La Administración Municipal de Armenia anunció recursos por $35.500 millones para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, mientras la entrega de las ayudas económicas del Gobierno Nacional enfrenta dificultades relacionadas con el registro de damnificados, la clasificación de las viviendas y los procedimientos para distribuir los recursos.
El alcalde de Armenia, James Padilla García, destinó $32.000 millones al programa de mejoramiento de viviendas, a través de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda), y otros $3.500 millones para atender situaciones asociadas a la emergencia, entre ellas las relacionadas con la escombrera.
La asignación municipal constituye una de las principales medidas financieras anunciadas para la recuperación habitacional de la ciudad. No obstante, la puesta en marcha del programa requiere completar los procedimientos administrativos y presupuestales, además de disponer de la información oficial sobre los hogares damnificados.
El gerente de Fomvivienda, Harrison Santamaría Huertas, explicó que la entidad necesita acceder a las bases de datos del Registro Único de Damnificados (RUD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para identificar a las familias que podrán acceder a las intervenciones.
La proyección inicial contempla reparar alrededor de 640 viviendas. Los apoyos se ejecutarían mediante obras y no a través de entregas directas de dinero a los propietarios. Según Santamaría, las intervenciones podrían costar aproximadamente $31 millones por vivienda para reparaciones locativas y hasta $61 millones para daños de mayor complejidad, algunos de los cuales requerirían licencias de construcción y estudios adicionales.
La selección dependerá de las evaluaciones técnicas, la verificación de los registros y las condiciones de cada inmueble. Para las viviendas que no puedan ser recuperadas mediante este programa, la Administración señaló que buscará articular subsidios municipales y nacionales.
Estudios técnicos para definir la recuperación
A los recursos destinados al mejoramiento habitacional se suma el contrato interadministrativo por $1.000 millones suscrito con la Universidad del Quindío para evaluar las edificaciones afectadas.
La secretaria de Infraestructura, Isabel Cristina Ortiz Cortés, explicó que los estudios permitirán determinar cuáles estructuras requieren demolición total o parcial y cuáles pueden recuperarse mediante reforzamiento estructural. El contrato tiene plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2026 y prioriza las edificaciones identificadas con mayores niveles de riesgo.
Los resultados serán determinantes para establecer las intervenciones necesarias y precisar el alcance de la recuperación. La evaluación también permitirá diferenciar los inmuebles que pueden repararse de aquellos que requieren otras soluciones habitacionales.
Las dificultades de las ayudas nacionales
Mientras la Alcaldía organiza sus recursos y programas, la atención nacional enfrenta obstáculos que han sido advertidos por la Procuraduría General de la Nación.
El 5 de octubre, el organismo de control informó que, tras verificar la situación en Quindío, Risaralda y Caldas, encontró dificultades en el Registro Único de Damnificados, problemas para actualizar la clasificación de las viviendas y demoras en la entrega de los auxilios económicos.
Según la Procuraduría, el cierre del registro dejó por fuera a familias afectadas, mientras que las plataformas disponibles no permitían actualizar adecuadamente las condiciones de habitabilidad después de nuevas evaluaciones técnicas o de los daños ocasionados por las réplicas del terremoto.
El organismo también advirtió que los auxilios económicos asignados no habían llegado a todas las familias y que su distribución entre municipios no había sido homogénea. Por ello, solicitó a la UNGRD habilitar mecanismos extraordinarios y condicionados para actualizar los registros, revisar las evaluaciones de daños y agilizar la entrega de las ayudas.
Estas dificultades son relevantes para Armenia porque el programa municipal de mejoramiento de viviendas depende, en parte, de la información nacional que permite identificar a los beneficiarios. La necesidad de contar con registros actualizados conecta la ejecución de los recursos locales con los procedimientos de caracterización y atención del Gobierno Nacional.
Recursos nacionales anunciados, pero con dificultades de entrega
El 10 de septiembre, la UNGRD informó que había destinado $42.754 millones para financiar el primer mes del apoyo económico de vivienda, dentro de un esquema de tres meses dirigido a hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables.
Sin embargo, esa cifra corresponde al programa nacional y no demuestra cuánto dinero había sido pagado efectivamente a las familias de Armenia. La Procuraduría advirtió posteriormente que los auxilios asignados no habían llegado a todos los afectados, por lo que resulta necesario diferenciar los recursos destinados al programa de los desembolsos efectivamente recibidos por los hogares.
El Gobierno Nacional también anunció el 30 de septiembre la habilitación de más de $350.000 millones provenientes de las cajas de compensación familiar para apoyar a las familias damnificadas mediante subsidios de arrendamiento temporal, mejoramiento o adquisición de vivienda. El acceso a estas modalidades depende de los requisitos establecidos, entre ellos la inscripción en el RUD y, según el programa, la afiliación a una caja de compensación.
La recuperación depende de la coordinación institucional
En el frente económico, el secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez, informó sobre recursos por $1.000 millones para acciones de reactivación económica y trabajo conjunto con la Cámara de Comercio. La Administración también ha adelantado reuniones con gremios y representantes de diferentes sectores para estudiar incentivos tributarios y medidas que contribuyan a recuperar la actividad comercial y turística.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Jenny Gómez, reportó actividades comunitarias y acompañamiento a las familias alojadas temporalmente, como parte del proceso de atención social posterior a la emergencia.
El panorama muestra dos líneas de intervención: por un lado, los recursos municipales anunciados para reparar viviendas, evaluar estructuras y apoyar la recuperación económica; por otro, los programas nacionales de auxilios y subsidios, cuya cobertura depende de los registros, la validación de los beneficiarios y la distribución de los recursos.
La diferencia entre ambas líneas no se limita al monto anunciado. También está en las etapas de ejecución y en los mecanismos de acceso. Mientras la Alcaldía adelanta los trámites para poner en marcha su programa de mejoramiento, la Procuraduría ha solicitado a la UNGRD corregir las barreras administrativas que dificultan la atención de los damnificados.
El reto para la recuperación de Armenia será convertir los recursos anunciados en intervenciones efectivas y lograr que la coordinación entre los gobiernos municipal y nacional permita atender a las familias que perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas.
