El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un episodio que generó controversia este lunes 9 de noviembre, después de que se difundiera un video en el que aparece firmando y bendiciendo una bomba de 460 kilogramos que sería utilizada por las Fuerzas Militares en operaciones contra grupos armados ilegales.
En las imágenes, un integrante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana le presenta el artefacto al mandatario y lo describe como un mensaje de “460 kilogramos de democracia”. De la Espriella toma un marcador y escribe: “Bienvenidos a la Patria Milagro”, seguido de su firma. Después, le pone la bendición a la bomba.
El registro fue divulgado en medio de la presentación de los resultados de la Operación Noah, una ofensiva militar contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en zona rural de Tibú, Norte de Santander. El presidente confirmó que autorizó la acción y anunció que la fuerza pública mantendría la ofensiva en el Catatumbo.
Según el balance divulgado por el mandatario, el operativo dejó cuatro integrantes de esa estructura armada muertos y seis capturados. Entre los detenidos estaría Jorge Luis Galvis Rodríguez, conocido con los alias de ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’.
La operación se desarrolló durante la madrugada y contó con la participación de unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las tropas también reportaron la incautación de siete fusiles y 15 granadas adaptadas para ser utilizadas desde drones.
De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, las fuerzas militares atacaron tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de la estructura. Las autoridades atribuyen al Frente 33 actividades armadas y disputas por el control territorial en el Catatumbo.
La operación tuvo como objetivo a una facción de las disidencias vinculada a alias ‘Calarcá’. Esta estructura hace parte del escenario de confrontación que se mantiene en Norte de Santander, donde distintos grupos armados ilegales disputan territorios, corredores estratégicos y actividades relacionadas con economías ilícitas.
El presidente presentó el resultado como un golpe contra esa organización y aseguró que uno de los capturados, alias ‘Barba Chivo’, llevaba cerca de 11 años en actividades criminales en la región. También afirmó que el detenido era una persona cercana a alias ‘Andrey Avendaño’, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura.
Sin embargo, el balance debe leerse como información oficial preliminar. La verificación independiente de las identidades, las circunstancias de las muertes y los resultados completos del operativo depende de la información que puedan entregar las autoridades judiciales y los organismos competentes.
El Ejército Nacional divulgó por separado un reporte sobre operaciones contra el Frente 33 en la vereda La Perla, también en Tibú. Ese comunicado informó de cuatro presuntos integrantes capturados y de la recuperación de un menor de edad, quien quedó a disposición de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos. No está plenamente establecido si ese balance corresponde a la misma fase de la Operación Noah o a una acción distinta dentro del despliegue militar.
La firma de la bomba también produjo versiones diferentes sobre el momento en que sería utilizada. La Silla Vacía y El Colombiano señalaron que el artefacto firmado por De la Espriella fue lanzado durante la operación en Tibú. Caracol Radio, en cambio, informó que la bomba de 460 kilogramos sería utilizada en el siguiente bombardeo. La diferencia no es menor y requiere una confirmación oficial sobre la identificación del artefacto.
Más allá de esa precisión, el episodio abrió una discusión sobre la forma en que el jefe de Estado comunica y representa públicamente las operaciones militares. La firma y la bendición de un explosivo destinado a una acción armada introducen un componente simbólico que va más allá del anuncio institucional de un resultado operacional.
La controversia se produce, además, en un contexto de cuestionamientos por las consecuencias de los bombardeos ordenados durante el actual Gobierno. El 28 de octubre, Medicina Legal confirmó que ocho menores de edad habían muerto en operaciones aéreas realizadas durante los dos primeros meses de la administración de De la Espriella, con corte al 30 de septiembre.
De acuerdo con la información divulgada por el director de Medicina Legal, cinco de los menores fallecidos eran hombres y tres eran mujeres. Los casos se registraron en zonas de conflicto, entre ellas departamentos como Cauca, Norte de Santander y Guaviare. La cifra volvió a poner en el centro del debate la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en los lugares donde se desarrollan ataques militares.
Uno de los antecedentes que alimentó esa discusión fue un bombardeo realizado el 27 de agosto contra una estructura de las disidencias en Guaviare, en el que murieron tres menores de edad. El hecho motivó una acción judicial que cuestionó las condiciones bajo las cuales se estaban autorizando operaciones aéreas contra campamentos en los que pudiera haber niños y adolescentes reclutados.
El 3 de septiembre, una jueza de Bogotá ordenó como medida provisional que la Presidencia y las Fuerzas Militares se abstuvieran de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales existiera información cierta u objetivamente verificable sobre la presencia de menores reclutados, mientras se adoptaban las medidas de precaución necesarias.
La decisión fue objeto de recursos y, el 16 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión general, pero estableció exigencias reforzadas para la planeación y ejecución de operaciones cuando existiera información sobre la presencia de menores. Entre ellas incluyó verificar los datos de inteligencia, evaluar los riesgos y estudiar alternativas operacionales menos lesivas.
La decisión también precisó que la sola presencia de un menor en un campamento o su vinculación material con una estructura armada no permite considerarlo automáticamente un objetivo militar legítimo. Su situación debe analizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario y teniendo en cuenta su condición de víctima del reclutamiento.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión del juzgado, según reportes publicados el 28 de octubre. Con ello dejó sin efecto la medida judicial que imponía esas condiciones adicionales, aunque las operaciones militares continuaron sometidas a las obligaciones generales del Derecho Internacional Humanitario.
Ese marco establece que las partes en un conflicto deben distinguir entre combatientes y población civil, dirigir sus ataques contra objetivos militares legítimos y evitar daños incidentales excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener. También exige adoptar todas las precauciones factibles para proteger a la población civil. Estos principios son explicados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por eso, la discusión sobre los bombardeos no se resuelve únicamente con el argumento de que el objetivo pertenece a un grupo armado ilegal. La planeación de cada operación debe considerar la información disponible sobre el lugar, las personas que podrían encontrarse allí, los riesgos para la población y las alternativas para reducir las afectaciones.
En el caso de la Operación Noah, la información pública divulgada hasta este lunes no permite establecer si las autoridades tenían datos sobre la posible presencia de menores en los campamentos atacados ni cuáles fueron las evaluaciones de inteligencia y los análisis jurídicos previos a la autorización. Tampoco se ha divulgado un informe detallado sobre las medidas adoptadas para prevenir afectaciones a civiles.
La intervención del presidente en la firma del artefacto plantea, además, preguntas sobre el alcance de su participación en la operación. De la Espriella afirmó públicamente que autorizó el bombardeo, pero la información conocida no detalla el procedimiento de aprobación, los mandos que participaron en la decisión ni los criterios técnicos y jurídicos aplicados para seleccionar los objetivos.
También está pendiente conocer si la bomba firmada fue efectivamente la utilizada en Tibú, cuál fue su objetivo específico y qué resultados produjo cada uno de los ataques aéreos. La identificación del artefacto y la reconstrucción de la operación permitirían establecer con mayor precisión la relación entre el video presidencial y los hechos ocurridos en el terreno.
La Operación Noah fue presentada por el Gobierno como el séptimo bombardeo de la administración de De la Espriella. La ofensiva se suma a las acciones militares contra estructuras del ELN y distintas facciones de las disidencias de las Farc. El Ejecutivo ha defendido la continuidad de estas operaciones como parte de su estrategia para recuperar el control territorial y debilitar las capacidades de los grupos armados.
El episodio deja dos asuntos que deberán seguirse por separado: los resultados militares reportados en Tibú y la controversia política y jurídica por la exhibición de una bomba firmada y bendecida por el presidente. La discusión sobre la legalidad de un ataque no puede resolverse a partir de ese gesto, pero tampoco puede dejar de lado la obligación de las autoridades de explicar cómo se tomó la decisión y qué medidas se adoptaron para proteger a la población civil.
