La promesa de Abelardo de la Espriella de rescatar financieramente el sistema de salud colombiano con $10 billones durante sus primeros 90 días de Gobierno terminó convertida en un programa de atención prioritaria para pacientes con medicamentos y procedimientos pendientes, respaldado inicialmente con apenas $500.000 millones. El plazo se cumplió el 5 de noviembre de 2026, pero la principal apuesta económica que el mandatario presentó durante su campaña todavía está lejos de materializarse.
El compromiso había sido uno de los principales anuncios de su programa de gobierno en materia sanitaria. De la Espriella planteó que su administración comenzaría por atender las necesidades más urgentes de los pacientes y, posteriormente, ejecutaría un rescate financiero que permitiera recuperar la capacidad económica de las instituciones que prestan los servicios de salud.
La propuesta contemplaba una inyección inmediata de $10 billones provenientes del presupuesto estatal. De ese monto, $4 billones serían destinados al pago de deudas de nómina y obligaciones con proveedores; otros $3 billones permitirían recuperar el flujo de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que $1,5 billones se utilizarían para tratamientos urgentes y otros $1,5 billones para garantizar el suministro de medicamentos.
Sin embargo, la cifra que el candidato presentó como una solución realizable en tres meses comenzó a encontrar dificultades incluso antes de que su administración iniciara formalmente. Ana María Vesga, quien posteriormente asumió el Ministerio de Salud, cuestionó el monto cuando le ofrecieron el cargo, debido a que no existía un estudio técnico que determinara cuánto dinero necesitaba realmente el sistema para superar sus problemas financieros.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por El País el 5 de noviembre, Vesga le manifestó al entonces presidente electo que los $10 billones no tenían un sustento técnico y que la necesidad real podía ser superior o inferior a esa cantidad. La advertencia puso de manifiesto una dificultad de origen: el Gobierno había heredado una promesa con una cifra definida, pero sin una cuantificación suficientemente sustentada de las obligaciones que debía cubrir.
La situación abrió interrogantes sobre la preparación del equipo que acompañó a De la Espriella durante la campaña y sobre la información financiera que tuvo a su disposición antes de formular el compromiso. Aunque la falta de empalme con la administración anterior pudo dificultar la consolidación de un diagnóstico, no hay evidencia suficiente para atribuirle directamente el incumplimiento. De hecho, las dudas sobre el cálculo de los recursos ya habían sido planteadas por la persona que terminaría encargada de ejecutar la política sanitaria.
La discusión no se limitaba a establecer cuánto dinero necesitaban las EPS, los hospitales y los proveedores. También era necesario identificar las fuentes presupuestales, determinar qué obligaciones podían reconocerse, establecer los mecanismos de pago y garantizar que los recursos adicionales se tradujeran en servicios efectivos para los pacientes. Sin esas condiciones, la distribución de los $10 billones constituía una propuesta financiera, pero no necesariamente un plan de ejecución.
Una de las primeras dificultades apareció al intentar identificar de dónde saldría el dinero. Durante la campaña, De la Espriella había planteado que los recursos procederían del presupuesto estatal y de una reasignación del gasto público. Su equipo económico había defendido la posibilidad de redirigir partidas destinadas a otros programas, entre ellos componentes de la estrategia de atención primaria del Gobierno anterior. Sin embargo, al llegar al poder, el Ministerio no tenía disponibles los $10 billones para poner en marcha el rescate.
El problema fue reconocido públicamente por la propia ministra. El 7 de octubre, La Silla Vacía informó que Vesga había confirmado la existencia de $500.000 millones asegurados en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para financiar la primera fase del plan. La funcionaria también explicó que el Gobierno continuaba buscando fuentes para financiar el resto de la propuesta, pero advirtió que no podía comprometer recursos sin garantizar su disponibilidad.
La diferencia entre los $10 billones anunciados y los $500.000 millones asegurados representaba apenas el 5 % de la meta inicial. Además, los recursos disponibles no estaban destinados a ejecutar integralmente el saneamiento financiero prometido, sino a financiar un mecanismo extraordinario para atender a pacientes identificados como prioritarios.
Otro de los obstáculos fue la situación fiscal del Estado. El Gobierno encontró restricciones presupuestales que limitaron su capacidad para aumentar las partidas destinadas a la salud. La dificultad quedó expuesta en septiembre, cuando Vesga planteó que necesitaba cerca de $14 billones adicionales en el presupuesto de 2027 para incrementar la UPC entre un 12 % y un 13 % y recuperar las reservas de vacunas, que se encontraban reducidas.
La solicitud de la ministra evidenció que el problema no se limitaba a conseguir recursos para pagar obligaciones acumuladas. También era necesario garantizar el funcionamiento ordinario del sistema, financiar los servicios que reciben los afiliados y responder al incremento de los costos de atención. Sin una asignación suficiente para estas necesidades, cualquier inyección extraordinaria podía terminar siendo insuficiente frente a las obligaciones que continuaban generándose.
Durante las discusiones presupuestales, el Ministerio consiguió una adición de $3 billones con el respaldo de sectores del Congreso. Sin embargo, el trámite del presupuesto terminó afectado por un error legislativo que impidió su aprobación como ley y obligó a expedirlo mediante decreto con el texto original, en el que no estaba incorporado ese incremento. La ministra comenzó entonces conversaciones con el Ministerio de Hacienda para recuperar los recursos, aunque la cifra seguía por debajo de sus necesidades.
La diferencia entre la promesa electoral y las condiciones presupuestales también dejó en evidencia un problema de planeación. Un rescate financiero de esa magnitud requería identificar previamente las partidas que podían reasignarse, establecer si existían recursos de libre disponibilidad y determinar qué obligaciones podían cubrirse sin comprometer otros componentes del sistema. La administración terminó buscando dinero después de haber asumido el compromiso de conseguirlo durante sus primeros tres meses.
A las restricciones fiscales se sumó la dimensión de las deudas acumuladas. Según los datos recogidos por La Silla Vacía, las obligaciones de las EPS habían llegado a $40,2 billones, frente a $16,2 billones cuatro años atrás. Esa evolución muestra que el problema financiero no podía resolverse únicamente con una operación de pagos de corto plazo, pues también era necesario detener el crecimiento de las obligaciones y recuperar la capacidad de pago de las aseguradoras.
La magnitud de la deuda permite dimensionar el esfuerzo que habría requerido cumplir la promesa de campaña. Si el objetivo era reducir las obligaciones hasta $4 billones, como planteó una de las versiones del programa, habría sido necesario disminuirlas en $36,2 billones. La operación habría exigido un ritmo de saneamiento extraordinariamente alto, además de mecanismos para impedir que las nuevas facturas volvieran a acumularse.
El Gobierno también tuvo que enfrentar una dificultad conceptual: la diferencia entre proporcionar liquidez y resolver los problemas financieros de las entidades. La compra de cartera permite que hospitales, clínicas y proveedores reciban recursos por servicios prestados y facturas pendientes, pero no significa necesariamente que las EPS recuperen su solvencia ni que desaparezcan las obligaciones que originaron la crisis.
Ese aspecto resulta fundamental para entender el mecanismo que terminó implementando la administración. El 21 de septiembre, De la Espriella anunció oficialmente la primera fase del Plan de Choque en Salud. En lugar de presentar una operación integral de capitalización y saneamiento por $10 billones, el Gobierno puso en marcha un esquema extraordinario de financiación dirigido a garantizar medicamentos y procedimientos que permanecían represados.
La estrategia contempló identificar a los pacientes con mayores riesgos y financiar directamente las atenciones pendientes mediante un mecanismo de compra de cartera. La ADRES pagaría las facturas a los prestadores y proveedores que realizaran los servicios, mientras que las EPS tendrían que devolver los recursos en un plazo de un año. La operación fue presentada inicialmente con una tasa de interés del 0 %, y el mecanismo de devolución informado posteriormente por el Ministerio contempló una tasa equivalente al IPC.
El presidente aseguró que no se trataba de entregar un cheque en blanco a las aseguradoras y que los pagos estarían sujetos a controles para evitar el reconocimiento de servicios que ya hubieran sido financiados. La supervisión quedó en manos de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Además, la administración anunció que podría descontar de futuros giros de la UPC los recursos que las EPS no reembolsaran.
La primera fase estaba dirigida a más de un millón de personas que tenían pendientes medicamentos o procedimientos. Entre los grupos priorizados se encontraban pacientes con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, afecciones renales, enfermedades cardiovasculares, diabetes insulinodependiente y otras condiciones que podían agravarse por la interrupción de sus tratamientos.
El Gobierno presentó la medida como una respuesta inmediata a las necesidades de los usuarios y como una forma de recuperar la relación entre las EPS y los prestadores. Sin embargo, el alcance del mecanismo era distinto al del rescate financiero original: se concentraba en financiar atenciones específicas y no en cancelar de manera general las deudas acumuladas por hospitales, clínicas, trabajadores y proveedores.
Los resultados iniciales mostraron avances, aunque también evidenciaron las dificultades para recuperar la capacidad de atención. Según el tablero de seguimiento citado por El País el 5 de noviembre, se había resuelto el 48 % de las atenciones pendientes correspondientes a pacientes que necesitaban medicamentos. En el caso de los procedimientos, el porcentaje se encontraba alrededor del 20 %.
La diferencia entre ambos indicadores refleja que el acceso a los servicios no depende exclusivamente de la disponibilidad de dinero. Algunos prestadores habían dejado de trabajar con determinadas EPS por las deudas acumuladas y la falta de garantías de pago. Recuperar esas relaciones comerciales requiere acuerdos, disponibilidad de personal, infraestructura y capacidad operativa, condiciones que no pueden restablecerse automáticamente con una transferencia de recursos.
El investigador Johnattan García-Ruiz, director de la consultora Decilion e investigador de la Universidad de Harvard, señaló en el balance publicado por El País que los resultados del tablero representaban un avance pequeño frente a los problemas generales del sistema. Su observación apunta a una diferencia entre resolver casos individuales y recuperar el funcionamiento financiero y asistencial de todo el sector.
La situación también puso en discusión la responsabilidad del equipo que elaboró el programa de gobierno. La promesa de los $10 billones tenía una distribución definida, pero no contaba con un cálculo técnico que permitiera establecer la suficiencia de la cifra ni con una ruta presupuestal que garantizara su ejecución. El hecho de que la propia ministra hubiera cuestionado el monto antes de asumir el cargo indica que las dificultades no fueron descubiertas exclusivamente durante la implementación.
La falta de empalme con el Gobierno anterior pudo haber incidido en la velocidad con la que se consolidó el diagnóstico, pero no explica por sí sola el resultado. Para establecer su impacto sería necesario conocer qué información recibió el equipo entrante, qué documentos solicitó, qué obligaciones encontró sin conciliar y cuáles fueron las advertencias que recibió de las entidades responsables de administrar los recursos del sistema.
Tampoco puede atribuirse todo el incumplimiento a las restricciones fiscales heredadas. La situación presupuestal condicionó la capacidad de respuesta del nuevo Gobierno, pero la responsabilidad de presentar una propuesta financieramente viable correspondía al equipo que diseñó y defendió el rescate durante la campaña. La identificación de las fuentes de financiación debía formar parte de la formulación inicial y no convertirse en una tarea pendiente después de la posesión.
Ante las dificultades para conseguir nuevos recursos mediante el presupuesto, la administración comenzó a plantear una alternativa de mayor alcance. El Gobierno presentó una Ley de Rescate Económico con la que espera recaudar $30 billones para el sector salud durante cuatro años. La propuesta incluye cambios en las cotizaciones de los trabajadores con mayores ingresos y nuevos gravámenes sobre productos como licores, tabaco y bebidas azucaradas, además de modificaciones al tratamiento tributario de los seguros de medicina prepagada.
La iniciativa, sin embargo, abrió otra discusión sobre la naturaleza de los recursos. El investigador García-Ruiz advirtió que los $30 billones anunciados no necesariamente representarían dinero adicional para el sistema, debido a que la propuesta contempla reducir en una magnitud equivalente los aportes que actualmente realiza la Nación. Por tanto, el resultado fiscal de la reforma y su efecto sobre la financiación efectiva de la salud dependerán de cómo queden estructurados los cambios.
El balance de los primeros 90 días deja así una diferencia sustancial entre lo anunciado y lo ejecutado. De la Espriella prometió una operación de rescate de $10 billones para pagar deudas, recuperar el flujo de la UPC y financiar tratamientos y medicamentos. Su Gobierno terminó poniendo en marcha un mecanismo de $500.000 millones para atender pacientes priorizados, mientras buscaba recursos adicionales para financiar el funcionamiento del sistema durante 2027.
El incumplimiento no significa que la primera fase del plan carezca de resultados ni que las atenciones financiadas no hayan beneficiado a pacientes. Pero sí implica que el compromiso de sanear financieramente el sistema durante los primeros tres meses no se materializó en los términos anunciados. La administración consiguió poner en marcha una respuesta de emergencia, pero dejó pendiente la solución de las obligaciones que afectan a los prestadores y a las aseguradoras.
Para determinar el alcance real de ese incumplimiento todavía es necesario conocer cuánto dinero se ha pagado efectivamente a hospitales y proveedores, qué parte de las deudas fue reconocida, cuáles son las obligaciones que siguen pendientes y qué recursos adicionales se destinarán al sistema. También será necesario establecer si las EPS están cumpliendo los compromisos de devolución y si los prestadores han recuperado las redes de atención que dejaron de operar.
La pregunta de fondo es si el Gobierno tenía un plan financieramente sustentado para cumplir la promesa de campaña o si los $10 billones fueron una cifra anunciada sin contar con las condiciones presupuestales para hacerla realidad. Mientras no se publiquen los soportes técnicos, las fuentes de financiación originales y un balance detallado de ejecución, la administración tendrá pendiente explicar cómo una de sus principales promesas sanitarias terminó reducida a una operación de emergencia que cubre apenas una fracción del monto comprometido.
