La Fiscalía capturó a cuatro uniformados y mantiene la búsqueda de otros dos con órdenes vigentes. Un quinto policía estaría negociando su entrega voluntaria, mientras la investigación examina las agresiones y la presunta falta de atención médica que precedieron la muerte de Balanta.
La investigación por la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el 20 de septiembre tras un procedimiento policial en el barrio Caracolí, entre Bogotá y Soacha, tiene un nuevo frente: la búsqueda de los uniformados que aún no han sido capturados. Mientras cuatro policías quedaron bajo custodia de las autoridades el 19 de octubre, otros dos son buscados mediante órdenes de captura vigentes y un quinto estaría en conversaciones con la Fiscalía para entregarse voluntariamente.
La información fue reportada por Noticias Caracol, que señaló que los organismos de investigación mantienen operativos para ubicar a los dos uniformados pendientes. Hasta el momento, los reportes consultados no precisan sus identidades ni su paradero. Tampoco permiten establecer si se han ocultado deliberadamente para evadir a la justicia, por lo que la situación debe describirse como una búsqueda con órdenes de captura pendientes de ejecución, no como una fuga judicialmente establecida.
Los avances conocidos indican que el expediente involucra a siete integrantes de la Policía. Cuatro fueron capturados en operativos realizados en Soacha y Barbosa, Santander: un mayor, un subintendente y dos patrulleros. De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados son investigados por su presunta participación en las agresiones contra Balanta y por posibles omisiones en la atención médica que necesitaba mientras permanecía bajo custodia.
El mayor capturado se desempeñaba como comandante del CAI de Cazucá. Los investigadores examinan su presunta responsabilidad en la falta de activación oportuna de los protocolos de atención y en no haber impedido que las agresiones continuaran. Los otros tres detenidos son señalados de participar directamente en la reducción y las agresiones contra el hombre. Estas hipótesis deberán ser sustentadas ante la justicia y no equivalen a una condena.
La Fiscalía anunció que a los cuatro capturados les imputaría los delitos de homicidio agravado y tortura. El proceso busca reconstruir lo ocurrido desde la intervención policial en Caracolí hasta el traslado de Balanta a la estación de Cazucá, donde, según la investigación, habría permanecido alrededor de 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho sin recibir atención médica oportuna.
El caso comenzó cuando los policías intervinieron en una discusión entre vecinos. Según la reconstrucción divulgada por la Fiscalía, Balanta fue señalado de lanzar un objeto contundente contra los uniformados. Después habría sido reducido, esposado y golpeado, además de recibir descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Las autoridades investigan si las agresiones continuaron dentro de la estación de Policía.
La muerte del hombre, de 34 años, ocurrió después de que permaneciera bajo custodia policial. Medicina Legal determinó que falleció por una arritmia cardíaca asociada a las descargas eléctricas, según los reportes publicados. La investigación también documentó lesiones y quemaduras, elementos que hacen parte del material probatorio para establecer cómo se produjo el deterioro de su estado de salud.
Uno de los aspectos más graves del expediente es la presunta demora en auxiliarlo. La Fiscalía indicó que Balanta pidió ayuda porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Según la información conocida, otra persona detenida también habría solicitado que lo atendieran. Los investigadores buscan establecer qué agentes conocieron esas señales, qué hicieron y quiénes tenían la responsabilidad de activar la atención de emergencia.
La investigación también examina posibles expresiones racistas durante el procedimiento. En una publicación del 20 de octubre, El Espectador informó que obtuvo detalles sobre una frase atribuida a uno de los policías y sobre el uso de dispositivos táser durante el procedimiento y dentro de la estación. Estas revelaciones deberán contrastarse con los testimonios, los videos y las demás pruebas incorporadas al expediente.
La dimensión racial del caso ha sido señalada por la familia y por organizaciones que acompañan su búsqueda de justicia. El abogado Alí Bantú Ashanti ha pedido que se investigue si las agresiones estuvieron atravesadas por prejuicios raciales y que se determinen las responsabilidades individuales. La existencia y el alcance de una motivación discriminatoria deberán establecerse con base en las pruebas y las decisiones judiciales.
Tras la muerte de Balanta, la Policía había separado temporalmente de sus funciones a siete uniformados mientras avanzaban las investigaciones. Esa medida administrativa fue distinta de las órdenes de captura que después ejecutó la Fiscalía. La separación del cargo no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad, pero buscaba apartar preventivamente a los agentes mientras se esclarecían los hechos.
La captura de cuatro policías no cierra el caso ni limita la investigación a los detenidos. La búsqueda de otros dos uniformados y las conversaciones para una posible entrega voluntaria muestran que el expediente sigue abierto en cuanto a la situación de los demás agentes presuntamente involucrados. También falta conocer qué decisiones adoptarán los jueces frente a las imputaciones y las medidas que solicite la Fiscalía.
Por ahora, la información disponible no permite afirmar que los dos policías buscados hayan salido del país, se encuentren escondidos en un lugar específico o hayan recibido ayuda para evadir a las autoridades. Cualquier afirmación sobre su paradero o sobre una eventual fuga requeriría confirmación oficial. La existencia de una orden de captura pendiente significa que todavía no se ha hecho efectiva, no que esté probado que el investigado haya huido.
La situación del quinto uniformado es distinta. Según Noticias Caracol, estaría negociando con la Fiscalía su entrega voluntaria. Ese reporte no precisa las condiciones de una eventual entrega ni confirma que exista un acuerdo cerrado. Mientras no se materialice, el policía continúa siendo parte del grupo de agentes cuya situación debe aclararse en el marco de la investigación.
La diferencia entre los cuatro capturados, el uniformado que negociaría su entrega y los dos buscados es relevante para evitar confusiones en el seguimiento del caso. Cada situación procesal debe verificarse por separado: una captura ejecutada, una entrega todavía pendiente y una orden que no se ha materializado no son estados equivalentes.
La atención pública también se ha concentrado en las pruebas audiovisuales. Videos grabados por residentes del sector registraron parte del procedimiento y contribuyeron a cuestionar el uso de la fuerza. Los investigadores deben contrastar esas imágenes con los testimonios de quienes presenciaron los hechos, los registros de la estación, los informes médicos y las actuaciones de cada uniformado.
El caso ha provocado reclamos de la familia, que pide sanciones y que la investigación no se limite a los policías que ya fueron capturados. La madre de Donovan, Marleny Paz, pidió públicamente que los responsables reciban condenas largas y que no obtengan beneficios judiciales. Esa exigencia expresa la posición de la familia, mientras que las penas y eventuales beneficios dependerán del desarrollo del proceso y de las decisiones de los jueces.
La Fiscalía deberá establecer qué papel cumplió cada uno de los agentes: quiénes intervinieron directamente, quiénes pudieron presenciar las agresiones, quiénes tenían capacidad de detenerlas y quiénes debían garantizar la atención médica. Esa distinción es fundamental para que las responsabilidades no se atribuyan de manera general a todos los integrantes de una unidad sin demostrar la conducta individual de cada investigado.
También será importante conocer si las autoridades logran ejecutar las dos órdenes de captura pendientes y si el quinto policía concreta su entrega. Hasta ahora, los reportes públicos consultados no ofrecen información verificable sobre el lugar en el que se encuentran los dos uniformados buscados ni sobre una fecha para su eventual captura. La actualización de esos datos permitirá determinar si la situación ha cambiado desde los anuncios del 19 de octubre.
Mientras tanto, el proceso debe avanzar con garantías judiciales y sin perder de vista la gravedad de las denuncias. Las presuntas agresiones contra una persona esposada, las descargas eléctricas y la posible omisión de auxilio constituyen el núcleo de una investigación que busca esclarecer las circunstancias de una muerte bajo custodia policial. La responsabilidad penal de cada implicado deberá definirse mediante pruebas y decisiones judiciales.
El caso de Donovan Balanta deja, por ahora, dos preguntas inmediatas: dónde están los dos policías que siguen siendo buscados y si el uniformado que estaría negociando su entrega se presentará ante la justicia. La respuesta dependerá de la ejecución de las órdenes pendientes y de la información que entreguen la Fiscalía y las autoridades judiciales. Hasta entonces, hablar de policías prófugos exige cautela: lo confirmado es que dos tienen órdenes de captura vigentes que aún no se habían materializado en los reportes consultados.
