La Corte Constitucional declaró exequibles las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una de las principales herramientas de ordenamiento territorial impulsadas durante el Gobierno anterior para proteger los suelos destinados a la producción agrícola. Sin embargo, el alto tribunal condicionó su aplicación y estableció límites a las decisiones del Ministerio de Agricultura sobre estos territorios.
La determinación quedó consignada en la Sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo. La Sala Plena concluyó que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que creó esta figura, se ajusta a la Constitución, siempre que su implementación respete las competencias de las autoridades territoriales.
El pronunciamiento tiene consecuencias directas sobre la política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que había comenzado a desmontar varias de las áreas delimitadas durante la administración anterior. La decisión judicial no impide de manera absoluta que el Ejecutivo continúe con ese propósito, pero sí establece condiciones que deberá cumplir para hacerlo.
Uno de los puntos centrales del fallo es que el Ministerio de Agricultura no podrá declarar, modificar o eliminar una APPA sin adelantar previamente un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades locales. La participación de los municipios deja de ser un aspecto secundario y se convierte en una exigencia para la toma de decisiones.
La Corte también precisó que los concejos municipales y distritales podrán presentar observaciones y propuestas frente a las decisiones que afecten sus territorios. El Ministerio deberá considerar efectivamente esos planteamientos y explicar cómo fueron tenidos en cuenta en el procedimiento correspondiente.
Esta condición busca evitar que la delimitación de las áreas protegidas para la producción de alimentos se convierta en una decisión unilateral del Gobierno nacional. Aunque la competencia para establecer las APPA permanece en cabeza del Ministerio de Agricultura, su ejercicio tendrá que reconocer las atribuciones constitucionales de las entidades territoriales.
El fallo también establece que las decisiones sobre estas áreas deberán considerar los planes de ordenamiento territorial (POT) y las particularidades de cada municipio. De esta manera, la política nacional de protección del suelo agrícola tendrá que articularse con los instrumentos mediante los cuales las autoridades locales organizan el uso y desarrollo de sus territorios.
La Corte hizo, además, una distinción sobre el alcance de las facultades del Ministerio. La entidad podrá delimitar las APPA, establecer su finalidad de protección de la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con ese propósito.
Sin embargo, no podrá asumir la regulación detallada de los usos del suelo, una competencia que corresponde a los concejos municipales y distritales. Esta precisión fue uno de los aspectos relevantes del debate constitucional, debido a las preocupaciones sobre una posible interferencia del Gobierno nacional en la autonomía territorial.
La decisión, por tanto, no elimina la figura de las APPA ni entrega a los municipios la facultad de desconocer por sí solos las delimitaciones nacionales. Lo que establece es un marco de coordinación en el que las competencias de cada nivel de gobierno deben ser respetadas y las autoridades locales deben tener una participación efectiva.
El pronunciamiento también tiene una lectura particular frente a las decisiones que ya había tomado el Gobierno de De la Espriella. Antes de conocerse el fallo, el Ministerio de Agricultura había expedido cuatro resoluciones para derogar delimitaciones de APPA en diferentes regiones del país.
Una de ellas, la Resolución 000349 del 5 de octubre de 2026, correspondió al sur de La Guajira y comprendió 79.782 hectáreas distribuidas en ocho municipios. Ese mismo día, mediante la Resolución 000351, el Gobierno derogó la delimitación de 15.839 hectáreas en cinco municipios de Sabana Centro: Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio.
Posteriormente, el 23 de octubre, el Ministerio expidió la Resolución 000386, relacionada con 667.034 hectáreas en 17 municipios de Córdoba. Cuatro días después, el 27 de octubre, mediante la Resolución 000402, derogó otra delimitación que comprendía 102.801 hectáreas en 19 municipios del suroeste antioqueño.
En conjunto, esas cuatro decisiones abarcaron aproximadamente 865.456 hectáreas. El Gobierno había manifestado su intención de continuar con el desmonte de las áreas restantes, una política que ahora tendrá que ajustarse a las condiciones fijadas por la Corte Constitucional.
No obstante, el fallo no ordenó restablecer automáticamente las APPA que ya habían sido derogadas. La Corte estableció efectos hacia el futuro, por lo que la decisión no supone, por sí misma, que las delimitaciones eliminadas recuperen su vigencia.
La situación es diferente para los procedimientos que se encontraban en curso al momento del pronunciamiento. Según las condiciones establecidas por el tribunal, esos trámites deberán ajustarse a los criterios de información, coordinación y concertación, sin importar la etapa en la que se encuentren.
Esto significa que el Ministerio no podrá continuar con procesos de modificación o eliminación como si el fallo no existiera. Deberá revisar que se hayan garantizado los espacios de participación de las autoridades locales y que sus observaciones hayan sido consideradas de manera efectiva.
La sentencia tampoco establece que los concejos municipales tengan un poder de veto automático sobre las decisiones del Ministerio. La obligación consiste en garantizar una concertación real y considerar los argumentos de las autoridades territoriales, dentro de las competencias que la Constitución asigna a cada institución.
Las APPA fueron creadas mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. Su propósito es proteger los suelos con importancia estratégica para la producción de alimentos y evitar que pierdan esa función frente a otras presiones sobre el territorio.
Durante la administración anterior se avanzó en la delimitación de estas áreas en distintas regiones del país. El Gobierno actual cuestionó parte de esas decisiones y comenzó a derogarlas, en medio de discusiones sobre sus efectos para la autonomía municipal y las actividades económicas en los territorios.
Con la Sentencia C-364 de 2026, la Corte mantiene la constitucionalidad de las APPA, pero fija reglas para impedir que su declaración, modificación o eliminación desconozca las competencias locales. El fallo no cierra la posibilidad de desmontarlas, aunque sí obliga al Gobierno a cumplir un procedimiento más exigente y a justificar sus decisiones con participación territorial.
El alcance práctico de la decisión dependerá ahora de cómo el Ministerio de Agricultura aplique esas condiciones en los procedimientos pendientes y en las futuras decisiones. Por eso, más que ordenar la restitución de las áreas eliminadas, la Corte estableció un límite jurídico a la manera en que el Gobierno podrá continuar modificando el mapa de protección de los suelos destinados a producir alimentos.
