La divulgación de un nuevo video en el que Gustavo Petro aparece durante una videollamada con Deicy Jiménez, mientras intercambia mensajes desde una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán, agregó un elemento a las investigaciones por las denuncias de presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales. La grabación, publicada el 9 de noviembre por la periodista Darcy Quinn, de La FM, vuelve a poner el foco sobre la relación entre el expresidente y la mujer que asegura haber recibido beneficios contractuales por sus encuentros personales.
En el material audiovisual, que no tiene audio, se observa una videollamada entre Petro y Jiménez, mientras desde el perfil de Andrés Maldonado Beltrán aparecen mensajes como «Estás linda», «Párate» y «Te voy a poner a hacer las cosas que haces». La mujer rechaza algunas de las solicitudes y responde que le da pena. Al terminar la comunicación, la cuenta le escribe: «Chévere. Me hacía falta verte». La grabación permite observar la interacción, aunque por sí sola no establece quién creó o administraba el perfil.
La periodista Darcy Quinn aseguró que el material está en poder de la Fiscalía y que demostraría que Petro utilizaba identidades diferentes a la suya para comunicarse con Jiménez y otras mujeres. La grabación haría parte de los archivos extraídos del teléfono celular de la denunciante, dispositivo que fue entregado a las autoridades para una revisión técnica por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El nombre de Andrés Maldonado Beltrán se suma a otros perfiles que, según las declaraciones de Jiménez y las publicaciones periodísticas, habrían sido utilizados para mantener conversaciones con el entonces senador. Entre ellos aparecen Michel Foucault, Mihail Bukharin, Penser Lesujet y Altheaïs Monteluz. La identificación de estas cuentas y de sus administradores será uno de los aspectos que deberán esclarecer los investigadores mediante el análisis de los registros digitales.
El nuevo video se conoce después de que Jiménez publicara otra grabación, el 4 de noviembre, en la que aparece junto a Petro en una situación de cercanía física. La mujer presentó ese material como respaldo de su afirmación de que sostuvo una relación personal con el exmandatario. Sin embargo, el punto central de sus denuncias no es la existencia de un vínculo íntimo, sino que, según su versión, habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.
Jiménez sostiene que el caso no se limita a su situación particular y ha hablado de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían obtenido vinculaciones en entidades públicas bajo condiciones similares. También ha mencionado contrataciones en el Congreso, el Ministerio del Interior y otras dependencias estatales. Estas afirmaciones están bajo examen de las autoridades y todavía deben ser contrastadas con los documentos contractuales, los testimonios y las pruebas técnicas.
Los delitos que podrían investigarse
La eventual responsabilidad penal de Petro no estaría relacionada con utilizar un nombre diferente en Facebook o mantener una relación sentimental, conductas que por sí mismas no constituyen delitos. El problema jurídico surgiría si se demuestra que utilizó su posición como senador o presidente para conseguir beneficios personales mediante la contratación pública. En ese escenario podrían examinarse varios delitos contra la administración pública.
Una de las primeras hipótesis es el tráfico de influencias de servidor público. Esta conducta podría configurarse si se demuestra que Petro utilizó indebidamente su posición para influir sobre funcionarios y conseguir que determinadas mujeres fueran contratadas por entidades estatales. Los investigadores tendrían que establecer si impartió instrucciones, realizó recomendaciones irregulares o aprovechó su autoridad para obtener decisiones favorables en los procesos de contratación.
También podría examinarse el interés indebido en la celebración de contratos. Este delito contempla la intervención de un servidor público en un contrato estatal con el propósito de obtener un beneficio particular, en contravía del interés general. Para determinar si se configuró, sería necesario establecer si Petro participó en decisiones contractuales y si esa intervención estuvo orientada a favorecer intereses personales o de terceros.
Otra posibilidad es la concusión, si se demuestra que el entonces funcionario abusó de su cargo para inducir o solicitar una utilidad indebida. En el contexto de las denuncias de Jiménez, la investigación tendría que establecer si existió una exigencia o solicitud de beneficios sexuales aprovechando la posición de poder del mandatario y si esa conducta reúne los elementos previstos en el Código Penal. No bastaría con acreditar que hubo una relación íntima y que posteriormente se celebró un contrato.
El cohecho también podría ser objeto de análisis si las pruebas permiten establecer un acuerdo para recibir o aceptar una utilidad indebida a cambio de una actuación relacionada con las funciones públicas. La Fiscalía y la Corte Suprema tendrían que determinar la naturaleza del supuesto beneficio, la existencia de un intercambio y la relación entre este y las decisiones administrativas. La calificación jurídica dependerá de las circunstancias concretas que logren acreditarse.
Por otra parte, podría examinarse un eventual peculado por apropiación si se demuestra que recursos públicos fueron utilizados para pagar contratos simulados o sin una prestación real de servicios, con el propósito de beneficiar intereses particulares. Para sostener esta hipótesis sería indispensable establecer que existió apropiación de dineros estatales, quién intervino en ella y cuál fue el destino de los recursos. La existencia de contratos cuestionados no demuestra automáticamente este delito.
Los contratos, el punto central de la investigación
Por esa razón, uno de los elementos más importantes del expediente son los documentos de contratación de Jiménez. La Corte Suprema ordenó una inspección en la Secretaría del Senado para obtener información sobre las vinculaciones que tuvo en el Congreso. Los registros conocidos indican que sus contratos estatales comenzaron en 2023, varios años después de la fecha en la que, según su relato, habría conocido a Petro.
La investigación también debe establecer qué ocurrió con su vinculación en el Ministerio del Interior y qué funcionarios participaron en su contratación, supervisión y continuidad. En este punto adquieren relevancia las declaraciones de Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y habló públicamente sobre un supuesto mensaje en el que Petro habría pedido mantener el contrato de Jiménez. La autenticidad, el contexto y el alcance de esas comunicaciones también deben ser examinados por las autoridades.
El celular entregado por Jiménez constituye otra pieza importante. La extracción técnica permitió conocer conversaciones, videos y otros archivos que, según las publicaciones periodísticas, fueron incorporados al material conocido por la Corte Suprema. Los peritos deberán verificar la autenticidad de los mensajes, sus fechas, la integridad de los archivos y la posible relación entre las cuentas utilizadas y los dispositivos desde los cuales se enviaron las comunicaciones.
La aparición de Andrés Maldonado Beltrán podría contribuir a reconstruir la manera en que se produjo el contacto entre Petro y Jiménez. Sin embargo, para atribuirle al expresidente la administración de esa cuenta será necesario establecer su trazabilidad digital, los dispositivos utilizados, los registros de acceso y otros elementos técnicos. La coincidencia entre una videollamada y los mensajes que aparecen en pantalla constituye un indicio que requiere verificación, no una identificación forense definitiva del titular del perfil.
La respuesta de Petro y el alcance judicial
Petro ha rechazado que utilizara contratos estatales para obtener favores sexuales. En respuesta a las primeras publicaciones, sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su Gobierno llegaron por sus capacidades y esfuerzos, y afirmó que nunca condicionó ni entregó contratos a cambio de beneficios personales. Su abogado, Alejandro Carranza, también cuestionó la utilización pública de los videos antes de que fueran sometidos a los peritajes correspondientes.
El expresidente volvió a pronunciarse el 10 de noviembre después de la difusión de la grabación asociada al perfil de Andrés Maldonado Beltrán. En un mensaje publicado en X cuestionó la falta de información sobre la fecha de los videos y preguntó: «¿Y esos vídeos sin voz de qué año son?». Consideró que establecer ese dato podría afectar la interpretación que se ha hecho del material y de las denuncias en su contra.
La defensa también ha sostenido que las grabaciones conocidas no muestran contratos, pagos ni decisiones administrativas y que su autenticidad, integridad, fecha y contexto deben establecerse mediante procedimientos técnicos. Este argumento plantea una distinción fundamental: los videos pueden aportar información sobre la existencia de comunicaciones y encuentros, pero no demuestran por sí mismos que haya existido un intercambio entre favores sexuales y contratación pública.
En el plano judicial, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta las actuaciones relacionadas con los hechos que habrían ocurrido cuando Petro era senador. La Fiscalía, por su parte, investiga posibles responsabilidades de personas que no cuentan con fuero. También existen actuaciones ante la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las competencias que correspondan a cada autoridad.
La investigación tendrá que resolver si existió una intervención del entonces senador o presidente en la contratación de Jiménez y de otras mujeres, si los servicios contratados respondían a necesidades reales de las entidades y si hubo instrucciones para favorecerlas. También deberá establecer si los funcionarios que participaron en esos procesos conocían algún acuerdo irregular y si se utilizaron recursos públicos para satisfacer intereses particulares.
Por ahora, Petro no ha sido vinculado formalmente a un proceso penal por estos hechos, según la información divulgada por La FM. Jiménez, entretanto, deberá responder por sus propias actuaciones y explicar las circunstancias en las que obtuvo los contratos que ahora denuncia. Su condición de denunciante no la exime de que las autoridades examinen su eventual participación en los hechos investigados.
El perfil de Andrés Maldonado Beltrán se convirtió así en una nueva pieza de un expediente que ya reúne testimonios, videos, conversaciones y documentos contractuales. La identificación de quien manejaba esa cuenta puede ayudar a reconstruir las comunicaciones entre Petro y Jiménez, pero la pregunta decisiva seguirá siendo si existió una conexión demostrable entre esas relaciones personales y las decisiones de contratación estatal. De acreditarse esa relación y los demás elementos exigidos por la ley, podrían configurarse delitos contra la administración pública; de lo contrario, la existencia de comunicaciones privadas no sería suficiente para establecer responsabilidad penal.
