Ricardo Orrego se pronunció públicamente después de la imputación de cargos en su contra por los presuntos delitos de acto sexual violento y acoso sexual. En un video difundido en redes sociales, el periodista deportivo explicó por qué había mantenido silencio durante siete meses y sostuvo que su defensa se concentrará en el proceso judicial.
El comunicador señaló que su decisión de no referirse públicamente al caso respondió a su intención de respetar las actuaciones de las autoridades. En lugar de controvertir los señalamientos en medios de comunicación o plataformas digitales, afirmó que presentará sus argumentos ante la justicia.
La declaración se conoció después de la audiencia de imputación realizada en Bogotá el 19 de octubre de 2026. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación le atribuyó los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, relacionados con una investigación que involucra a cinco mujeres y hechos que presuntamente ocurrieron entre julio de 2012 y junio de 2024.
Orrego no aceptó los cargos y se declaró inocente. La imputación formaliza la atribución de los delitos dentro del proceso penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad del periodista deberá establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
En su pronunciamiento, Orrego también se refirió al impacto que la situación ha tenido en su vida familiar. Agradeció el respaldo de sus allegados y expresó su pesar por el sufrimiento que, según manifestó, han experimentado su esposa y sus hijos durante estos meses.
El periodista reconoció que el caso ha afectado tanto su vida personal como su trayectoria profesional. En su mensaje aludió al cierre de una etapa laboral y a las dificultades que ha enfrentado desde que se conocieron las denuncias, aunque evitó entrar en detalles sobre los hechos que investiga la Fiscalía.
Su decisión de no responder públicamente a cada señalamiento deja la controversia en el terreno judicial. En el video no presentó una refutación detallada de las versiones de las denunciantes ni expuso de manera individual los argumentos con los que buscará controvertir la hipótesis de la Fiscalía.
La defensa del comunicador ya había anunciado que colaboraría con las autoridades y que aportaría elementos para respaldar su inocencia. Su abogada, Julieth Natali Fiallo Gualdrón, sostuvo que el equipo jurídico atendería el proceso y presentaría los argumentos correspondientes ante los organismos competentes.
La investigación involucra a cinco mujeres, entre ellas periodistas, una practicante y una estudiante universitaria que habrían tenido vínculos laborales o profesionales con Orrego. De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, la Fiscalía investiga presuntos contactos físicos sin consentimiento y mensajes de contenido sexual enviados por redes sociales.
El ente acusador sostiene que los hechos habrían ocurrido durante varios años y en un contexto relacionado con el entorno laboral de los medios de comunicación. La hipótesis incluye posibles relaciones de poder y comportamientos que, según la Fiscalía, podrían configurar los delitos imputados. Estos señalamientos todavía deben ser examinados dentro del proceso y no pueden presentarse como hechos judicialmente probados.
La audiencia se desarrolló de manera reservada, a solicitud de la Fiscalía y con respaldo de la Procuraduría. Esa condición limita la información disponible sobre los detalles de la diligencia y exige diferenciar las declaraciones públicas de las partes de los elementos que forman parte de la investigación.
Orrego también pidió que el procedimiento se adelante con responsabilidad, objetividad y respeto por la ley. Su mensaje no estuvo orientado a discutir públicamente las pruebas, sino a explicar su postura frente a la exposición del caso y a reafirmar que responderá ante las autoridades.
El pronunciamiento se produce en un momento decisivo para la investigación: la Fiscalía formalizó su imputación, pero el proceso no equivale a una condena. La actuación judicial deberá permitir que el ente acusador sustente sus señalamientos y que la defensa controvierta las pruebas y ejerza los derechos del procesado.
La notoriedad de Orrego en el periodismo deportivo y la cantidad de mujeres involucradas han dado relevancia pública al caso. Sin embargo, la cobertura requiere mantener separados tres aspectos: las denuncias que dieron origen a la investigación, la hipótesis penal presentada por la Fiscalía y la posición del periodista, quien rechaza los cargos.
Por ahora, el mensaje de Orrego no despeja las preguntas sobre los hechos investigados ni ofrece una respuesta pública detallada a las acusaciones. Su posición consiste en reservar esa discusión para los tribunales, mientras la Fiscalía continúa el proceso para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia las siguientes etapas judiciales.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las relaciones de poder y las posibles situaciones de acoso y violencia sexual en los entornos laborales de los medios de comunicación. Esa discusión exige escuchar a las denunciantes, examinar las pruebas y garantizar el debido proceso, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad penal del acusado.
La evolución del expediente dependerá de las actuaciones de la Fiscalía, las decisiones judiciales y los elementos que aporten tanto la parte acusadora como la defensa. Mientras tanto, Orrego mantiene su declaración de inocencia y ha optado por no convertir el caso en una disputa pública, a la espera de que sea la justicia la que examine los hechos.
