La posibilidad de ampliar la participación del Ejército en las estrategias de seguridad de Bogotá fue uno de los principales asuntos debatidos durante la primera jornada del Cabildo Abierto Distrital, realizada este sábado 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. El encuentro permitió conocer propuestas para aumentar la presencia de la Fuerza Pública en sectores críticos, redistribuir funciones entre militares y policías y establecer mecanismos de intervención frente a las estructuras criminales.
La discusión se desarrolló alrededor de la iniciativa ciudadana denominada “Apoyo por Apoyo”, promovida por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui Pastrana. Ambos defendieron la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad de la capital y plantearon alternativas para que el Ejército tenga una participación más visible en determinados espacios de la ciudad.
La iniciativa fue inscrita el 13 de enero de 2026. Según la información presentada durante el cabildo, de los 52.965 registros analizados se validaron 31.096 apoyos ciudadanos. La Registraduría Distrital certificó el cumplimiento de los requisitos mediante la Resolución 1052 del 19 de agosto de 2026, lo que permitió avanzar hacia la realización de este espacio de participación.
José Jaime Uscátegui presentó seis propuestas para responder a los problemas de seguridad que enfrenta Bogotá. Una de ellas consiste en conformar un GRETA Distrital, una estructura que, según el planteamiento expuesto, permitiría fortalecer la respuesta institucional frente a las amenazas criminales y mejorar la coordinación de las acciones de seguridad.
La segunda iniciativa busca ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad y evaluar la posibilidad de establecer centros de reclusión militar. El planteamiento parte de la preocupación por la capacidad del sistema penitenciario para responder a las necesidades de la justicia y mantener bajo custodia a las personas privadas de la libertad.
El representante también propuso intensificar la búsqueda de objetivos de alto valor criminal. La intención es concentrar esfuerzos operativos e investigativos en personas consideradas prioritarias dentro de las estructuras delincuenciales, con el propósito de afectar sus capacidades y desarticular sus redes.
Otra de las propuestas consiste en focalizar las acciones de seguridad en la frontera entre Bogotá y Soacha. Esta zona fue señalada como un punto que requiere mayor atención debido a las dinámicas delictivas que pueden extenderse entre el Distrito Capital y el municipio vecino. La iniciativa plantea que la respuesta no se limite a las divisiones administrativas y que exista una intervención coordinada en ese corredor.
Uscátegui también propuso realizar un simulacro de asistencia militar en 2027. La idea sería evaluar cómo funcionaría una intervención de estas características, cuáles serían sus procedimientos y qué coordinación se necesitaría entre las autoridades civiles, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
La sexta propuesta plantea instalar detectores de metales en zonas consideradas críticas, incluido el sistema de transporte público. La medida busca fortalecer los controles para detectar armas y otros elementos que puedan representar un riesgo para los usuarios, aunque su aplicación implicaría definir los lugares de instalación, los protocolos de revisión y las autoridades responsables.
Por su parte, el concejal Julián Uscátegui presentó una alternativa centrada en la distribución de funciones entre la Policía Nacional y el Ejército. Propuso desplegar efectivos militares en puntos críticos de Bogotá o asignar a la Policía Militar tareas de vigilancia y custodia de embajadas, edificios, bancos y otras instalaciones.
El argumento del concejal es que los militares podrían asumir la protección de determinadas infraestructuras y lugares estratégicos, liberando a integrantes de la Policía Nacional de esas responsabilidades. De esa manera, los uniformados de la institución policial podrían concentrarse en las labores de vigilancia, patrullaje y atención de los problemas de seguridad en las calles.
La propuesta busca aprovechar las capacidades de las Fuerzas Militares para complementar el trabajo de la Policía, sin que necesariamente todas las tareas de seguridad ciudadana deban quedar en manos del Ejército. Sin embargo, su eventual aplicación requiere precisar las funciones que asumiría cada institución y las condiciones jurídicas bajo las cuales se desarrollarían esas actividades.
Durante el cabildo también se escucharon posiciones ciudadanas favorables y contrarias a la asistencia militar. Quienes respaldaron la propuesta señalaron la presencia de estructuras criminales, el control de parques y entornos escolares y el temor de los habitantes como razones para adoptar medidas focalizadas, especialmente en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.
Algunos participantes insistieron en que cualquier intervención militar debe tener un carácter temporal, desarrollarse en coordinación con la Policía y estar sometida a objetivos e indicadores que permitan evaluar sus resultados. La discusión, por tanto, no se concentró únicamente en la cantidad de efectivos que podrían desplegarse, sino también en los mecanismos de control y seguimiento.
En contraste, otros ciudadanos advirtieron sobre los riesgos de una eventual militarización para los derechos humanos, la convivencia y el orden constitucional. Sus argumentos se apoyaron en la separación de funciones establecida en la Constitución y en la necesidad de fortalecer estrategias de seguridad con participación ciudadana y articulación institucional.
El alcalde Carlos Fernando Galán también intervino en la jornada y presentó el balance de seguridad de Bogotá con corte al 31 de octubre de 2026. Según las cifras expuestas, durante ese periodo se registraron 899 homicidios, 83 menos que en el mismo lapso de 2025. La reducción equivale al 8,6 %.
El mandatario destacó además que septiembre de 2026 fue el menos violento para ese mes desde que existen registros mensuales. Con esos datos, defendió el trabajo que adelanta la Administración Distrital y la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad.
Galán explicó que actualmente se desarrolla un despliegue focalizado del Ejército, en coordinación con la Policía, en ocho localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe. Las acciones incluyen patrullajes mixtos y controles territoriales en sectores considerados críticos, con el objetivo de prevenir homicidios y fortalecer la presencia institucional.
El alcalde presentó esta estrategia como una forma de utilizar las capacidades de la Fuerza Pública para atender situaciones específicas, sin que ello implique convertir la participación militar en una herramienta ordinaria de vigilancia ciudadana. En su intervención, insistió en que el trabajo conjunto debe responder a las necesidades de cada territorio y respetar las competencias de las instituciones.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la explicación sobre la naturaleza jurídica de la asistencia militar. Galán recordó que se trata de una medida excepcional, temporal y subsidiaria, que procede cuando las capacidades de la Policía Nacional son superadas y se cumplen determinadas condiciones para activar el apoyo de las Fuerzas Militares.
El mandatario mencionó cuatro criterios que deben orientar esa intervención: especificidad, gravedad, temporalidad y proporcionalidad. Estos principios buscan establecer que el apoyo militar responda a circunstancias concretas, tenga una justificación suficiente, se mantenga durante el tiempo necesario y no exceda lo requerido para atender la situación que motivó su activación.
La explicación del alcalde también introdujo una diferencia importante entre el despliegue focalizado que ya adelanta la Administración y una declaratoria de asistencia militar. Aunque ambas alternativas pueden involucrar presencia de efectivos del Ejército, no son necesariamente equivalentes: la asistencia militar tiene condiciones y procedimientos específicos, por lo que no puede asumirse como una autorización general para que los militares sustituyan las funciones de la Policía.
Galán defendió la labor de la Policía Metropolitana y sostuvo que los resultados presentados por la Administración responden al trabajo articulado de la Fuerza Pública. No obstante, reconoció que Bogotá necesita más herramientas y capacidades operativas para enfrentar los problemas de seguridad, por lo que consideró fundamental fortalecer la coordinación entre las entidades.
El alcalde reiteró que está dispuesto a mantener el diálogo sobre las propuestas presentadas y que cualquier estrategia debe respetar las competencias institucionales. Su posición busca mantener el apoyo del Ejército en tareas focalizadas, pero sin desconocer el papel que corresponde a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana.
La primera jornada del cabildo dejó así dos discusiones complementarias: por un lado, las propuestas de los promotores para ampliar las tareas de los militares en Bogotá y, por otro, la postura de la Alcaldía sobre las condiciones bajo las cuales puede utilizarse ese apoyo. La diferencia está en el alcance de la participación militar y en los límites que deben establecerse para su intervención.
La sesión concluyó sin una decisión sobre la implementación de las iniciativas. El debate continuará en una próxima reunión del Concejo de Bogotá, en la que los concejales expondrán sus posiciones sobre la asistencia militar y las estrategias que debería adoptar la ciudad para enfrentar los problemas de seguridad.
