La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) cuestionó una orden de inspección emitida por la Fiscalía 315 Local de Bogotá contra Casa Macondo, al considerar que la diligencia desconoce las garantías constitucionales del ejercicio periodístico y puede poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes. La organización pidió a la Fiscalía General de la Nación revisar inmediatamente el requerimiento y dejar sin efecto las solicitudes que puedan comprometer información protegida por el secreto profesional.
La controversia se originó en una orden mediante la cual la Fiscalía busca verificar los soportes de información publicada por Casa Macondo, que supuestamente estaría relacionada con señalamientos contra el abogado Francisco Bernate. Según explicó la FLIP en un pronunciamiento divulgado el 9 de noviembre de 2026, Bernate no ha sido objeto de investigación por parte del medio de comunicación.
El requerimiento contempla la revisión de correos electrónicos, documentos, comunicaciones y fechas de recepción de la información. La verificación podría realizarse mediante la página web del medio o a través de una solicitud escrita, lo que, para la organización, representa una intervención sobre elementos propios del proceso de reportería.
La principal preocupación de la FLIP es que esta diligencia permita a las autoridades acceder a información que se encuentra amparada por el secreto profesional de los periodistas. Aunque la orden establece que no se exigirá identificar expresamente a las fuentes protegidas, la organización considera que esa precisión no elimina los riesgos de la inspección.
De acuerdo con el pronunciamiento, los documentos solicitados y las circunstancias en las que fueron recibidos pueden ofrecer pistas sobre el origen de la información. En consecuencia, incluso sin requerir directamente los nombres de las personas que entregaron los datos, las autoridades podrían obtener elementos que permitan identificarlas.
La FLIP sostiene que el secreto profesional no se limita a la reserva de la identidad de las fuentes, sino que también comprende las garantías de confidencialidad necesarias para desarrollar investigaciones periodísticas. Por eso, considera que las autoridades deben abstenerse de realizar actuaciones que puedan comprometer la independencia de los medios y la protección de quienes suministran información de interés público.
Uno de los argumentos centrales de la organización es que la propia Fiscalía General de la Nación cuenta con disposiciones internas que protegen estas garantías. En particular, recordó la Directiva 003 de 2023, que establece que los funcionarios deben abstenerse de ordenar actividades investigativas que pongan en peligro el secreto periodístico.
Esa directiva contempla expresamente las inspecciones a medios de comunicación entre las actuaciones que pueden comprometer la reserva profesional. Para la FLIP, la orden dirigida a Casa Macondo desconoce esa disposición institucional y debe ser revisada de manera inmediata por la entidad.
La organización también advirtió que el caso debe analizarse en el contexto de la situación judicial del periodista Juan Pablo Barrientos, quien enfrenta 13 denuncias penales activas. La FLIP considera que la acumulación de estos procesos puede tener consecuencias sobre su capacidad para desarrollar investigaciones y publicar información de interés público.
A esta situación se suma una preocupación relacionada con las garantías procesales del periodista. Según la información conocida por la organización, Barrientos desconoce quién presentó la denuncia que dio lugar a la actuación relacionada con Casa Macondo, pues la orden menciona a una persona presuntamente afectada, pero no identifica al denunciante.
En ese contexto, Francisco Bernate sería el abogado de la persona que formuló la denuncia. La falta de información sobre quién promovió la actuación, advierte la FLIP, dificulta establecer con claridad el alcance del procedimiento y limita las posibilidades de preparar una defensa efectiva.
Para la organización, esta circunstancia requiere especial atención porque las actuaciones judiciales deben garantizar que las personas involucradas conozcan los elementos necesarios para ejercer sus derechos. La transparencia sobre el origen y el alcance de las denuncias resulta fundamental para evitar situaciones de indefensión.
La FLIP también hizo énfasis en el efecto acumulado de las 13 denuncias penales contra Barrientos. Aunque cada actuación debe examinarse de acuerdo con sus particularidades, la organización considera que la multiplicidad de procesos puede convertirse en una carga que afecta directamente el desarrollo de su trabajo.
Atender simultáneamente diferentes procedimientos judiciales exige tiempo, recursos económicos y esfuerzos destinados a la defensa. Estas obligaciones pueden reducir la capacidad de un periodista para investigar, verificar información, desarrollar nuevas historias y publicar contenidos de interés público.
La preocupación de la FLIP no se limita, por tanto, a las consecuencias individuales de cada denuncia. La organización advierte sobre la posibilidad de que el uso del sistema penal termine generando un efecto de presión sobre el ejercicio periodístico, especialmente cuando las actuaciones pueden comprometer la reserva de las fuentes o dificultar la continuidad de las investigaciones.
Por esa razón, pidió a la Fiscalía General de la Nación evaluar el contexto general de los procesos contra Barrientos y adoptar medidas para prevenir que los mecanismos judiciales sean utilizados como instrumentos para obstaculizar el trabajo de la prensa.
Entre sus solicitudes, la organización reclamó una respuesta de fondo a la petición que ya había presentado ante la entidad y cuya situación fue puesta en conocimiento del despacho de la fiscal general. También insistió en la necesidad de revisar inmediatamente la orden de inspección dirigida a Casa Macondo.
Además, pidió dejar sin efecto los requerimientos que puedan comprometer información protegida por el secreto profesional y garantizar que Barrientos y su defensa tengan acceso a los elementos necesarios para ejercer sus derechos dentro de las actuaciones judiciales.
El pronunciamiento pone sobre la mesa una discusión acerca de los límites de las autoridades cuando sus investigaciones involucran información obtenida mediante procesos de reportería. Para la FLIP, las facultades de la Fiscalía no pueden desconocer las garantías constitucionales que protegen la actividad periodística ni convertirse en una vía para acceder indirectamente a la identidad de las fuentes.
La organización concluyó que las garantías para el ejercicio de la prensa deben cumplirse en las decisiones cotidianas de los fiscales y los funcionarios de policía judicial. En ese sentido, advirtió que las disposiciones institucionales pierden su efectividad cuando los propios despachos ordenan diligencias que ponen en peligro aquello que están llamadas a proteger.
El caso de Casa Macondo y las denuncias contra Juan Pablo Barrientos reabren así el debate sobre la protección del secreto profesional, la independencia periodística y el uso de los mecanismos judiciales frente a publicaciones de interés público. La FLIP espera que la Fiscalía revise la actuación y adopte decisiones que eviten comprometer la confidencialidad de las fuentes y las garantías de quienes ejercen el periodismo en Colombia.
