La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó bajo cuestionamiento luego de que la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunciara un presunto vicio de trámite en el procedimiento legislativo. La controversia se concentra en el artículo 65 del proyecto, sobre el cual, según la congresista, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron textos diferentes sin completar la conciliación requerida antes del vencimiento del plazo legal.
El presupuesto, por un monto de $634,9 billones, fue aprobado por el Congreso durante la jornada del 19 y la madrugada del 20 de octubre. Sin embargo, la revisión posterior de los documentos y registros de las sesiones abrió interrogantes sobre la forma en que se tramitó una modificación incorporada en la Cámara de Representantes, que no aparecería en la versión votada por el Senado.
Hernández aseguró que, junto con la abogada Lina García, revisó los registros del procedimiento y encontró diferencias entre los textos aprobados por ambas corporaciones. Según la denuncia, mientras el Senado dio su aval al artículo 65 sin modificaciones, la Cámara habría incorporado dos parágrafos adicionales. La congresista sostiene que esa discrepancia exigía unificar los textos mediante una conciliación antes de concluir el trámite del proyecto.
El origen de la controversia estaría en una proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, para modificar el artículo. De acuerdo con la reconstrucción de Caracol Radio, la propuesta fue retirada y quedó como constancia, por lo que no habría sido aprobada por la plenaria del Senado. No obstante, la modificación habría sido incorporada durante la discusión en la Cámara de Representantes, lo que produjo la diferencia entre las dos versiones.
La Secretaría General del Senado, encabezada por Diego Alejandro González, se pronunció sobre el caso y confirmó que el registro oficial de la plenaria no contiene proposiciones aprobadas para el artículo 65. Esa constancia respalda la existencia de una diferencia frente al texto que habría aprobado la Cámara, aunque la Secretaría también defendió la actuación de la mesa directiva del Senado durante el debate presupuestal.
El artículo cuestionado está relacionado con operaciones de cobertura fiscal destinadas a mitigar variaciones en los precios del petróleo y los combustibles líquidos, así como en la tasa de cambio. Aunque la discusión se originó en una disposición específica, sus consecuencias podrían extenderse al trámite del presupuesto completo si se concluye que el Congreso no aprobó un texto unificado dentro del plazo establecido.
La controversia tiene como punto central el procedimiento que debe seguir el Congreso cuando Senado y Cámara aprueban textos diferentes de un mismo proyecto. En esos casos, las discrepancias deben resolverse mediante una comisión de conciliación y el texto unificado debe someterse a consideración de las plenarias. Según la denuncia, ese procedimiento no se completó antes de la medianoche del 20 de octubre, fecha límite para aprobar el presupuesto.
Las posibles consecuencias jurídicas aún deben distinguirse de una decisión definitiva. Mientras Hernández sostiene que el vicio comprometería la validez del presupuesto aprobado, otras interpretaciones apuntan a que una eventual irregularidad podría tener efectos limitados al artículo cuestionado. También se ha planteado la posibilidad de que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, tomando como referencia el proyecto aprobado en primer debate por las comisiones económicas.
La discusión adquiere relevancia por el tamaño del presupuesto y por las decisiones de gasto que contiene. El proyecto aprobado asciende a $634,9 billones para 2027, distribuidos entre funcionamiento del Estado, servicio de la deuda e inversión pública. Si el Gobierno debe recurrir a un decreto, la versión que sirva de fundamento podría determinar cuáles modificaciones introducidas durante los debates finales quedan incorporadas en las cuentas públicas del próximo año.
Por ahora, la denuncia de Esmeralda Hernández abrió un debate jurídico sobre la regularidad del procedimiento legislativo y la validez del Presupuesto General de la Nación para 2027. La diferencia registrada en el artículo 65 y la constancia de la Secretaría del Senado constituyen elementos centrales de la controversia, pero no equivalen, por sí solos, a una sentencia que haya declarado inválida la totalidad del presupuesto. El alcance definitivo de las consecuencias dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de la respuesta oficial del Gobierno.
