La gestión de Julia Cristina Daza Noguera al frente de la Biblioteca Nacional de Colombia quedó en el centro de una controversia por denuncias de funcionarios sobre presuntas intervenciones en la selección de publicaciones y posibles cambios en los criterios para definir qué libros deben integrar determinadas colecciones.
Los cuestionamientos fueron publicados por El Espectador el 13 de octubre de 2026, en un reportaje que recogió testimonios de trabajadores de la institución. Según las fuentes consultadas, algunas decisiones de la nueva directora habrían generado preocupación entre integrantes del equipo técnico, especialmente por la posibilidad de modificar selecciones bibliográficas que ya habían pasado por procesos de evaluación.
Uno de los episodios mencionados está relacionado con la participación de Colombia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De acuerdo con el artículo, los funcionarios señalaron que ya existía una selección de títulos y que Daza habría solicitado una revisión adicional de la lista para realizar una nueva curaduría. Una de las fuentes manifestó temor a que el procedimiento pudiera derivar en restricciones sobre determinadas publicaciones, aunque el reportaje no establece que se hubiera concretado una exclusión de libros por razones ideológicas.
Otro de los casos se relaciona con la sala infantil de la Biblioteca Nacional. Una trabajadora afirmó que la apertura de ese espacio habría quedado condicionada a una revisión de los títulos por parte de la directora, pese a que la selección había sido elaborada por un comité con participación de especialistas de la institución y representantes del sector del libro infantil.
Las denuncias también incluyen el relato de un funcionario que aseguró que Daza habría planteado la posibilidad de recoger determinados libros de las bibliotecas públicas. La fuente cuestionó la pertinencia de esa propuesta y señaló que la Biblioteca Nacional no puede decidir unilateralmente qué obras deben permanecer en las colecciones de toda la red de bibliotecas públicas del país.
Por el momento se desconoce que se haya ejecutado una retirada generalizada de libros ni que exista una orden formal de depuración ideológica. Por ahora, los señalamientos corresponden a testimonios atribuidos a trabajadores y requieren contrastarse con documentos, instrucciones oficiales y respuestas de las autoridades involucradas.
La controversia plantea una discusión sobre las diferencias entre curaduría, gestión de colecciones y censura. La selección bibliográfica es una práctica habitual en bibliotecas, ferias y programas editoriales, pero debe responder a criterios técnicos transparentes, especialmente cuando existen comités especializados encargados de evaluar las obras.
La depuración de una colección también puede responder a motivos legítimos, como el deterioro físico, la existencia de ejemplares duplicados o una política de conservación previamente establecida. No obstante, retirar o restringir publicaciones por su contenido exige un análisis diferente, particularmente cuando se trata de instituciones públicas que deben garantizar el acceso plural al conocimiento y la cultura.
En el caso de la Biblioteca Nacional, el debate adquiere una dimensión adicional por su responsabilidad en la conservación del patrimonio bibliográfico y documental colombiano. Sus funciones incluyen preservar colecciones históricas, facilitar la consulta de materiales y contribuir a la protección de la memoria escrita del país.
Por ello, cualquier modificación de los criterios para seleccionar, conservar o retirar publicaciones requiere claridad sobre las competencias de los responsables, la participación de los especialistas y las razones que sustentan cada decisión. La existencia de comités técnicos y procedimientos documentados resulta fundamental para evitar decisiones arbitrarias y garantizar la continuidad de las políticas de conservación.
Las denuncias sobre la revisión de títulos se suman a otros cuestionamientos publicados sobre la gestión inicial de Daza, relacionados con el trato a los funcionarios, la comunicación interna y su conocimiento del sector editorial. En conjunto, los señalamientos han puesto en discusión la relación entre la dirección administrativa de la entidad y la experiencia técnica necesaria para gestionar sus colecciones.
Hasta el momento, los episodios relacionados con la revisión de publicaciones deben entenderse como denuncias periodísticas pendientes de un contraste más amplio. Para establecer si hubo una depuración efectiva, sería necesario conocer las listas de títulos revisados, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas y las respuestas oficiales de la dirección de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de las Culturas.
La controversia deja planteada una cuestión central para la gestión del patrimonio bibliográfico colombiano: cómo garantizar que las decisiones sobre las publicaciones respondan a criterios técnicos verificables y respeten el acceso a la diversidad de obras que conforman la memoria cultural del país.
