El caso de Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de favores sexuales a cambio de contratos estatales, comenzó a generar pronunciamientos dentro del Pacto Histórico. Después de un primer periodo de silencio de varios dirigentes de la colectividad, el senador Iván Cepeda y las mujeres de la bancada en el Congreso fijaron posiciones frente a las acusaciones y el material audiovisual divulgado por la denunciante.
Las declaraciones se conocieron el viernes 6 de noviembre de 2026, dos días después de que Jiménez publicara en sus redes sociales un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece junto a Petro en un encuentro privado. La mujer presentó la grabación como una prueba de la relación que, según su versión, sostuvo con el exmandatario y pidió garantías de seguridad para ella y su familia.
La publicación se produjo en medio de las denuncias que Jiménez había presentado públicamente sobre una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, habrían recibido contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales para el entonces presidente. Se trata de señalamientos que involucran posibles irregularidades en la contratación pública y que deben ser establecidos por las autoridades competentes.
La divulgación del video también modificó el escenario de la discusión política. Hasta entonces, uno de los cuestionamientos que habían planteado algunos sectores frente al relato de Jiménez era la ausencia de una prueba audiovisual que mostrara directamente su vínculo con Petro. La grabación aportó un elemento sobre la relación entre ambos, pero no demuestra por sí misma que hubiera existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.
Petro, por su parte, rechazó las acusaciones y negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales. En su respuesta sostuvo que el video no había sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y cuestionó que se pretendiera establecer responsabilidades a partir de publicaciones en redes sociales. También afirmó que las pruebas deben presentarse ante las autoridades judiciales y no convertirse en materia de juicios mediáticos.
La posición de Iván Cepeda
Uno de los primeros dirigentes del Pacto Histórico consultados sobre el video fue Iván Cepeda. El 5 de noviembre, cuando periodistas de Blu Radio le preguntaron por la publicación de Jiménez, el senador evitó referirse directamente al contenido y manifestó que no quería que otros asuntos desviaran la atención de la agenda política que estaba atendiendo en ese momento.
Su respuesta fue interpretada como una decisión de no entrar inicialmente en la controversia. Sin embargo, al día siguiente, Cepeda divulgó un comunicado en el que abordó el asunto desde los principios éticos y políticos de su colectividad, particularmente en lo relacionado con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de sus integrantes ante la justicia.
En el documento, el senador sostuvo que quienes integran y dirigen el Pacto Histórico tienen el deber de garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos públicos y de la contratación estatal. También expresó un rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de las responsabilidades públicas.
El pronunciamiento no se limitó a una declaración general sobre la contratación estatal. Cepeda señaló que, ante cualquier denuncia, señalamiento o requerimiento de las autoridades judiciales, los integrantes de la colectividad deben asumir su defensa, comparecer ante los organismos competentes y responder por sus actuaciones con la verdad y con sujeción a la ley.
El senador Cepeda también hizo referencia directa a Petro. Afirmó que el expresidente había manifestado su disposición a comparecer ante la justicia y responder con la verdad, y agregó que esa conducta debía ser un compromiso de todos los integrantes del movimiento. De esta manera, su declaración trasladó el énfasis desde la defensa política del exmandatario hacia la obligación de responder ante las instituciones.
La posición de Cepeda incluyó, además, un llamado a garantizar la independencia e imparcialidad de las investigaciones. El dirigente pidió que se respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, de manera que las responsabilidades no se establezcan anticipadamente por medio de declaraciones públicas o confrontaciones políticas.
Las mujeres del Pacto Histórico: investigar sin justificar
Paralelamente, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso publicaron un comunicado de tres páginas en el que fijaron una posición frente a las denuncias. Su pronunciamiento tuvo dos componentes: exigir que las acusaciones sean investigadas y solicitar garantías para Deicy Jiménez, sin desconocer el derecho de Petro a la presunción de inocencia.
Las congresistas afirmaron que toda denuncia debe ser escuchada con respeto y que las autoridades tienen la obligación de ofrecer acompañamiento y protección a las mujeres involucradas. En particular, solicitaron a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar la situación de Jiménez y adoptar las medidas necesarias para que pueda acudir a las instancias judiciales sin temor.
Uno de los elementos centrales del comunicado fue la necesidad de examinar las posibles asimetrías de poder entre las personas involucradas. Las legisladoras señalaron que, cuando existen relaciones de subordinación, esa circunstancia debe ser considerada dentro de las investigaciones, especialmente cuando los señalamientos involucran a una persona que ocupó la Presidencia de la República y a una mujer que tuvo contratos con entidades estatales.
La bancada también recordó que los estatutos del Pacto Histórico contemplan el rechazo a la discriminación, las violencias basadas en género y la violencia política. Según el documento, la colectividad cuenta con mecanismos disciplinarios para actuar frente a conductas que contradigan esos principios, siempre con respeto al debido proceso.
Sin embargo, las congresistas también hicieron una precisión sobre la situación jurídica de Petro. Indicaron que el material divulgado públicamente no había sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial y solicitaron que la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la Fiscalía y la Procuraduría adelanten sus actuaciones con independencia.
La declaración incluyó un mensaje particularmente dirigido a las mujeres feministas del movimiento, a quienes, según las congresistas, se les estaba exigiendo responder políticamente por las actuaciones del expresidente. En ese sentido, afirmaron que ninguna mujer debe asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que corresponden a los hombres.
El comunicado fue enfático al señalar que el feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar comportamientos por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas. Las congresistas defendieron que su compromiso con los derechos de las mujeres debe mantenerse independientemente de quién sea señalado o del proyecto político al que pertenezca.
En el mismo sentido, sostuvieron que no tienen que escoger entre su identidad feminista y su pertenencia a una organización política. Su argumento fue que la coherencia consiste precisamente en defender los mismos principios sin excepciones ni privilegios, incluso cuando las denuncias involucran a dirigentes de su propia colectividad.
Lalis y David Racero también intervinieron
La discusión tuvo otras intervenciones dentro del movimiento. La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, se pronunció desde su condición de congresista y feminista. Afirmó que no dejaría de defender los derechos de las mujeres y sostuvo que las integrantes del Pacto Histórico no tienen que hacerse responsables de las actuaciones de los hombres de su organización.
No obstante, Lalis también planteó la necesidad de hacer autocrítica dentro del movimiento. En su publicación pidió una investigación rigurosa, respeto por el debido proceso y evitar la revictimización de las mujeres involucradas. Su intervención coincidió con el comunicado de las congresistas en que la defensa de los derechos de las mujeres no debe depender de las afinidades políticas.
Por su parte, el senador David Racero manifestó que el Pacto Histórico debía entrar en un proceso de discusión y deliberación interna frente a las denuncias. Consideró necesario que los jueces establezcan qué ocurrió y den claridad sobre los señalamientos presentados por Jiménez y otras posibles denunciantes.
Racero también cuestionó que la controversia ocupara el centro de la discusión pública mientras se desarrollaban otros debates legislativos. Su intervención, por tanto, combinó el reconocimiento de la necesidad de investigar con una preocupación por el uso político del caso.
María José Pizarro respondió sobre los contratos de Jiménez
Otro pronunciamiento relevante fue el de la senadora María José Pizarro, mencionada por Jiménez en su relato sobre los contratos que habría obtenido en el Congreso. La legisladora negó que la denunciante hubiera trabajado en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Pizarro explicó que Jiménez fue contratada en la Vicepresidencia del Senado y que cumplió las labores administrativas que le fueron asignadas de acuerdo con su perfil. También aseguró que no conocía la existencia de una relación íntima entre ella y Petro.
La senadora manifestó que respetaría la orden del magistrado y que no se referiría a los hechos ni a las pruebas mientras avanzaba el proceso. Añadió que había solicitado a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de presentar su versión sobre los señalamientos.
Una posición que pone a prueba la coherencia del movimiento
Los pronunciamientos de Cepeda y de las mujeres del Pacto Histórico muestran dos aproximaciones complementarias frente a una controversia que compromete al principal dirigente de la colectividad. El senador puso el énfasis en la transparencia de la contratación pública y en la obligación de comparecer ante la justicia, mientras que las congresistas llevaron la discusión al terreno de los derechos de las mujeres, las relaciones de poder y la responsabilidad política de los partidos.
La diferencia también está en los destinatarios de sus mensajes. Cepeda se dirigió a los integrantes del movimiento y recordó que deben responder por sus actuaciones ante las autoridades. Las mujeres de la bancada, en cambio, reclamaron garantías para las denunciantes y cuestionaron que se les exija justificar a los dirigentes hombres por pertenecer a la misma organización política.
En ambos pronunciamientos aparece una coincidencia: la necesidad de que las autoridades judiciales establezcan los hechos y determinen si existieron responsabilidades. Ninguno de los dos comunicados constituye una declaración de culpabilidad contra Petro ni una descalificación de las denuncias de Jiménez.
El caso también abrió una discusión sobre la aplicación de los principios feministas dentro de las organizaciones políticas. La afirmación de las congresistas de que no deben existir excepciones por afinidad ideológica supone un compromiso que trasciende el comunicado y que podría tener consecuencias en los mecanismos internos de investigación y disciplina del Pacto Histórico.
Por ahora, la controversia tiene dos escenarios que avanzan en paralelo: el judicial, donde deberán examinarse los testimonios, los contratos, las comunicaciones y el material audiovisual, y el político, donde el movimiento tendrá que responder por la coherencia entre sus principios públicos y la manera en que enfrenta las denuncias contra uno de sus principales dirigentes.
La declaración de las mujeres del Pacto Histórico deja planteado un asunto adicional: la defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de la identidad política de la persona denunciada. La investigación deberá establecer si existieron las conductas señaladas, pero la obligación de garantizar protección a las denunciantes y respetar el debido proceso no depende de ese resultado.
