El enfrentamiento entre el concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, y la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, escaló al ámbito político distrital después de que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunciara públicamente en defensa de la funcionaria. El episodio ocurrió el viernes 23 de octubre de 2026, durante una sesión del Concejo de Bogotá, y abrió una discusión sobre el ejercicio del control político y el trato a las mujeres que ocupan cargos públicos.
La controversia se produjo durante un debate de control político en la Comisión de Hacienda, en el que Forero cuestionaba la gestión de la Secretaría de Movilidad frente a presuntas irregularidades relacionadas con agentes de tránsito. El concejal reclamaba respuestas a las denuncias ciudadanas y buscaba documentar la intervención de Ortiz, pero la situación se tensó cuando surgió una diferencia entre los equipos de trabajo de ambos funcionarios por la grabación de la secretaria.
Según los reportes del episodio, un integrante del equipo de comunicaciones del concejal estaba registrando en video a Ortiz cuando un miembro del equipo de la funcionaria le pidió que dejara de hacerlo. Forero reaccionó y argumentó que las sesiones del Concejo son públicas, por lo que consideraba que no correspondía impedir el registro audiovisual de una funcionaria durante el ejercicio de sus responsabilidades institucionales.
La secretaria de Movilidad intervino en medio de la discusión y le pidió respeto al cabildante. Ortiz manifestó su inconformidad con la difusión reiterada de fotografías y videos suyos en las redes sociales del concejal, y aseguró que esa exposición le había generado dificultades personales cuando se desplazaba por Bogotá. En su intervención, mencionó su condición de mujer y madre de dos hijas para explicar la preocupación que le producía la situación.
El intercambio dejó en evidencia dos posiciones distintas sobre el registro de los funcionarios públicos. Forero defendió la grabación como parte de su labor de vigilancia y fiscalización de la administración distrital, mientras que Ortiz cuestionó la forma en que, según su versión, se estaba utilizando su imagen. La discusión pasó de las preguntas sobre movilidad a un enfrentamiento personal que terminó involucrando a otros integrantes de la administración.
La reacción del alcalde Carlos Fernando Galán fue uno de los elementos centrales del episodio. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario distrital respaldó a Ortiz y cuestionó la manera en que el concejal se dirigió a la secretaria durante la sesión. Galán sostuvo que el control político es una función legítima de los concejales, pero señaló que su ejercicio no justifica conductas irrespetuosas o agresivas contra los funcionarios.
El alcalde también insistió en que la violencia contra las mujeres no debe tener cabida en la política y pidió que el debate público se desarrolle bajo condiciones de respeto y dignidad. Su pronunciamiento trasladó la controversia más allá del recinto del Concejo y convirtió el choque entre Forero y Ortiz en un asunto de confrontación entre el cabildante y el Gobierno distrital.
Galán cuestionó, además, lo que consideró una conducta de acoso contra la secretaria. Esa caracterización corresponde a la posición expresada por el mandatario y no debe confundirse con una conclusión judicial. El episodio, hasta donde se conoce públicamente, se ha desarrollado principalmente en el terreno de las declaraciones políticas y las versiones contrapuestas de los involucrados.
Forero, por su parte, rechazó los señalamientos de irrespeto y acoso. El concejal defendió sus publicaciones y cuestionamientos como parte de su actividad política y de las denuncias que ha formulado sobre el funcionamiento de los controles de tránsito en la capital. También cuestionó que se intentara impedir que su equipo grabara a la secretaria durante una sesión pública y sostuvo que la discusión no debía desviar la atención de los problemas que venía señalando.
El cabildante ha cuestionado la actuación de algunos agentes de tránsito y la respuesta de la Secretaría de Movilidad frente a quejas ciudadanas por presuntas inmovilizaciones irregulares, comparendos controvertidos y posibles abusos de autoridad. Sus señalamientos forman parte de los asuntos que ha llevado al debate político distrital, aunque cada denuncia debe contrastarse con los registros administrativos y las respuestas oficiales para establecer su alcance.
La administración distrital también respondió al episodio. El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, rechazó las expresiones dirigidas contra Ortiz y defendió la necesidad de mantener un trato respetuoso entre los integrantes de las instituciones. Desde esa perspectiva, el Gobierno distrital sostuvo que el control político no debe convertirse en un escenario de confrontación personal.
Sin embargo, el debate sobre las grabaciones plantea una cuestión que requiere examinarse de manera independiente de los calificativos utilizados por las partes. El carácter público de una sesión del Concejo permite el escrutinio de las actuaciones institucionales, pero las condiciones concretas para registrar y difundir imágenes también deben evaluarse de acuerdo con las reglas aplicables al recinto y los derechos involucrados. La existencia de una controversia no resuelve, por sí sola, si hubo alguna restricción irregular o si la difusión de las imágenes vulneró derechos.
La discusión también vuelve a poner sobre la mesa el papel de las redes sociales en el control político. Las plataformas digitales permiten divulgar denuncias, registrar actuaciones de los funcionarios y ampliar el acceso ciudadano a los debates. Al mismo tiempo, la publicación reiterada de imágenes puede generar disputas sobre la finalidad de esos contenidos, su contexto y sus posibles efectos personales. En este caso, Forero defiende su actuación como fiscalización política, mientras Ortiz manifiesta preocupación por la exposición de su imagen.
Para establecer con precisión lo ocurrido será necesario distinguir las imágenes completas de la sesión, las declaraciones posteriores y los argumentos de cada parte. También será importante conocer si existen quejas formales o actuaciones institucionales relacionadas con el incidente. Sin esos elementos, no resulta adecuado convertir las acusaciones de una de las partes en hechos probados ni descartar de antemano las inquietudes planteadas por la otra.
El enfrentamiento se suma a las diferencias entre sectores del Concejo y la administración de Galán sobre la gestión de la movilidad en Bogotá. Mientras Forero insiste en que sus cuestionamientos responden a la obligación de vigilar la actuación de las entidades distritales, el Gobierno sostiene que esa función debe ejercerse sin descalificaciones ni comportamientos que afecten la dignidad de los funcionarios.
La intervención del alcalde confirmó que la controversia dejó de ser un intercambio aislado entre un concejal y una secretaria. Galán tomó posición en defensa de una integrante de su gabinete, mientras Forero mantuvo sus cuestionamientos sobre la gestión de Movilidad y rechazó las acusaciones en su contra. Las diferencias, por ahora, se mantienen en el ámbito político y público.
El desarrollo del caso dependerá de las explicaciones adicionales de los involucrados y de la eventual aparición de elementos verificables que permitan establecer las circunstancias de la discusión. También será relevante conocer si el Concejo adopta alguna medida institucional o si la controversia deriva en actuaciones formales.
Por el momento, el episodio deja dos asuntos abiertos: el alcance del derecho a registrar las actuaciones de los funcionarios públicos durante el control político y los límites que deben observarse al ejercer esa labor. La discusión entre Julián Forero y María Fernanda Ortiz, con la intervención de Carlos Fernando Galán, expone la tensión entre la fiscalización de la administración y la obligación de preservar un debate institucional respetuoso.
