercios, espacios compartidos y redes comunitarias.

La preocupación central es la gentrificación, un proceso asociado con la transformación de sectores urbanos, el encarecimiento del suelo y la vivienda y el posible desplazamiento de residentes tradicionales. Los vecinos temen que la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios acelere esos cambios y termine modificando quiénes pueden vivir, trabajar y mantener sus actividades en la zona.

Sin embargo, la relación entre un proyecto específico y un proceso de gentrificación debe establecerse con evidencia. Para determinar sus efectos sería necesario estudiar la evolución de los precios del suelo y los arriendos, los cambios en la población residente, la sustitución de comercios y las condiciones que podrían llevar a familias a abandonar el sector. La oposición vecinal refleja una preocupación concreta, pero no demuestra por sí sola que el desplazamiento ya se haya producido.

El modelo coliving también forma parte del debate. Este tipo de vivienda suele combinar apartamentos relativamente compactos con servicios y espacios compartidos, como zonas de trabajo, gimnasios y salones sociales. La propuesta puede resultar atractiva para estudiantes, trabajadores jóvenes o inversionistas, pero sus críticos cuestionan qué tipo de vida urbana promueve y cómo puede influir en el mercado de vivienda del entorno.

Arquitectura y Concreto ha defendido el proyecto como una alternativa para aprovechar de manera más eficiente el suelo urbano y contribuir a una ciudad compacta y sostenible. En declaraciones recogidas por El País en septiembre, la empresa sostuvo que la iniciativa busca acercar a sus futuros residentes a los lugares donde estudian, trabajan y desarrollan sus actividades cotidianas, además de fortalecer la actividad económica local.

Los habitantes que se oponen a la torre cuestionan, en cambio, si la densificación justifica una construcción de esa altura en un sector con características arquitectónicas consolidadas. También temen que las obras generen ruido, polvo y dificultades de movilidad, con consecuencias para las viviendas cercanas y los establecimientos comerciales de la plaza.

Las posiciones entre comerciantes y residentes no son uniformes. En el reporte de El País, algunos vendedores de La Perseverancia manifestaron preocupación por el ruido y el polvo que podría generar la construcción; otros consideraron que la llegada de nuevos habitantes podría atraer clientes. Esa diversidad muestra que el conflicto no enfrenta necesariamente a toda la comunidad con el proyecto, sino que involucra expectativas y riesgos distintos.

Uno de los puntos más sensibles es el origen del terreno. Según las denuncias de organizaciones ciudadanas recogidas por Garúa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) subastó el predio en 2025 y el proceso tuvo un único oferente. La situación llevó a vecinos a pedir explicaciones sobre la adjudicación, pero la existencia de un solo proponente no demuestra, por sí misma, que se haya cometido una irregularidad.

Los cuestionamientos también alcanzan las reglas de protección patrimonial y la altura autorizada para la edificación. Las organizaciones comunitarias consideran que las características del entorno requieren una revisión cuidadosa de las normas aplicables. Para establecer si hubo incumplimientos, es necesario examinar la licencia de construcción, los conceptos de las autoridades competentes y el régimen urbanístico y patrimonial específico del predio.

La discusión sobre patrimonio no significa que todo el barrio La Macarena esté sujeto a una prohibición general de construir. La protección urbanística de Bogotá depende de las categorías y normas aplicables a cada inmueble o sector. Por eso, una evaluación del caso debe partir de los documentos que regulan el terreno de Click Living y no únicamente de la altura de la torre o de su proximidad a edificios reconocidos.

Para los vecinos, no obstante, la pregunta va más allá de la legalidad de la obra. Consideran que un proyecto puede cumplir formalmente con las autorizaciones y aun así tener efectos difíciles de revertir sobre el paisaje, las relaciones sociales y la identidad de un barrio. De ahí que reclamen participación comunitaria y explicaciones sobre las consecuencias urbanas de la construcción.

La movilización del domingo llevó esas inquietudes al espacio público de La Perseverancia y puso en primer plano la relación entre la protesta ciudadana y la actuación policial. La versión del ministro Lara se centró en la necesidad de mantener el acceso a la estación y garantizar la circulación, mientras que la inconformidad de los manifestantes se enmarca en un conflicto urbanístico que lleva semanas de discusión.

Ambos asuntos deben analizarse con información verificable. Para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la protesta se requieren testimonios de los participantes, registros audiovisuales y una versión detallada de las autoridades sobre el despliegue policial. Para evaluar el proyecto, el punto de partida debe ser el expediente urbanístico, los permisos expedidos y los conceptos técnicos relacionados con el predio.

El conflicto también ha generado encuentros entre habitantes de barrios que no siempre compartían espacios de organización. Las acciones contra Click Living han reunido a personas de distintas condiciones sociales alrededor de una pregunta común: quién participa en las decisiones que transforman la ciudad y cómo se distribuyen los beneficios y costos de la renovación urbana.

El caso de La Macarena y La Perseverancia plantea un dilema para Bogotá. La ciudad necesita vivienda y debe aprovechar de manera eficiente el suelo urbano, especialmente en sectores centrales con acceso a servicios y transporte. Pero la densificación también exige considerar la capacidad de las vías, las características del entorno, el patrimonio y las condiciones de quienes ya viven allí.

La llegada de nuevas construcciones no implica automáticamente gentrificación, así como la existencia de una licencia no elimina la necesidad de debatir los efectos de un proyecto sobre la comunidad. La discusión requiere distinguir entre las preocupaciones legítimas de los residentes, los argumentos de los desarrolladores y los hechos que puedan comprobarse mediante estudios y documentos oficiales.

Por ahora, Click Living sigue siendo el centro de una disputa que conecta el desarrollo inmobiliario con la memoria urbana, la vivienda y el derecho de los vecinos a participar en la transformación de su entorno. La protesta del 18 de octubre amplió la visibilidad del conflicto, mientras permanecen abiertas las preguntas sobre el impacto del proyecto y las normas que sustentan su construcción.

El desenlace dependerá tanto de las decisiones de las autoridades como de la información que se haga pública sobre la licencia, las condiciones de la subasta y las medidas para mitigar los efectos urbanos. En medio de la controversia, el reto para Bogotá es definir cómo aumentar la oferta de vivienda sin desconocer la historia, las relaciones sociales y las características que dan identidad a sus barrios.

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