La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama, Ana Lucía Pineda, quedó obligada por orden judicial a ampliar la información pública sobre los recursos que recibió para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por el senador Alejandro Ocampo, quien buscaba conocer cuánto dinero ingresó a la organización, quiénes hicieron los aportes y cuál fue el destino de las donaciones.
El Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá amparó el derecho fundamental de petición del congresista y ordenó a la fundación complementar la respuesta que había entregado el 20 de octubre. El plazo establecido fue de 48 horas a partir de la notificación del fallo.
La controversia tiene como punto de partida la campaña Colombia, un solo corazón, presentada como una iniciativa para canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en favor de las personas afectadas por el sismo. La fundación participó en la recepción y distribución de ayudas, y posteriormente informó que había recibido, administrado y canalizado más de $54.589 millones.
La discusión jurídica no se limita a establecer si la organización tiene naturaleza pública o privada. El juez consideró que su carácter privado no era suficiente para excluir del escrutinio la gestión que asumió dentro de la respuesta a la emergencia. En consecuencia, debía ofrecer información sustancial sobre los recursos vinculados a esa campaña. El Colombiano
La discusión sobre la naturaleza de la fundación
Antes de acudir a la justicia, Ocampo había enviado el 1.º de octubre un derecho de petición con veinte preguntas. El cuestionario incluía información sobre los montos recibidos, la identidad de los aportantes, el uso de los recursos, los gastos administrativos, los beneficiarios y los mecanismos de control. Al no considerar satisfactoria la contestación, presentó la tutela el 16 de octubre.
La fundación respondió el 20 de octubre. Según la reconstrucción publicada por El Colombiano, calificó las solicitudes como improcedentes, aunque aseguró que contestaba voluntariamente y de buena fe. Para respaldar las cifras, remitió al informe de gestión divulgado cuatro días antes.
En esa respuesta, el apoderado de la organización, Luis Rafael Cotes Daes, sostuvo que la entidad era privada y no administraba recursos públicos. También argumentó que Ana Lucía Pineda, aunque fuera denominada primera dama, no tenía la condición de servidora pública.
Otro argumento de la fundación fue que el control político corresponde al Congreso como institución y no a un senador individual. Además, advirtió que parte de la información solicitada podía involucrar datos personales de terceros y de menores de edad.
Ocampo cuestionó que la contestación no resolviera de fondo sus preguntas y que utilizara una reserva general para limitar el acceso a la información. De acuerdo con El Colombiano, el senador manifestó que no insistía en conocer la identidad de los donantes que fueran personas naturales.
El juzgado abordó el asunto desde una circunstancia concreta: la campaña de recolección no se desarrolló únicamente como una iniciativa privada y aislada. El fallo tuvo en cuenta que la respuesta a la emergencia fue presentada institucionalmente como una operación articulada con el Gobierno y que la fundación fue difundida por entidades estatales como canal para recibir aportes.
Entre los antecedentes mencionados en la decisión estuvo el anuncio presidencial de que Pineda y Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinarían las ayudas empresariales y ciudadanas. También se consideró la difusión de la cuenta de la fundación por parte de la Vicepresidencia y de otras entidades.
Con esos elementos, el despacho concluyó que la fundación debía responder por los aportes que recibió, administró o distribuyó dentro de Colombia, un solo corazón. El alcance de la orden, por tanto, quedó vinculado a esa campaña y no a la totalidad de las actividades de la organización.
El juez también delimitó el objeto del proceso: no le correspondía pronunciarse sobre la legalidad del papel desempeñado por la primera dama en la coordinación de las ayudas. La controversia que resolvió fue la vulneración del derecho de petición y la obligación de entregar información suficiente sobre la gestión de los recursos.
Qué información debe entregar
Uno de los puntos que debe aclarar la fundación es el monto de las donaciones, su destinación y los plazos previstos para ejecutar los recursos. No basta con remitir a un balance general si las preguntas formuladas requieren precisar cómo se distribuyeron los aportes y qué compromisos existen sobre los dineros todavía disponibles.
El fallo también exige entregar el Informe de Gestión 2026 y los documentos que respaldan el balance financiero. La importancia de esos soportes está en que permiten contrastar las cifras reportadas con registros, comprobantes y documentos de ejecución, en lugar de depender únicamente de un resumen institucional.
Otro requerimiento se refiere a los aportes de contratistas del Estado. La fundación deberá informar si tiene conocimiento de donaciones realizadas por personas o empresas con contratos públicos. La orden no equivale a afirmar que esos aportes existieron ni que se haya configurado una incompatibilidad; busca establecer qué información tiene la organización al respecto.
El despacho pidió, además, explicar una donación destinada a la reconstrucción de instituciones educativas y de salud en Cali. La fundación deberá precisar cómo se verificará que esos recursos se apliquen al propósito anunciado y cuáles son los mecanismos previstos para hacer seguimiento a las obras.
Ese punto tiene relevancia por la concentración de una parte importante de los aportes en un donante. El informe citado por El Colombiano atribuye cerca del 81 % de los recursos a un aporte del Grupo Gilinski. Pineda ha señalado que ese dinero fue reservado para la fase de reconstrucción.
La fundación también debe explicar cómo controla las donaciones en especie. El requerimiento incluye información sobre inventarios, seguimiento de los bienes recibidos y eventuales pérdidas, deterioros o devoluciones. Se trata de establecer la trazabilidad no solo del dinero, sino también de los alimentos, materiales y demás elementos entregados para atender la emergencia.
En cuanto a los beneficiarios, el juez ordenó suministrar información agregada o anonimizada. Esto permite conocer el alcance de las ayudas sin divulgar datos personales que puedan identificar a las personas afectadas, en particular cuando se trata de población vulnerable o menores de edad.
La decisión, sin embargo, no impuso una obligación ilimitada de revelar información. El juzgado aclaró que la fundación no está obligada a elaborar documentos que no existan ni a entregar la identidad de los donantes que sean personas naturales. El deber de respuesta se refiere a la información que posee y a los documentos existentes relacionados con la campaña.
Los recursos reportados y la fase de reconstrucción
El informe de gestión que la fundación presentó ante el juzgado registra $54.589.523.791 recibidos, administrados y canalizados entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026. Según el mismo balance, la organización movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios.
En ese reporte, los gastos administrativos aparecen alrededor de los $12 millones. La fundación ha sostenido que una parte sustancial de los recursos líquidos no se destinó a la primera fase de atención humanitaria porque se reservó para proyectos de reconstrucción.
Pineda explicó que la decisión de reservar esos recursos fue adoptada con la junta directiva. Según sus declaraciones recogidas por El Colombiano, la organización tenía alianzas iniciales con constructoras para avanzar en la recuperación de viviendas y contemplaba coordinar con las alcaldías la selección de las familias beneficiarias.
La fundación también ha divulgado públicamente que el aporte del Grupo Gilinski está destinado a la reconstrucción de infraestructura educativa y de salud en Cali. La información disponible antes del fallo señalaba que ese dinero no se había utilizado en la etapa inicial de atención humanitaria.
La diferencia entre los recursos recibidos y los ejecutados es uno de los asuntos que la respuesta complementaria debe permitir entender. Para ello será necesario conocer los compromisos adquiridos, los cronogramas, los criterios de selección de proyectos y los soportes que demuestren cómo se protegerá la destinación anunciada por los donantes.
Un elemento adicional es que la página de transparencia de la fundación mantiene como última actualización de la sección de informes de gestión la fecha del 16 de octubre. Allí continúa disponible el documento correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y esa fecha. Por ahora, no aparece publicado allí un informe posterior que permita identificar qué información adicional se entregó después del fallo.
Por eso, todavía es necesario distinguir entre el cumplimiento de la orden judicial y la publicación de información en el sitio web. La existencia de un informe previo no demuestra, por sí sola, que la fundación haya enviado al senador todos los soportes solicitados. Tampoco permite afirmar que haya incumplido: para establecerlo se requiere conocer la respuesta complementaria y, eventualmente, la posición de Ocampo frente a ella.
Una orden de información, no una declaración de irregularidades
El fallo no determinó que hubiera apropiación indebida, desvío de donaciones o responsabilidad penal o disciplinaria de la representante legal de la fundación. Su decisión se circunscribió al derecho de petición y a la obligación de ampliar la información relacionada con los recursos de la campaña.
El siguiente paso para esclarecer el caso es conocer la respuesta que la organización remitió después de la notificación, verificar si incluyó los soportes financieros y operativos exigidos y establecer si el senador consideró atendida su solicitud. Hasta que esos documentos sean conocidos, las preguntas sobre la ejecución de los recursos y el avance de la reconstrucción siguen abiertas.
