El Gobierno nacional anunció que pondrá en venta bienes inmuebles vinculados a Almagrario, compañía dedicada al almacenamiento, bodegaje y prestación de servicios logísticos, como parte de las medidas para conseguir recursos frente a la situación fiscal del país. El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, durante la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport, celebrada el 6 de noviembre de 2026 en Cartagena.
El funcionario aseguró que había solicitado el inventario de los bienes de Almagrario y que esperaba iniciar su comercialización durante la semana siguiente. Entre los inmuebles mencionados se encuentran las instalaciones de la compañía en Santa Marta, que fueron ofrecidas a los empresarios del sector cafetero durante el encuentro con representantes de los gremios.
«El Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas», afirmó Dangond al explicar la decisión. El ministro agregó que la cartera no debería destinar recursos y esfuerzos a mantener instalaciones que no estén directamente relacionadas con sus funciones y sostuvo que la venta de bienes estatales hace parte del ajuste que busca implementar la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
La iniciativa se inscribe en la estrategia gubernamental para obtener ingresos mediante la enajenación de activos públicos que se consideran improductivos o que tienen poca relación con las funciones misionales de las entidades. El propósito, según las declaraciones del ministro, es convertir esos bienes en recursos que contribuyan a enfrentar las dificultades financieras del Estado y evitar mayores presiones sobre las cuentas públicas.
El anuncio también está relacionado con el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, que el Gobierno radicó ante la Cámara de Representantes el 29 de octubre. La iniciativa contempla medidas de ajuste fiscal, reducción del gasto público y movilización de activos estatales, entre otros mecanismos para mejorar las finanzas nacionales.
Uno de los componentes de la propuesta legislativa busca que las entidades del orden nacional identifiquen los bienes que no necesitan para cumplir sus funciones y avancen en su transferencia y comercialización a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA). El proyecto contempla plazos para que las instituciones elaboren y reporten los inventarios correspondientes, con el propósito de facilitar la identificación de propiedades y participaciones estatales que puedan convertirse en recursos.
Sin embargo, la Ley de Rescate Económico todavía se encontraba en trámite legislativo al momento del anuncio del ministro. Por tanto, no puede presentarse como una norma ya aprobada que autorice automáticamente la venta de los bienes mencionados por Dangond. La eventual operación deberá ajustarse a las disposiciones vigentes y a los procedimientos que correspondan según la naturaleza jurídica y la titularidad de cada activo.
La situación de Almagrario introduce una particularidad que resulta fundamental para entender el alcance del anuncio. Aunque se trata de una compañía vinculada al sector agropecuario, no es una dependencia del Ministerio de Agricultura ni una empresa cuyo capital pertenezca completamente al Estado. Es una sociedad anónima que presta servicios de almacenamiento, depósito y logística para diferentes actividades económicas.
De acuerdo con la información divulgada sobre su composición accionaria, los ministerios de Agricultura y Hacienda tienen conjuntamente una participación del 49 % en la compañía. El porcentaje restante corresponde a otros accionistas, después de los procesos de privatización que experimentó la empresa. Esta distribución significa que el Estado tiene una participación importante, pero no es propietario de la totalidad de la sociedad.
La diferencia tiene implicaciones jurídicas y económicas. Una cosa es que el Gobierno venda las acciones que posee en una compañía y otra que decida comercializar los inmuebles que pertenecen a esa sociedad. En el primer escenario se negocian participaciones accionarias estatales; en el segundo, los bienes deben ser enajenados por su propietario, en este caso la empresa, con sujeción a las reglas corporativas y legales correspondientes.
Por esa razón, el anuncio de Dangond deja pendiente una explicación sobre la figura que utilizará el Gobierno. Si la intención es vender inmuebles pertenecientes a Almagrario, será necesario establecer qué facultades tiene el Ministerio para promover esa operación y qué decisiones deben adoptar los órganos de administración de la compañía. La participación estatal del 49 % no significa que la cartera pueda disponer unilateralmente de todos los activos de la sociedad.
La primera instalación mencionada por el ministro fue la bodega de Almagrario en Santa Marta. Dangond se refirió expresamente a ese inmueble durante la Cumbre Cafetera y lo ofreció a los empresarios del sector como una infraestructura que podría ponerse a disposición de sus actividades comerciales y logísticas. La referencia a la capital del Magdalena convirtió esa instalación en el primer ejemplo concreto de los bienes que entrarían en la estrategia anunciada.
No obstante, alrededor de ese inmueble también surgió una diferencia en la información divulgada posteriormente. Mientras los primeros reportes presentaron la declaración del ministro como un anuncio de venta de las bodegas, otras publicaciones señalaron que el Ministerio estaría adelantando gestiones para asumir la instalación de Santa Marta y ponerla al servicio de los empresarios cafeteros. Se trata de dos alternativas distintas: vender un activo para obtener recursos o destinarlo a una actividad productiva relacionada con el sector agropecuario.
Hasta el 8 de noviembre no se habían divulgado documentos que permitieran establecer cuál será el mecanismo definitivo para esa instalación. Tampoco se conocían los avalúos comerciales, el precio mínimo de venta, las condiciones para participar en una eventual negociación ni la identidad de posibles compradores. El ministro anunció su intención de avanzar rápidamente, pero todavía faltaba conocer los detalles administrativos y patrimoniales de la operación.
Otro interrogante está relacionado con el inventario que solicitó Dangond. Para determinar qué bienes pueden comercializarse es necesario establecer su ubicación, titularidad, situación registral, condiciones físicas, estado de ocupación y posibles obligaciones asociadas. También debe conocerse si existen contratos de arrendamiento, compromisos comerciales o restricciones que puedan afectar una eventual negociación.
La valoración económica será otro elemento determinante. La venta de un inmueble estatal debe contar con procedimientos que permitan establecer su precio y garantizar condiciones transparentes para los interesados. La normativa colombiana contempla mecanismos como la enajenación directa mediante sobre cerrado, la subasta pública y la utilización de intermediarios especializados, según las características del activo y el procedimiento aplicable.
En ese contexto aparece CISA, entidad estatal que tiene entre sus funciones gestionar, administrar, comercializar y enajenar activos de propiedad pública. La legislación sobre movilización de activos establece mecanismos para que las entidades nacionales transfieran a esa sociedad los bienes que no necesitan para desarrollar sus funciones, de acuerdo con las condiciones legales correspondientes. Sin embargo, la aplicación de ese mecanismo debe examinarse frente a la naturaleza jurídica de Almagrario y la titularidad de los inmuebles.
La diferencia entre los bienes propiedad directa del Estado y los activos de una sociedad con participación estatal resulta especialmente importante. No todos los inmuebles relacionados con una entidad pública pueden venderse mediante el mismo procedimiento. En el caso de Almagrario, primero debe determinarse si las propiedades están registradas a nombre de la compañía o de alguna entidad estatal y qué facultades tienen los accionistas para autorizar su comercialización.
También falta conocer cuánto espera recaudar el Gobierno con esta estrategia. Dangond no presentó una estimación del valor de los inmuebles ni explicó qué proporción de los recursos que se obtengan correspondería directamente al Estado. Tampoco precisó si el dinero se destinaría al presupuesto nacional, a cubrir obligaciones de la compañía o a financiar programas del sector agropecuario. Sin esos datos no es posible establecer el impacto fiscal real del anuncio.
La información financiera de Almagrario también merece atención. La compañía tiene una actividad empresarial propia y presta servicios a diferentes clientes, por lo que la eventual venta de sus instalaciones podría afectar su capacidad operativa y sus relaciones comerciales. Antes de tomar una decisión será necesario establecer cuáles inmuebles son prescindibles y cuáles cumplen funciones relevantes para la prestación de servicios de almacenamiento y logística.
El debate tiene una dimensión adicional para el sector agropecuario. Las bodegas y centros de almacenamiento pueden cumplir funciones estratégicas en la conservación, recepción, distribución y comercialización de productos agrícolas. Por eso, desprenderse de esa infraestructura no representa solamente una operación inmobiliaria: también puede modificar las condiciones de acceso a servicios logísticos para productores, comercializadores y empresas vinculadas con las cadenas de abastecimiento.
En el caso de Santa Marta, la ubicación de la instalación abre preguntas sobre su importancia para el movimiento de mercancías y las actividades comerciales relacionadas con el puerto. Si el inmueble termina vendido a un particular, será necesario conocer qué condiciones tendrá para los usuarios que actualmente dependen de sus servicios y si existen alternativas para mantener la infraestructura al servicio de las actividades productivas de la región.
El anuncio se produjo, además, en una cumbre en la que el ministro presentó otras medidas para respaldar a los productores cafeteros. Entre ellas mencionó una línea de crédito para facilitar el reperfilamiento de las obligaciones de los caficultores, subsidios de hasta el 60 % para seguros contra riesgos climáticos y un incentivo para la renovación de cafetales. También anunció que el Gobierno promovería el consumo exclusivo de café colombiano en las entidades estatales.
Esas iniciativas muestran que la intervención del ministro estuvo centrada en la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones económicas del sector cafetero, al tiempo que planteó la venta de activos como una fuente de recursos para el Estado. Sin embargo, todavía no se ha establecido si los ingresos derivados de la comercialización de los inmuebles tendrían una destinación específica para financiar los programas anunciados en la cumbre.
El Gobierno también tiene pendiente explicar cómo se garantizará que la operación no termine afectando el patrimonio público. La transparencia de los avalúos, la identificación de los propietarios, la publicidad de los procesos y la participación de posibles compradores serán aspectos fundamentales para determinar si la venta se realiza en condiciones adecuadas. La rapidez anunciada por el ministro no reemplaza las exigencias administrativas y jurídicas que deben cumplirse antes de transferir un bien.
En consecuencia, el anuncio de Dangond abre varios interrogantes que todavía no tienen respuesta: ¿qué inmuebles se venderán?, ¿quién es el propietario de cada uno?, ¿cuánto valen?, ¿qué porcentaje de los recursos recibirá efectivamente el Estado y qué ocurrirá con las actividades que actualmente se desarrollan en esas instalaciones? También está pendiente establecer si la bodega de Santa Marta será comercializada o si el Gobierno buscará otra fórmula para ponerla al servicio de los cafeteros.
Por ahora, lo confirmado es que el Ministerio de Agricultura solicitó el inventario de los bienes de Almagrario y manifestó su intención de ponerlos en venta como parte de la estrategia de ajuste fiscal. La operación todavía requiere precisiones sobre su alcance, sus procedimientos y sus resultados económicos. El caso de Santa Marta será una primera prueba para establecer si el Gobierno busca desprenderse de infraestructura empresarial, reorganizar su participación en activos vinculados al sector agropecuario o convertir esas instalaciones en herramientas de apoyo a los productores.
