El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió la posibilidad de reducir el gasto público destinado a educación como parte de la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la Asamblea General de Anif, el funcionario cuestionó que el presupuesto del sector tenga que aumentar cada año, pese a que, según sus argumentos, Colombia tiene cada vez menos niños y jóvenes.
La propuesta, que ya le ha generado desacuerdos con integrantes del Congreso, pone sobre la mesa una discusión sobre las reglas que determinan la financiación de la educación pública y las obligaciones del Estado frente a la prestación de este servicio. El planteamiento también abre interrogantes sobre la diferencia entre mejorar la eficiencia del gasto y disminuir los recursos disponibles para atender a estudiantes e instituciones.
Gómez reconoció que su posición ha provocado “enfrentamientos muy duros” con congresistas que le han señalado que el gasto educativo no puede disminuir por disposiciones constitucionales. El ministro manifestó su desacuerdo con esa interpretación y cuestionó que las asignaciones presupuestales tengan que crecer de manera permanente.
Uno de los argumentos que expuso para justificar una revisión del gasto es el cambio demográfico. Según afirmó, cada vez hay menos niños y jóvenes en el país, mientras cientos de colegios estarían cerrando y algunas universidades tendrían dificultades para completar sus cupos.
A partir de ese panorama, el funcionario preguntó por qué el Estado debe continuar aumentando los recursos destinados a educación si la población que demanda esos servicios está disminuyendo. Su planteamiento apunta a revisar los criterios con los que se distribuye el presupuesto y a establecer si las necesidades actuales corresponden a las asignaciones de años anteriores.
Sin embargo, la reducción de la población en edad escolar no implica necesariamente que las necesidades de financiación disminuyan en la misma proporción. La cobertura, la calidad, la infraestructura, la atención en zonas rurales y las condiciones de acceso a la educación superior también inciden en los recursos que requiere el sistema.
El ministro insistió en que el objetivo debería ser gastar mejor y gastar menos. Para ello, sostuvo, las entidades públicas tendrían que demostrar que utilizan de manera eficiente los recursos que reciben y explicar por qué necesitan incrementos presupuestales cuando existen posibilidades de mejorar su productividad.
En ese contexto, Gómez cuestionó el crecimiento de los presupuestos de distintas instituciones y puso como ejemplos al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Preguntó por qué el primero no podría ser más eficiente y por qué el segundo necesitaría más recursos si, de acuerdo con su argumento, hay menos niños.
El funcionario también planteó que el Estado debe aprovechar las herramientas tecnológicas para reducir costos y mejorar sus procesos. A su juicio, las entidades no pueden asumir que sus presupuestos deben aumentar automáticamente, sin demostrar resultados ni justificar los recursos adicionales que solicitan.
La propuesta, no obstante, exige distinguir entre una evaluación de eficiencia y un recorte generalizado. Una reducción presupuestal puede afectar de manera diferente a las instituciones y territorios, especialmente cuando existen brechas de cobertura, infraestructura y calidad que no desaparecen por la disminución del número de estudiantes.
Gómez señaló que el Gobierno necesita mecanismos para exigirles a las entidades públicas que rindan cuentas sobre la eficiencia de sus gastos. Si los resultados no justifican los recursos asignados, afirmó, tendría que existir la posibilidad de reducir sus presupuestos.
Según explicó, la Ley de Ajuste Fiscal que impulsa la administración contempla un mecanismo para que las entidades estatales presenten cuentas sobre la manera en que ejecutan sus recursos. La intención del Gobierno sería utilizar esas evaluaciones como parte de las decisiones sobre el gasto público.
El ministro también reconoció que, para modificar algunas de las reglas que condicionan el presupuesto educativo, sería necesario cambiar la Constitución. Consideró que esa posibilidad es difícil de materializar, aunque mantuvo su cuestionamiento a las disposiciones que, en su interpretación, impiden disminuir determinadas asignaciones.
La discusión jurídica requiere precisar a qué componente de la financiación se refiere el funcionario. La Constitución establece la educación como un derecho y un servicio público, y contiene disposiciones sobre las responsabilidades del Estado y la financiación de los servicios educativos. Además, existen normas específicas para distintos niveles y componentes del sistema, por lo que no todos los recursos tienen necesariamente el mismo régimen presupuestal.
El artículo 67 de la Constitución establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. También señala las responsabilidades del Estado en materia de regulación, inspección y vigilancia, así como en la garantía de condiciones para el acceso y la calidad del servicio.
Por esa razón, una discusión sobre eficiencia presupuestal no puede limitarse a establecer que hay menos estudiantes o instituciones con dificultades para llenar sus cupos. También debe considerar las obligaciones constitucionales, las condiciones de prestación del servicio y los efectos que tendría una disminución de recursos sobre la población que depende de la educación pública.
Las declaraciones del ministro se producen en medio de un escenario fiscal que el propio Gobierno califica como crítico. Gómez sostuvo que el país necesita adoptar medidas de ajuste para evitar que los desequilibrios de las cuentas públicas terminen imponiéndose a través de las condiciones del mercado.
De acuerdo con las cifras mencionadas por el funcionario, el Gobierno ya había aplicado un recorte de 13,8 billones de pesos en el gasto público y no descartaba realizar una reducción adicional durante el año. Además, proyectaba un déficit fiscal equivalente al 7,2 % del producto interno bruto (PIB).
Gómez afirmó que Colombia gasta mensualmente 11,9 billones de pesos más de lo que recauda. Según su explicación, esa diferencia presiona la inflación y obliga al Banco de la República a mantener tasas de interés elevadas, una situación que, a su vez, desincentiva la inversión.
El ministro sostuvo que la estrategia de ajuste contempla que la reducción del gasto estatal represente dos terceras partes del esfuerzo fiscal. El componente restante se apoyaría en otras medidas para aumentar los ingresos y corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.
En la Asamblea General de Anif, Gómez también se refirió a la Ley de Rescate Económico del Gobierno. Entre los componentes que destacó mencionó la reducción del tamaño del Estado, la venta de activos públicos, el incremento de impuestos y la disminución de la inversión del Gobierno central.
Aunque el ministro presentó esos elementos como parte de la respuesta a la situación fiscal, sus declaraciones no detallaron cuánto se reduciría específicamente el presupuesto de educación, qué instituciones serían afectadas ni cuáles serían los criterios para determinar los eventuales recortes.
Tampoco se precisó si la disminución propuesta se aplicaría de manera general al sector o si estaría concentrada en programas, entidades o componentes que, después de una evaluación, fueran considerados susceptibles de ajustes. Esa información será determinante para establecer el alcance de la iniciativa y sus posibles consecuencias.
La controversia se suma a las tensiones que el Gobierno enfrenta en el Congreso por sus propuestas económicas. El propio Gómez reconoció que existen diferencias con legisladores sobre la posibilidad de reducir el gasto educativo, lo que anticipa una discusión política y jurídica alrededor de las reglas de financiación del sector.
El debate también plantea una pregunta de fondo: cómo adaptar el presupuesto educativo a los cambios demográficos sin debilitar las obligaciones del Estado en materia de cobertura, acceso y calidad. Una reducción en el número de estudiantes puede modificar las necesidades de algunas instituciones, pero no elimina automáticamente las brechas que persisten entre regiones y poblaciones.
Por ahora, las declaraciones del ministro constituyen un planteamiento sobre la orientación del ajuste fiscal y no una decisión que permita establecer cuánto dinero perdería el sector educativo. El alcance de cualquier recorte dependerá de las medidas que presente el Gobierno, de las normas aplicables y de la discusión que se adelante en el Congreso.
