La participación de exmilitares colombianos en la guerra de Sudán volvió a quedar en el centro de la atención internacional. Una misión independiente de investigación de Naciones Unidas documentó el despliegue de hasta 2.000 antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia que habrían combatido junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una organización paramilitar acusada de cometer atrocidades contra la población civil. El diario The New York Times adelantó los hallazgos del informe, presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El documento, titulado Alimentar el conflicto en Sudán: armas, combatientes y redes de apoyo externo, examina cómo organizaciones y personas que operan desde distintos países contribuyeron a fortalecer las capacidades militares de las partes enfrentadas. La misión identificó redes transnacionales encargadas de reclutar, entrenar y trasladar combatientes extranjeros, además de facilitar armas, tecnología militar y apoyo logístico.
Uno de los hallazgos más relevantes es la participación de hasta 2.000 contratistas militares colombianos en operaciones de las FAR. Según la misión, estos hombres no se limitaron a cumplir funciones de vigilancia o protección: operaron drones de combate, artillería y armamento avanzado en las regiones de Darfur y Kordofán.
La mayoría de los colombianos habría integrado una unidad conocida como Lobos del Desierto, vinculada a las operaciones militares de las FAR. El grupo habría participado en distintos episodios de la guerra, incluida la ofensiva que terminó con la toma de El Fasher, capital de Darfur del Norte, en octubre de 2025.
La investigación también señala que el reclutamiento y el despliegue de estos combatientes estuvieron conectados con redes que operaban desde Emiratos Árabes Unidos (EAU). La misión encontró motivos razonables para considerar que empresas privadas, intermediarios logísticos y reclutadores con actividad en Colombia y Emiratos facilitaron el traslado de personal, entrenamiento y recursos militares hacia Sudán.
En ese entramado aparece Global Security Services Group (GSSG), una compañía de seguridad con sede en Abu Dabi. La empresa ya había sido identificada por Human Rights Watch en una investigación publicada en mayo de 2026, en la que se documentó su participación en la contratación de cientos de colombianos enviados a combatir junto a las FAR.
El informe de Human Rights Watch, de 83 páginas, reunió testimonios de contratistas colombianos, antiguos integrantes de la compañía, residentes de El Fasher y otras fuentes con conocimiento de las operaciones. También examinó documentos empresariales, licencias oficiales, fotografías, videos y registros de instalaciones utilizadas durante los desplazamientos.
La organización encontró que GSSG habría trabajado con la agencia colombiana A4SI, que funcionaba como primer punto de contacto para reclutar antiguos militares. Los aspirantes recibían ofertas laborales relacionadas con servicios de seguridad y protección, aunque algunos terminaron desplegados en un escenario de guerra. La investigación también identificó a otra agencia mencionada como Fénix.
El papel de Álvaro Quijano, coronel retirado del Ejército colombiano, aparece en las investigaciones sobre esa estructura. La misión de Naciones Unidas lo señala, junto con su esposa, como enlace con la compañía emiratí. Su nombre también había aparecido en las pesquisas sobre las empresas que conectaron a los reclutadores colombianos con GSSG.
Las rutas de traslado muestran la dimensión internacional de la operación. Los combatientes habrían salido de Colombia y transitado por Emiratos, Somalia, Libia, Chad y otros puntos de la región antes de llegar a territorio sudanés. Entre los lugares identificados como puntos de entrada figura el aeropuerto de Nyala, en Darfur, una zona bajo influencia de las FAR.
Human Rights Watch había documentado que algunos contratistas pasaron por instalaciones militares en Emiratos antes de continuar su recorrido. Entre ellas identificó una base en Ghiyathi y otra instalación en Al Wathba, ambas en el emirato de Abu Dabi. Uno de los colombianos entrevistados aseguró que recibió entrenamiento de ciudadanos emiratíes en una de esas instalaciones.
El mismo testimonio describió un procedimiento irregular al llegar al país: los contratistas habrían evitado los controles migratorios y fueron trasladados directamente a una instalación militar. La organización también verificó fotografías y videos que ubicaban a otros colombianos en territorio emiratí antes de su despliegue en Sudán.
La presencia de combatientes colombianos en el conflicto se hizo pública desde finales de 2024, cuando circularon videos de hombres de habla hispana que habían sido capturados durante enfrentamientos. Desde entonces, investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos han reconstruido las redes de contratación y las rutas utilizadas para llevarlos al país africano.
La misión de Naciones Unidas documentó que los colombianos participaron en operaciones de las FAR en Darfur y Kordofán. Su trabajo habría incluido el manejo de sistemas de artillería y drones, además de otras funciones técnicas que aumentaron la capacidad operativa de la organización paramilitar.
Uno de los episodios más graves relacionados con su presencia fue la ofensiva contra El Fasher. Las FAR tomaron la ciudad en octubre de 2025, después de un asedio de aproximadamente 18 meses. Durante la operación se registraron asesinatos masivos, violencia sexual y otros abusos contra civiles, hechos que la misión internacional relacionó con conductas que presentan características de genocidio.
El informe sostiene que los contratistas colombianos participaron en el asedio y en la ofensiva sobre la ciudad. La misión documentó que operaron equipos de artillería, drones y otros sistemas durante las operaciones militares. Las autoridades sudanesas denunciaron que más de 2.000 personas fueron asesinadas durante la toma de El Fasher.
La dimensión del reclutamiento también está relacionada con las condiciones en las que algunos colombianos aceptaron las ofertas laborales. La misión recogió testimonios según los cuales a ciertos contratistas no se les informó que serían enviados a Sudán. Otros denunciaron que recibieron salarios inferiores a los estipulados en sus contratos.
La investigación de Human Rights Watch había llegado a conclusiones similares. Algunos entrevistados aseguraron que fueron contratados bajo condiciones que no correspondían con el destino final de sus servicios. Otros conocían que viajarían a una zona de guerra, pero denunciaron problemas con los pagos y las condiciones de trabajo.
El señalamiento contra Emiratos es especialmente sensible porque el Gobierno de ese país ha negado reiteradamente que proporcione apoyo militar, financiero o logístico a las FAR. Las autoridades emiratíes han rechazado las acusaciones de participación en el conflicto y han defendido su posición de neutralidad.
La misión de Naciones Unidas, sin embargo, consideró que personas y entidades que operan desde Emiratos desempeñaron un papel significativo en las redes de reclutamiento, financiación, transporte y despliegue de contratistas militares extranjeros. También pidió al país adoptar medidas más contundentes para investigar y detener las actividades desarrolladas desde su territorio que puedan contribuir a violaciones del derecho internacional.
La diferencia entre señalar a empresas y personas que operan desde Emiratos y atribuir responsabilidad directa al Gobierno emiratí es fundamental. Los hallazgos documentan conexiones empresariales, logísticas y territoriales, pero la responsabilidad estatal requiere un análisis jurídico propio. El informe aporta elementos para investigar esa cadena de apoyo, aunque no equivale a una sentencia judicial contra el Gobierno o los individuos mencionados.
La investigación también tiene consecuencias para Colombia. La misión no encontró que el Estado colombiano hubiera dirigido, controlado, apoyado o respaldado el reclutamiento y despliegue de los combatientes. En cambio, llamó la atención sobre las redes privadas que operan desde el país y que han facilitado la contratación de antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas para participar en conflictos extranjeros.
El documento reconoce los esfuerzos de Colombia para combatir el mercenarismo, pero advierte que todavía existen empresas y particulares involucrados en el reclutamiento de personal militar retirado. La existencia de estas redes plantea desafíos para las autoridades nacionales, tanto en la prevención de nuevos desplazamientos como en la investigación de quienes hayan participado en delitos durante la guerra.
Los hallazgos también pueden tener consecuencias judiciales. La misión pidió investigar a las personas y entidades que reclutan, financian, suministran recursos o facilitan operaciones que contribuyen a la comisión de crímenes internacionales. Esto incluye examinar toda la cadena de responsabilidades y no limitar las investigaciones a quienes ejecutan directamente los ataques.
El caso de los colombianos en Sudán ya había generado actuaciones internacionales. En diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a personas y entidades relacionadas con una red transnacional que reclutaba antiguos militares colombianos para entrenar y combatir junto a las FAR. Entre las entidades sancionadas figuró A4SI, identificada en las investigaciones sobre el reclutamiento.
La guerra de Sudán comenzó en abril de 2023, cuando las Fuerzas Armadas sudanesas y las FAR rompieron su alianza y se enfrentaron por el control político y militar del país. El conflicto ha provocado una crisis humanitaria de enormes proporciones, con millones de personas desplazadas, graves dificultades para acceder a alimentos y servicios médicos y denuncias de crímenes de guerra cometidos por las partes enfrentadas.
El informe de Naciones Unidas amplía la discusión sobre la internacionalización de esa guerra. Ya no se trata únicamente de la confrontación entre el Ejército sudanés y las fuerzas paramilitares, sino también de las redes extranjeras que suministran combatientes, armas, tecnología y recursos para sostener las operaciones. En ese escenario, el reclutamiento de exmilitares colombianos y las conexiones con empresas emiratíes se convirtieron en uno de los principales focos de investigación.
