La seguridad fue uno de los principales argumentos de Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial. Su promesa de recuperar el control territorial, enfrentar a las organizaciones armadas y restablecer la autoridad del Estado en los primeros 90 días de Gobierno estuvo acompañada de un discurso de mano dura y de la presentación de medidas contundentes contra el crimen.
Sin embargo, al cumplirse ese primer periodo, el balance plantea una tensión entre la imagen que el mandatario ha construido alrededor de la confrontación directa y los resultados que se pueden comprobar en materia de seguridad. Mientras el presidente protagoniza recorridos con armas, participa en ejercicios militares y lanza advertencias a las organizaciones criminales, los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil continúan.
Una de las escenas más difundidas ocurrió el 22 de septiembre, cuando De la Espriella recorrió varios sectores de Santa Marta en medio de la crisis provocada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El mandatario apareció con uniforme de estilo militar, chaleco antibalas y una pistola visible en la cintura, mientras acompañaba a integrantes de la Fuerza Pública en patrullajes por barrios como Cristo Rey y Gaira.
El video difundido por el propio presidente estuvo acompañado de música épica y mensajes amenazantes contra los integrantes de esa organización. “Los vamos a cazar como las ratas que son”, afirmó en una de las grabaciones, en una intervención que buscaba transmitir determinación frente al grupo armado que había impuesto restricciones y generado temor entre los habitantes de la capital del Magdalena.
La aparición generó cuestionamientos sobre el papel que debe asumir un jefe de Estado en este tipo de operativos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que el presidente se mostrara como un combatiente y advirtió sobre los riesgos de que las instituciones terminen compitiendo por exhibir mayor crueldad frente a los actores armados.
De la Espriella respondió a las críticas con una frase que mantuvo el tono desafiante de su comunicación pública: “Que sigan criticando, que eso me impulsa”. La discusión, sin embargo, trascendió el hecho de que el mandatario portara un arma y se concentró en el mensaje institucional que transmite un presidente cuando decide convertirse en protagonista de una operación de seguridad.
La escena de Santa Marta no fue un episodio aislado. En septiembre, el mandatario también acompañó actividades de seguridad en Cali, donde apareció con pistola al cinto, chaleco antibalas y un radio de comunicaciones, mientras recorría sectores de la ciudad junto a uniformados. Las imágenes reforzaron una estrategia de comunicación que presenta al presidente en contacto directo con los operativos policiales.
En las principales ciudades, el Gobierno ha promovido los llamados Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que busca enfrentar estructuras criminales y delitos que afectan a los habitantes. Las intervenciones presidenciales en esos procedimientos, con radioteléfono y protección balística, han convertido las redadas y los despliegues policiales en escenarios recurrentes de comunicación gubernamental.
El mensaje se repitió el primero de noviembre durante una visita al Fuerte Militar de Tolemaida. Allí, De la Espriella conoció ejercicios de paracaidismo, asalto aéreo, combate urbano y entrenamiento de unidades especiales, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares.
Durante esa jornada, el presidente difundió imágenes en las que aparece con casco y gafas de protección, manipulando un fusil durante un simulacro de rescate de un rehén. También se le observó utilizando un revólver, en una demostración que fue presentada como parte de su acercamiento a las capacidades operacionales de las tropas.
La Presidencia explicó que la visita buscaba mostrar de primera mano la preparación y el equipamiento de las Fuerzas Militares. No obstante, la difusión de esas imágenes volvió a situar al mandatario en el centro de una representación visual de la confrontación armada, en lugar de limitar su presencia a la supervisión institucional de las capacidades militares.
Ese tipo de apariciones tiene un valor comunicativo evidente. Un presidente que acompaña a los uniformados, viste prendas de protección y participa en ejercicios puede transmitir respaldo a las tropas y proyectar una imagen de liderazgo. Pero esas escenas no constituyen, por sí mismas, evidencia de que el Estado haya recuperado territorios, reducido la capacidad de las organizaciones criminales o mejorado las condiciones de seguridad de las comunidades.
La diferencia entre la representación y los resultados fue uno de los puntos centrales del balance publicado por El País el 5 de noviembre, cuando se cumplieron los primeros 90 días de Gobierno. El periódico recogió la valoración de especialistas que reconocen una recuperación de la iniciativa militar, pero advierten que el principal desafío sigue siendo reemplazar la gobernanza criminal por una presencia legítima y permanente del Estado.
El investigador Jorge Mantilla describió la estrategia comunicativa del Gobierno con una observación: “Este es un Gobierno donde el relato es más importante que el dato”. En su análisis, elementos como el radioteléfono, las bolsas blancas, la pistola y el uniforme militar forman parte de una puesta en escena que busca transmitir la imagen de un liderazgo efectivo.
La apreciación no implica que las operaciones militares sean inexistentes o que carezcan de resultados. Durante los primeros tres meses, el Gobierno intensificó los bombardeos, las capturas, las extradiciones y la persecución de objetivos de alto valor. También ordenó despliegues militares en Santa Marta y Cúcuta para responder a crisis de orden público.
El problema aparece cuando esos resultados operacionales se presentan como equivalentes a la recuperación del control territorial. De la Espriella había prometido recuperar los territorios perdidos durante sus primeros 90 días, pero posteriormente precisó que el plazo correspondía a un plan de choque que incluía la captura de diez cabecillas importantes del narcotráfico y el crimen organizado.
Hasta el balance publicado por El País, el objetivo de mayor perfil abatido era Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Aunque su muerte representó un golpe para esa organización, el hecho no demuestra que la estructura haya perdido su capacidad de operar ni que el Estado haya consolidado el control de las zonas donde tiene presencia.
La persistencia de los ataques constituye otra dificultad para la narrativa oficial. El 7 de noviembre, un ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, dejó tres soldados muertos y decenas de uniformados afectados. El Ejército confirmó inicialmente ocho heridos de gravedad, mientras otros reportes elevaron a 31 el número total de militares afectados.
El ataque ocurrió en una región donde operan organizaciones como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, que disputan el control territorial y las economías ilegales. La acción puso de manifiesto que las instalaciones de la Fuerza Pública siguen expuestas a modalidades de ataque que han ganado capacidad y frecuencia en los últimos años.
El presidente condenó el atentado y ordenó intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables. Su respuesta mantuvo el lenguaje de confrontación que ha caracterizado sus intervenciones públicas, pero el episodio volvió a plantear una pregunta sobre la capacidad del Estado para proteger a sus propios integrantes frente a amenazas que ya no dependen exclusivamente de enfrentamientos convencionales.
Los datos sobre el uso de drones muestran la dimensión del problema. Según la Fundación Ideas para la Paz, Colombia registró 119 ataques de este tipo en 2024, 277 en 2025 y 351 hasta el 2 de noviembre de 2026. El promedio equivale a un ataque cada 21 horas, y agosto, el primer mes completo de la nueva Administración, fue el periodo con más casos del año, con 56.
Un informe de El País, publicado el 8 de noviembre, señaló que desde agosto al menos 12 integrantes de la Fuerza Pública habían muerto por explosivos lanzados desde drones, frente a ocho fallecidos durante los siete meses anteriores. A esa cifra se sumaron posteriormente el infante de marina Edwin Andrés Vargas, asesinado en octubre, y los tres soldados muertos en Santa Rosa del Sur.
La escalada, sin embargo, no comenzó con la llegada de De la Espriella. Los registros de la Fundación Ideas para la Paz muestran que los ataques con drones ya habían aumentado de manera significativa entre 2024 y 2025. Por esa razón, no sería correcto atribuirle al actual Gobierno el origen de la amenaza, aunque sí corresponde evaluar qué medidas ha adoptado para contenerla desde que asumió el poder.
En ese punto aparece una dificultad concreta para la estrategia oficial: el país todavía no cuenta con un sistema suficientemente extendido y eficaz para neutralizar los drones explosivos. El informe de El País señala que las compras anteriores tuvieron retrasos y problemas técnicos, mientras que el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, anunciado en enero de 2026, no había concretado una adjudicación al momento de la publicación.
El Gobierno de De la Espriella llegó al poder con la defensa antidrones entre sus prioridades. Su equipo denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en el contrato de Codaltec y cuestionó los resultados de adquisiciones anteriores. Sin embargo, hasta el 8 de noviembre no se conocía una nueva compra adjudicada desde el inicio de su mandato, pese a los anuncios de fortalecer la protección del espacio aéreo.
La diferencia entre la rapidez de los mensajes presidenciales y los tiempos de construcción de capacidades institucionales resulta especialmente visible en este asunto. Una advertencia pública puede emitirse de inmediato; desarrollar sistemas de detección, interferencia y neutralización, distribuirlos entre las unidades expuestas y capacitar al personal requiere decisiones técnicas, presupuestales y logísticas que no se resuelven con una aparición presidencial.
La misma distinción se aplica a las operaciones contra delincuentes de menor escala. Las capturas de personas vinculadas con extorsiones, tráfico de drogas o reclutamiento de menores son resultados importantes, pero deben presentarse en su dimensión real. Detener a los integrantes de una red no significa necesariamente desarticular a sus financiadores, reemplazar sus mecanismos de control o impedir que otros ocupen su lugar.
El 7 de noviembre, por ejemplo, la Presidencia informó sobre una operación en Soacha que permitió frustrar el traslado de cuatro menores de edad que, según las autoridades, iban a ser entregados a una estructura disidente de las antiguas FARC. Ocho personas fueron capturadas y cinco recibieron medida de aseguramiento intramural. Se trata de una acción relevante contra el reclutamiento ilícito, pero su impacto debe medirse también por la capacidad de impedir que estas redes sigan captando niños y adolescentes en otras regiones.
La intimidación verbal a los delincuentes puede generar titulares y reforzar la imagen de un mandatario dispuesto a confrontar a quienes infringen la ley. Sin embargo, la seguridad ciudadana no depende de que el presidente amenace públicamente a un capturado o acompañe una redada. Depende de que las investigaciones permitan identificar las estructuras, que la Fiscalía obtenga resultados judiciales y que las autoridades eviten la repetición de los delitos.
También es necesario observar qué ocurre después de los operativos. La presencia militar puede recuperar temporalmente una vía, un barrio o una instalación, pero el control territorial exige continuidad institucional, servicios públicos, justicia, oportunidades económicas y protección para quienes denuncian a las organizaciones armadas. Sin esos componentes, los grupos ilegales pueden reorganizarse y volver a ejercer presión sobre las comunidades.
Ese es uno de los principales desafíos que reconocen los especialistas consultados por El País: los cabecillas abatidos o capturados pueden ser reemplazados con rapidez si las estructuras conservan sus fuentes de financiación y sus redes de reclutamiento. La ofensiva militar, por tanto, necesita complementarse con acciones contra las economías ilícitas y con políticas que reduzcan la capacidad de las organizaciones para controlar la vida cotidiana de la población.
El balance de los primeros 90 días deja así dos planos que conviven, pero que no deben confundirse. Por un lado, hay una mayor disposición del Gobierno a emplear la fuerza, intensificar operaciones y exhibir públicamente su respaldo a las tropas. Por otro, persisten ataques de alto impacto, dificultades para proteger a los uniformados y una brecha entre golpear a las organizaciones criminales y consolidar la autoridad estatal en los territorios.
Las imágenes de De la Espriella armado, con uniforme militar o participando en simulacros pueden funcionar como símbolos de una política de mano dura. Pero la evaluación de su Gobierno no puede quedarse en la frecuencia de esas apariciones ni en el tono de sus amenazas. La pregunta decisiva es si los ciudadanos están más protegidos, si los grupos armados han perdido capacidad de intimidación y si el Estado puede permanecer en los territorios sin depender de despliegues extraordinarios.
Al cumplirse los primeros tres meses, la distancia entre el relato presidencial y los indicadores de seguridad se convirtió en uno de los asuntos centrales para evaluar la política del Gobierno. La iniciativa militar se ha reactivado, pero los ataques con drones, las disputas territoriales y la persistencia de las economías ilegales muestran que la recuperación de la autoridad no se consigue únicamente con operaciones de alto impacto.
La seguridad, en definitiva, no se mide por cuántas veces aparece el presidente con una pistola al cinto, participa en un ejercicio de combate o lanza advertencias contra los delincuentes. Se mide por la capacidad de prevenir los ataques, proteger a los uniformados y a la población civil, desarticular las organizaciones criminales y garantizar que el Estado mantenga su presencia cuando las cámaras se retiran. Ese es el resultado que todavía debe demostrar la política de seguridad de Abelardo de la Espriella.
Fuentes principales para la nota: el balance de los primeros 90 días publicado por El País el 5 de noviembre; el informe sobre ataques con drones del mismo medio, publicado el 8 de noviembre; los reportes de Presidencia sobre la visita a Tolemaida y la operación contra una red de reclutamiento en Soacha; y la información del Ejército sobre el ataque en Santa Rosa del Sur.
