La seguridad se convirtió en uno de los principales compromisos de campaña de Abelardo de la Espriella. El entonces candidato presidencial anunció una estrategia de choque para recuperar el control territorial, combatir a las organizaciones armadas ilegales y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública. Su promesa contemplaba resultados concretos durante los primeros 90 días de un eventual gobierno. Sin embargo, cuando se acerca el cumplimiento de ese plazo, tres atentados con explosivos registrados en días consecutivos en Cauca, Huila y Tolima vuelven a poner el orden público en el centro de la discusión nacional.
Entre el 30 de octubre y el 1.º de noviembre de 2026, Colombia registró tres ataques con explosivos en tres departamentos. Los hechos ocurrieron en El Bordo, Cauca; Algeciras, Huila, y Planadas, Tolima. La secuencia dejó cinco personas fallecidas y al menos 25 heridas, de acuerdo con los balances preliminares de las autoridades y los organismos de atención de emergencias.
El primer episodio ocurrió el viernes 30 de octubre en inmediaciones del peaje de El Bordo, en el municipio de La Sierra, Cauca. Un ataque con explosivos afectó la infraestructura vial, aunque no dejó personas heridas ni fallecidas. El Ejército atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.
La institución militar desplegó tropas en el sector para verificar la posible presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población. El ataque representó un nuevo episodio de violencia contra la infraestructura en el suroccidente colombiano, una región donde las organizaciones armadas mantienen presencia y disputas por el control territorial.
Al día siguiente, el sábado 31 de octubre, la violencia se trasladó a Algeciras, Huila. Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó aproximadamente a las 11:49 de la noche en el barrio Centro, en un sector conocido como la zona rosa del municipio. La explosión ocurrió mientras integrantes de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control.
El atentado dejó como víctima mortal al patrullero Julián Smith Castaño López. Además, ocho personas resultaron heridas, entre ellas tres uniformados y cinco civiles, según el reporte entregado por el alcalde municipal. La detonación afectó una zona urbana y volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan tanto los integrantes de la Fuerza Pública como los habitantes de municipios con presencia de grupos armados ilegales.
El tercer ataque ocurrió durante la noche del domingo 1.º de noviembre en Planadas, Tolima. Una volqueta cargada con explosivos detonó en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de las instalaciones del Batallón de Infantería número 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército.
La explosión ocasionó graves daños en viviendas y establecimientos comerciales, además de afectar la infraestructura del Hospital Centro de Planadas. La onda expansiva también provocó un incendio en una farmacia y obligó a las autoridades municipales a adoptar medidas de emergencia para atender a los afectados y garantizar la seguridad de los habitantes.
El balance preliminar confirmó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida, y 17 heridos, principalmente por lesiones ocasionadas por esquirlas. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó inicialmente la cifra de víctimas mortales, mientras que las autoridades médicas advirtieron que el número podía cambiar conforme avanzaran las labores de identificación y atención.
Los tres ataques ocurrieron en jornadas consecutivas y utilizaron diferentes modalidades de explosivos: un artefacto contra la infraestructura de un peaje, una motocicleta bomba en una zona urbana y una volqueta acondicionada con explosivos cerca de una instalación militar. Aunque los hechos tienen características distintas, su proximidad temporal y geográfica plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las autoridades y la situación de seguridad en el suroccidente del país.
La secuencia también coincide con el tramo final del plazo de 90 días que De la Espriella estableció durante su campaña presidencial para ejecutar su estrategia inicial de seguridad. El mandatario asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, por lo que los atentados del 30 y 31 de octubre y del 1.º de noviembre ocurrieron durante los días 85, 86 y 87 de su administración, respectivamente, si se cuenta el día de posesión como el primero.
La promesa de recuperar la seguridad en 90 días
El 9 de abril de 2026, durante una entrevista con Infobae, De la Espriella explicó los componentes de su propuesta de seguridad. En esa conversación aseguró que su Gobierno buscaría recuperar los territorios afectados por las organizaciones criminales mediante una mayor presencia de la Fuerza Pública, operaciones militares y policiales, y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.
«Vamos a recuperar la seguridad en los primeros noventa días», afirmó el entonces candidato. Su propuesta contemplaba retomar territorios, bombardear campamentos de organizaciones armadas ilegales, reactivar la fumigación de cultivos ilícitos y ampliar el pie de fuerza de la Policía en ciudades y municipios.
El plan también incluía la incorporación de veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares, quienes participarían en una estrategia de seguridad junto con la Policía y las comunidades. La intención, según explicó, era conformar redes de informantes ciudadanos para obtener información sobre las actividades de las organizaciones criminales y fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades.
Otra de las propuestas consistía en sacar al Ejército a las calles de las ciudades con mayores problemas de inseguridad. De la Espriella planteó que la presencia militar contribuiría a recuperar el control de sectores afectados por las estructuras dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Sin embargo, uno de los compromisos más concretos de su estrategia fue capturar o dar de baja a diez cabecillas importantes del narcoterrorismo y el crimen organizado durante los primeros 90 días. Esta meta quedó incorporada en su programa de gobierno bajo el apartado de seguridad y recuperación del control territorial.
El planteamiento también contemplaba una ofensiva contra los cultivos ilícitos. De la Espriella mencionó más de 330.000 hectáreas de coca en Colombia y propuso reactivar la fumigación aérea como parte de su estrategia para combatir las fuentes de financiación de las organizaciones armadas ilegales.
Posteriormente, el 9 de junio, el entonces candidato hizo una precisión sobre el alcance de su promesa en una entrevista con Caracol Radio. Negó haber asegurado que resolvería todos los problemas de seguridad del país en tres meses y sostuvo que su compromiso consistía en ejecutar un plan de choque para capturar o dar de baja a diez cabecillas y comenzar a recuperar los territorios.
«Yo no he dicho que voy a arreglar el problema de seguridad en 90 días», afirmó en esa conversación. La aclaración introdujo una diferencia entre la formulación inicial de recuperar la seguridad durante los primeros tres meses y la meta operacional específica de afectar a diez objetivos de alto valor.
Los resultados de la ofensiva y las dificultades de medición
Durante las primeras semanas de gobierno, la administración de De la Espriella anunció diferentes operaciones contra estructuras armadas ilegales. Entre ellas se encuentran capturas, incautaciones de estupefacientes, destrucción de laboratorios y bombardeos contra campamentos de organizaciones criminales.
El 31 de octubre, precisamente el día del atentado en Algeciras, el Ejército informó sobre una operación militar en una zona rural de Chocó que dejó siete presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos. El presidente identificó entre los fallecidos a Jason Arley García, alias Alex, señalado como tercer cabecilla de la estructura Edwin Guzmán Martínez.
Este resultado muestra que la ofensiva militar continuó durante los días en que se registraron los atentados. Sin embargo, la ejecución de operaciones contra organizaciones criminales y la capacidad de estas para realizar ataques no son fenómenos excluyentes. Por eso, el balance de seguridad también debe considerar los hechos que afectan a la población y las condiciones de control territorial.
La Silla Vacía ha realizado un seguimiento a las promesas del mandatario a través de su Milagrómetro. En una de sus mediciones sobre la meta de capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor, el medio señaló que contabilizaba dos objetivos cumplidos entre los que De la Espriella había identificado expresamente durante la campaña. La medición distingue entre los cabecillas mencionados por el presidente y otros integrantes de organizaciones criminales afectados en operaciones oficiales.
Esta precisión es importante porque el Gobierno ha presentado cifras más amplias de integrantes de estructuras criminales muertos o capturados. Sin embargo, no todos corresponden necesariamente a los diez objetivos de alto valor que el mandatario se comprometió a afectar en su plan de choque. Por esa razón, el número total de bajas y capturas no permite establecer por sí solo el cumplimiento de esa meta específica.
Los tres atentados consecutivos tampoco demuestran, por sí mismos, que la estrategia de seguridad haya fracasado. Para establecer sus resultados se requiere examinar indicadores como homicidios, extorsiones, secuestros, control territorial, afectaciones a las estructuras criminales y evolución de los ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
No obstante, la sucesión de explosiones en Cauca, Huila y Tolima representa un desafío para la administración, especialmente porque ocurrió cuando faltaban pocos días para completar el periodo inicial de su plan de choque. Los ataques evidenciaron que las organizaciones armadas conservaban capacidad para ejecutar acciones con explosivos en diferentes puntos del país, incluso mientras las autoridades anunciaban operaciones militares contra sus estructuras.
El cierre de los primeros 90 días permitirá revisar si el Gobierno alcanzó la meta de los diez cabecillas, qué avances consiguió en la recuperación territorial y qué resultados obtuvo en el fortalecimiento de la presencia institucional. También será necesario contrastar los balances oficiales con las estadísticas de seguridad y los reportes de las autoridades locales.
Por ahora, los atentados del 30 de octubre, 31 de octubre y 1.º de noviembre dejan una pregunta sobre el alcance de la estrategia presidencial: mientras el Gobierno reporta operaciones contra las organizaciones criminales, ¿qué tan efectiva ha sido su capacidad para evitar que estas mantengan acciones violentas contra la población y la infraestructura del país? La respuesta no depende únicamente de los resultados militares, sino también de la posibilidad de garantizar condiciones sostenidas de seguridad en los territorios.
