El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate un proyecto de acuerdo que busca ampliar los mecanismos de vigilancia y control frente a los vehículos mal estacionados en la ciudad. La propuesta permitiría que cualquier ciudadano reporte estas infracciones mediante fotografías y videos tomados desde su teléfono celular.
La iniciativa, impulsada por el concejal Juan David Quintero, pretende involucrar a los habitantes de la capital en la identificación de comportamientos que afectan la movilidad, obstaculizan el espacio público y ponen en riesgo a peatones, ciclistas y conductores.
Aunque el proyecto ha sido presentado como una medida que podría aumentar las multas para los mal parqueados, su propósito principal no es modificar el valor de las sanciones económicas. La apuesta consiste en ampliar las posibilidades de detectar y documentar las infracciones para que las autoridades puedan adelantar los procedimientos correspondientes.
La propuesta contempla que los ciudadanos puedan registrar con sus dispositivos móviles situaciones en las que los conductores estacionen sus vehículos en lugares prohibidos. Las fotografías y grabaciones servirían como elementos de prueba para que las autoridades de tránsito evalúen cada caso.
Entre los comportamientos que busca combatir están los vehículos estacionados sobre los andenes, una práctica que obliga a los peatones a desplazarse por las vías y afecta especialmente a personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con coches infantiles.
También se pretende identificar a los conductores que invaden las ciclorrutas o dejan sus automotores en espacios destinados exclusivamente al tránsito de bicicletas. Estas conductas pueden generar riesgos de accidentes y obligan a los ciclistas a incorporarse a los carriles vehiculares.
Otro de los objetivos es detectar automóviles que bloquean carriles de circulación, obstaculizan intersecciones o permanecen estacionados en zonas donde está expresamente prohibido hacerlo. La iniciativa busca que estas situaciones no dependan exclusivamente de la presencia de agentes de tránsito para ser identificadas.
El mecanismo también contempla la posibilidad de utilizar grabaciones provenientes de cámaras de seguridad instaladas en centros comerciales. Estos registros podrían aportar información para identificar vehículos y documentar infracciones cometidas en sus alrededores o zonas de influencia.
La participación ciudadana, sin embargo, no significa que los habitantes de Bogotá vayan a tener facultades para imponer comparendos directamente. Su función sería aportar el material probatorio, mientras que la revisión de las evidencias y la eventual aplicación de las sanciones seguirían en manos de las autoridades competentes.
Por esa razón, uno de los aspectos centrales de la implementación será establecer los procedimientos para recibir los reportes, verificar su autenticidad y determinar si las imágenes o videos permiten comprobar efectivamente una infracción de tránsito.
El concejal Juan David Quintero celebró la aprobación de la iniciativa y destacó que los ciudadanos podrán contribuir a identificar a quienes utilizan indebidamente los andenes, las ciclorrutas y otros espacios públicos. El proyecto busca convertir los teléfonos móviles en una herramienta adicional para apoyar las labores de control.
Quintero también se refirió a la posibilidad de aprovechar las cámaras de seguridad de los centros comerciales como fuente de información. La utilización de estos registros podría ampliar la cobertura de vigilancia, aunque dependerá de las condiciones técnicas y jurídicas que se establezcan para su recepción y validación.
La iniciativa había superado su primer debate en mayo de 2026 y el 5 de noviembre recibió la aprobación en segundo debate en el Concejo. Con ese resultado, avanzó hacia la siguiente etapa del trámite administrativo.
El paso pendiente es la sanción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Mientras no se complete ese procedimiento y se definan las condiciones para poner en marcha el sistema, los ciudadanos no podrán utilizar el mecanismo como una vía habilitada para reportar infracciones con efectos sancionatorios.
Por tanto, la aprobación del Concejo no implica que las nuevas herramientas de denuncia estén funcionando desde ahora. La puesta en marcha dependerá de las decisiones posteriores de la Administración distrital y de la reglamentación necesaria para determinar cómo operará el procedimiento.
Uno de los puntos que deberá quedar definido es el canal por el cual los ciudadanos enviarán las fotografías y los videos. También será necesario establecer qué información deberá acompañar cada reporte, cómo se identificará el lugar de la infracción y qué características deberán tener las pruebas para ser consideradas válidas.
La verificación será especialmente importante para evitar que se impongan sanciones a partir de imágenes incompletas, descontextualizadas o que no permitan establecer con claridad las circunstancias de la conducta. La identificación del vehículo y la comprobación de que se encontraba en un lugar prohibido serán elementos fundamentales.
El uso de cámaras privadas también abre preguntas sobre el acceso a las grabaciones, la protección de los datos personales y los criterios para que esos registros puedan incorporarse a un procedimiento administrativo. La reglamentación tendrá que precisar las condiciones bajo las cuales se podrán utilizar esas evidencias.
La discusión cobra relevancia por el valor de las sanciones que ya contempla el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, el comparendo correspondiente a estacionar un vehículo en sitios prohibidos, identificado con el código C02, tiene un valor de 633.200 pesos.
Los conductores que cancelen la multa dentro de los primeros cinco días hábiles pueden acceder al descuento del 50 %, por lo que pagarían 316.600 pesos. Si realizan el pago entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25 % y el valor queda en 474.900 pesos, de acuerdo con las tarifas citadas por Pulzo.
Además de la sanción económica, la infracción puede dar lugar a la inmovilización del vehículo. En esos casos, el propietario también debe asumir los costos correspondientes al servicio de grúa y la permanencia en los patios, cuando proceda.
La propuesta, en consecuencia, no plantea que las multas sean más costosas, sino que busca aumentar la capacidad de las autoridades para identificar a quienes incumplen las normas de estacionamiento. Si el sistema entra en funcionamiento, podría multiplicar los reportes sobre comportamientos que actualmente no siempre son detectados por los agentes de tránsito.
El alcance de la medida dependerá de que el procedimiento sea accesible para los ciudadanos y, al mismo tiempo, garantice la revisión de las pruebas y el respeto al debido proceso. Una denuncia no debería convertirse automáticamente en una sanción sin que exista una evaluación por parte de la autoridad correspondiente.
También será importante que la Administración distrital defina cómo se coordinará la recepción de los reportes con las labores de vigilancia que ya desarrollan las autoridades de movilidad. El sistema tendría que complementar los controles existentes y no reemplazar la responsabilidad institucional de garantizar el cumplimiento de las normas.
La iniciativa se suma a las discusiones sobre el uso del espacio público en Bogotá, donde el estacionamiento irregular afecta la circulación peatonal, la movilidad de los ciclistas y el tránsito vehicular. Su eventual implementación podría ampliar la participación de la ciudadanía en el control de estas conductas.
Por ahora, el proyecto ya cuenta con el aval del Concejo en segundo debate, pero todavía no está habilitado el mecanismo de denuncia. La decisión del alcalde y las reglas que se establezcan para recibir, verificar y tramitar las evidencias determinarán si los ciudadanos podrán convertirse en nuevos colaboradores de las autoridades frente al mal parqueo en la capital.
