La crisis financiera de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una crisis política que provocó la salida de Santiago Peña de la Presidencia de Paraguay. En cuestión de días, el mandatario presentó su renuncia, enfrentó un juicio político, fue destituido por el Senado y quedó bajo custodia de las autoridades judiciales. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la jefatura del Estado mientras avanzan las investigaciones sobre el desplome de la entidad financiera.
El detonante fue la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank, una de las entidades financieras con mayor número de clientes en el país. El organismo supervisor ordenó el procedimiento de resolución después de detectar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido, situación que comprometía su continuidad operativa.
La decisión se conoció el 3 de noviembre y dejó en incertidumbre a cerca de 2,9 millones de clientes. La entidad también administraba importantes recursos públicos, estimados en alrededor de US$800 millones, entre ellos depósitos de instituciones estatales y del sistema de previsión social.
El caso adquirió una dimensión política por los vínculos empresariales que había tenido Peña con el grupo propietario de Ueno. El mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, circunstancia que abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y sobre la relación entre el Gobierno y la entidad financiera.
Las investigaciones también pusieron bajo la lupa operaciones crediticias con empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, conglomerado que controlaba el banco. Los organismos de supervisión habían identificado préstamos y exposiciones financieras que generaron dudas sobre las garantías, la documentación y la capacidad de pago de algunas sociedades vinculadas.
A medida que se conocían los problemas de la entidad, la controversia alcanzó a las autoridades encargadas de vigilar el sistema financiero. El entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, también quedó involucrado en las investigaciones y terminó enfrentando señalamientos por su actuación durante el proceso de supervisión de Ueno Bank.
La crisis se agravó con las detenciones de antiguos directivos de la entidad financiera. La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la administración del banco, las operaciones con empresas vinculadas y el manejo de los recursos. El caso dejó de ser exclusivamente un problema de solvencia y se convirtió en un asunto de responsabilidad penal y política.
En medio de las críticas, Peña respaldó la necesidad de establecer responsabilidades y pidió medidas para acelerar la devolución de los depósitos. Sin embargo, sus vínculos empresariales anteriores con el grupo propietario de la entidad llevaron a sectores políticos y sociales a cuestionar su actuación y a reclamar explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos.
El 5 de noviembre, cuando avanzaba el procedimiento para someterlo a juicio político, Peña presentó su renuncia a la Presidencia. La decisión no puso fin al proceso: la bancada oficialista rompió el cuórum en la Cámara de Diputados antes de que pudiera tramitarse su dimisión, por lo que el juicio político continuó hacia el Senado.
La renuncia se convirtió así en un episodio central de la crisis institucional. La oposición y sectores que se apartaron de la posición oficialista defendieron que el mandatario debía responder ante el Congreso por los hechos relacionados con Ueno Bank y por su posible responsabilidad en las decisiones que afectaron los recursos públicos.
La Cámara de Diputados formuló la acusación y el Senado asumió el papel de tribunal político. El procedimiento buscaba determinar si Peña había incurrido en mal desempeño de sus funciones, una de las causales constitucionales para separar a un presidente de su cargo.
El viernes 6 de noviembre, el Senado resolvió destituirlo con 44 votos. La decisión se produjo después de que los legisladores examinaran los cargos y los argumentos presentados por la defensa. Con esa votación, Peña dejó de ejercer la Presidencia y perdió los fueros asociados a su investidura.
Entre los cuestionamientos que sustentaron el juicio político estuvieron los presuntos conflictos de intereses relacionados con Ueno Bank, el manejo de depósitos de instituciones públicas y las actuaciones de los organismos encargados de supervisar la entidad. Los señalamientos fueron presentados como motivos de responsabilidad política, sin que la destitución equivalga por sí misma a una condena penal.
La salida de Peña activó el mecanismo constitucional de sucesión. Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, juró como nuevo presidente de Paraguay durante una sesión extraordinaria del Congreso. Su llegada al cargo busca completar el periodo presidencial 2023-2028.
Alliana asumió en medio de una situación económica y social delicada. Entre sus primeras prioridades anunció que atendería los problemas de los ahorradores afectados por el cierre de Ueno Bank y que buscaría recuperar la normalidad institucional. También comenzó a realizar cambios en el gabinete ministerial.
La transición, sin embargo, no puso fin a las protestas. Sectores de la oposición y manifestantes cuestionaron la llegada de Alliana al poder y reclamaron que se investigue también la responsabilidad de otros integrantes del Gobierno. Algunas movilizaciones exigieron incluso elecciones anticipadas y nuevas medidas para proteger los recursos públicos.
Mientras se producía el cambio de Gobierno, la Fiscalía avanzó en el proceso penal contra Peña. El exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con el uso de su posición institucional para favorecer a la entidad financiera.
La hipótesis de los investigadores apunta a que Peña habría utilizado su influencia para incidir en organismos públicos y empresas estatales con el propósito de mantener depósitos de recursos públicos en Ueno Bank, pese a los problemas financieros que enfrentaba la entidad. El exmandatario niega haber cometido irregularidades y ha manifestado que colaborará con la justicia.
La investigación también alcanzó a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, quien fue señalado por presuntos delitos relacionados con la supervisión de la entidad y la elaboración de documentos públicos. Las autoridades buscan establecer si hubo omisiones o actuaciones irregulares que permitieron que las operaciones cuestionadas continuaran.
Después de la destitución, la Fiscalía ordenó inicialmente la detención de Peña en su domicilio, mientras era puesto a disposición de las autoridades judiciales. La medida se produjo una vez que perdió la inmunidad derivada de su cargo presidencial. Su situación procesal cambió posteriormente con la intervención del juzgado de garantías.
Este sábado 7 de noviembre, un juez ordenó que el expresidente permaneciera bajo prisión preventiva en una instalación militar, mientras avanza la investigación. La decisión se tomó después de que la Fiscalía solicitara una medida de aseguramiento para garantizar su comparecencia y el desarrollo del proceso.
Los cargos contra Peña no constituyen una sentencia condenatoria. La justicia deberá examinar las pruebas sobre los presuntos beneficios concedidos a Ueno Bank, la intervención de funcionarios públicos y la posible utilización de recursos estatales para favorecer a la entidad. La defensa del exmandatario sostiene que no cometió delitos y espera que el caso sea desestimado.
En paralelo, el Gobierno paraguayo debe responder por los depósitos que quedaron comprometidos tras la resolución de Ueno Bank. El Fondo de Garantía de Depósitos comenzó a realizar devoluciones a los ahorradores, mientras las autoridades trabajan en los mecanismos para transferir recursos y atender a los clientes que no pueden disponer de sus cuentas.
Hasta el 7 de noviembre, se había informado del pago de aproximadamente US$160 millones a cerca de 1,2 millones de ahorradores. El proceso contempla límites de cobertura y mecanismos diferenciados según los montos depositados, por lo que la devolución de los recursos no se ha completado para todos los clientes.
La dimensión del caso también está relacionada con el volumen de recursos públicos que manejaba el banco. Entre las entidades que tenían depósitos en Ueno figuraban instituciones estatales y organismos vinculados al sistema de previsión social. Por eso, las investigaciones no se limitan a determinar qué ocurrió con los ahorros particulares, sino que buscan establecer si hubo perjuicios para el patrimonio público.
El caso dejó además bajo escrutinio el funcionamiento de los mecanismos de supervisión financiera. Las autoridades deberán establecer por qué las operaciones cuestionadas no fueron corregidas oportunamente, qué decisiones adoptaron los organismos de control y si existieron advertencias que no recibieron la respuesta correspondiente.
La caída de Peña tuvo, por tanto, dos desenlaces diferentes. En el plano político, el Senado lo destituyó y Pedro Alliana asumió la Presidencia. En el judicial, el expresidente quedó imputado y bajo prisión preventiva, pero todavía debe enfrentar un proceso en el que se determinará si tiene responsabilidad penal en las irregularidades investigadas.
Paraguay inicia así una nueva etapa de Gobierno mientras intenta resolver las consecuencias financieras del colapso de Ueno Bank. La prioridad inmediata es devolver los depósitos y recuperar la confianza en el sistema bancario, pero el proceso también exige esclarecer el papel de los funcionarios, los organismos de supervisión y los antiguos directivos de la entidad.
La salida de Santiago Peña no cerró la crisis que comenzó con la intervención del banco. Por el contrario, abrió una investigación de mayor alcance sobre la relación entre el poder político, los recursos públicos y el sistema financiero. El resultado judicial determinará si las acusaciones contra el expresidente y otros funcionarios se traducen en condenas o si son desvirtuadas durante el proceso.
