Un sistema antidrón adquirido por la Gobernación del Cauca, entregado posteriormente al Ejército Nacional y destinado a apoyar las operaciones militares en ese departamento terminó en una empresa privada de Bogotá, donde fue robado mientras se adelantaba el trámite para reemplazarlo.
El hurto ocurrió el 30 de septiembre en las instalaciones de una empresa comercializadora ubicada en el norte de Bogotá. Entre los elementos sustraídos estaba el equipo que había sido entregado a la Tercera División del Ejército para enfrentar una de las amenazas que más ha ganado presencia en el conflicto armado del Cauca: los ataques con drones.
El caso llamó inicialmente la atención de los mandos militares porque el sistema aparecía dentro de los bienes entregados al Ejército por la Gobernación del Cauca, pero físicamente se encontraba en una compañía privada en la capital del país. Esa diferencia obligó a reconstruir qué había ocurrido con el equipo después de salir del territorio donde estaba siendo utilizado.
La explicación entregada por fuentes militares y recogida por varios medios es que el sistema había sido utilizado en la zona rural de Corinto, Cauca, cuando sufrió una descarga eléctrica durante uno de los movimientos realizados por los uniformados.
El daño habría afectado varios de sus componentes internos. Después de una revisión técnica, el sistema fue clasificado como pérdida total y dejó de estar operativo. Por esa razón, no estaba siendo utilizado por las tropas cuando ocurrió el robo.
El siguiente paso fue activar la garantía. El equipo había sido adquirido por la Gobernación del Cauca a una empresa especializada y posteriormente entregado al Ejército. Debido a que todavía estaba cubierto por la garantía, la compañía recibió el sistema para realizar el trámite correspondiente con el fabricante.
El equipo terminó entonces en las instalaciones de la empresa comercializadora en Bogotá. Allí debía ser evaluado y posteriormente enviado a Singapur, donde se encontraba el fabricante, para gestionar su sustitución por una nueva unidad.
La información disponible indica que el sistema que fue robado no podía volver a operar simplemente encendiéndolo. Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, Infobae y Cambio, el diagnóstico técnico había establecido que la descarga eléctrica había ocasionado un daño total.
Ese dato modifica una de las principales preocupaciones que surgieron después del hurto. Aunque se trata de tecnología especializada destinada a combatir drones utilizados por organizaciones armadas, las fuentes sostienen que el aparato sustraído no podía ser empleado nuevamente en las condiciones en que fue robado.
Pero que estuviera fuera de servicio no elimina las preguntas sobre cómo llegó hasta allí y bajo qué condiciones permaneció almacenado. El sistema había salido de una zona de operaciones militares y terminó bajo custodia de la empresa que había comercializado el equipo, mientras se resolvía una reclamación de garantía.
Una primera versión sobre el lugar del robo señaló que se trataba de un taller donde se reparaban equipos de la Fuerza Pública. Esa explicación fue posteriormente controvertida por las fuentes consultadas por Caracol Radio e Infobae.
Según esa aclaración, la empresa no era un taller del Ejército. Era la compañía que había suministrado el sistema a la Gobernación del Cauca y que, en este caso, tenía el equipo para adelantar el proceso de garantía y gestionar su reemplazo.
La distinción es relevante porque el equipo sí aparece relacionado entre los bienes que la Gobernación entregó al Ejército. Sin embargo, las fuentes explicaron que esa condición no significaba que el aparato estuviera físicamente en una instalación militar cuando fue hurtado.
De acuerdo con la versión conocida, la permanencia en la empresa privada obedecía a un procedimiento de garantía. La compañía tenía bajo su responsabilidad el dispositivo averiado mientras se completaba el proceso para sustituirlo por una nueva unidad.
Ahí aparece una de las preguntas que deja el caso: ¿cómo estaban definidas las responsabilidades de custodia sobre un equipo que, aunque ya no funcionaba, seguía formando parte de los bienes destinados a apoyar las operaciones militares?
También queda por establecer qué protocolos de seguridad tenía la empresa para almacenar un sistema de esta naturaleza y cuáles eran las condiciones bajo las cuales el Ejército o la Gobernación autorizaron que permaneciera allí mientras se tramitaba su reemplazo.
Por el momento se desconoce que exista información pública que permita establecer cómo se produjo exactamente el ingreso de los delincuentes a las instalaciones, qué otros elementos fueron robados o si el sistema fue sustraído por su valor tecnológico específico o como parte del hurto general cometido en la empresa.
Tampoco se conoce públicamente que el equipo haya sido recuperado. Las autoridades iniciaron las acciones correspondientes para intentar establecer quiénes participaron en el robo y cuál fue el destino de los elementos sustraídos.
La eventual llegada del equipo a manos de organizaciones armadas es una de las preocupaciones alrededor del caso. Sin embargo, las fuentes militares han insistido en que el aparato estaba fuera de servicio y había sido declarado pérdida total, por lo que no podría ser utilizado nuevamente mediante una reparación convencional.
El contexto hace particularmente sensible el episodio. El Cauca es uno de los territorios donde las estructuras armadas han incorporado drones y aeronaves no tripuladas a sus acciones contra la Fuerza Pública.
El sistema robado había sido destinado precisamente a apoyar a las tropas que enfrentan ataques atribuidos a estructuras como los frentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Su pérdida, aunque correspondía a un equipo que ya no estaba operativo, ocurre en medio de esa disputa tecnológica.
La solución prevista antes del hurto era precisamente reemplazar el aparato. Según las fuentes, una nueva unidad debía llegar a Colombia aproximadamente dos semanas después y sería recibida en Cali, en instalaciones de la Tercera Brigada, antes de ser trasladada nuevamente al Cauca.
Semana señaló que el valor de una nueva unidad podría superar los $2.500 millones, aunque esa cifra corresponde al costo estimado del equipo nuevo y no debe confundirse con una pérdida económica equivalente causada por el robo del aparato averiado.
Pero el episodio sí expone una cadena de custodia que merece ser reconstruida: adquisición por la Gobernación del Cauca, entrega al Ejército, utilización en Corinto, daño por descarga eléctrica, diagnóstico de pérdida total, traslado a la empresa comercializadora en Bogotá, trámite de garantía y, finalmente, hurto.
La investigación deberá determinar si en cada uno de esos pasos quedaron claramente establecidas las responsabilidades sobre el equipo y si las medidas de seguridad adoptadas durante su permanencia en Bogotá correspondían a las características de un sistema destinado a operaciones contra drones.
Mientras esas preguntas permanecen abiertas, el Ejército espera recuperar esta capacidad con el equipo de reemplazo. El caso, sin embargo, deja una paradoja: un sistema concebido para proteger a las tropas en el Cauca terminó fuera de servicio en Bogotá y fue robado precisamente mientras esperaba ser sustituido.
