La intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, durante una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) terminó en un enfrentamiento con los magistrados de ese tribunal, luego de que el funcionario cuestionara su legitimidad y sus resultados. El episodio ocurrió durante una diligencia convocada para examinar las medidas de protección de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, un asunto que mantiene en alerta a las instituciones por la persistencia de los asesinatos, amenazas y desplazamientos contra esta población.
La controversia se produjo el jueves 12 de noviembre de 2026, durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares relacionadas con la seguridad de quienes dejaron las armas después de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. La diligencia fue adelantada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y contó con la participación de representantes del Gobierno, organismos de control y entidades responsables de atender las alertas de riesgo.
El propósito de la convocatoria era revisar la respuesta institucional frente a los hechos de violencia que afectan a los antiguos combatientes y sus familias, así como establecer qué medidas se están adoptando para evitar nuevos homicidios. Sin embargo, la intervención de Ordóñez introdujo una discusión sobre el funcionamiento de la jurisdicción, su legitimidad y los resultados obtenidos durante los años que lleva en funcionamiento.
El ministro sostuvo que la legitimidad de la JEP debe estar respaldada por resultados y transparencia. En su exposición, manifestó que, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, la justicia transicional todavía enfrenta el desafío de demostrar ante los colombianos que cumple con los objetivos para los cuales fue creada. Sus declaraciones provocaron la reacción del magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, quien le recordó que el objeto de la audiencia era otro.
Salazar interrumpió al funcionario y le manifestó que no habían sido convocados para discutir la legitimidad del tribunal, sino para examinar las condiciones de seguridad de los firmantes de paz. El magistrado cuestionó que el representante del Gobierno utilizara ese espacio institucional para introducir consideraciones sobre la autoridad y el reconocimiento de la jurisdicción, cuando la diligencia tenía una finalidad concreta relacionada con la protección de la vida.
El reclamo incluyó una referencia al comportamiento del ministro durante la audiencia. Salazar le manifestó que le parecía de mala educación aprovechar ese escenario para cuestionar la legitimidad de la JEP. La intervención evidenció el malestar de los magistrados por el contenido de una exposición que, desde su perspectiva, se apartaba de los asuntos que debían responder las entidades convocadas.
Ordóñez respondió que todavía no había terminado su intervención y solicitó respeto para presentar la posición del Ministerio del Interior. El funcionario defendió su derecho a expresar las consideraciones del Gobierno sobre el funcionamiento de la justicia transicional y sostuvo que sus observaciones también hacían parte de la discusión institucional. El intercambio continuó hasta que la magistrada Reinere Jaramillo intervino para permitir que el ministro concluyera su exposición.
La magistrada recordó la necesidad de mantener la diligencia dentro de los asuntos que motivaron su convocatoria y de obtener respuestas concretas de los funcionarios responsables de las políticas de protección. La audiencia, por tanto, dejó expuestas dos posiciones: la del Gobierno, que reclama resultados y transparencia a la JEP, y la de los magistrados, que consideran necesario concentrar los espacios judiciales en las obligaciones institucionales relacionadas con la seguridad de los comparecientes.
Más allá del enfrentamiento, las críticas de Ordóñez se extendieron a varios componentes del funcionamiento de la jurisdicción. El ministro expresó reparos por las demoras en las imputaciones, el avance de los procesos contra los máximos responsables de las antiguas Farc y la definición de las sanciones propias contempladas en el modelo de justicia transicional. También hizo referencia a las obligaciones de verdad, reparación y no repetición frente a las víctimas.
El funcionario sostuvo que la JEP tiene reconocimiento constitucional y legal, pero que esa condición no la exime de demostrar resultados. En su planteamiento, la legitimidad de la institución debe construirse a partir de decisiones judiciales oportunas, transparencia y avances verificables en el cumplimiento de sus responsabilidades. También mencionó la necesidad de avanzar en el desmantelamiento de las economías ilegales que siguen alimentando la violencia en distintas regiones.
En ese contexto, Ordóñez hizo referencia a la intención del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios. El ministro presentó ese anuncio como una oportunidad para que la jurisdicción demuestre avances en los procesos que tiene a su cargo y responda a los cuestionamientos que han surgido alrededor de sus tiempos de actuación.
Sin embargo, la discusión sobre los resultados de la JEP coincidió con una preocupación más inmediata: la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz y continúan expuestos a las acciones de grupos armados ilegales. Durante la audiencia se presentaron cifras sobre los asesinatos de antiguos combatientes, las amenazas y las dificultades para garantizar esquemas de protección adecuados en los territorios donde se concentra la violencia.
De acuerdo con los datos presentados durante la diligencia, Indepaz había documentado 521 asesinatos de firmantes de paz hasta el 18 de julio de 2026. La cifra dimensiona la persistencia de los ataques contra esta población desde la implementación del acuerdo y refleja las dificultades del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes se reincorporaron a la vida civil después de abandonar las armas.
La Fiscalía también presentó información sobre la concentración territorial de los homicidios. Según los datos expuestos, 353 de los asesinatos ocurrieron en municipios donde existían alertas de seguridad. Este elemento resulta especialmente relevante porque evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de advertir sobre los riesgos y aquellas que tienen la responsabilidad de adoptar medidas para evitar que se materialicen.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre las dificultades para convertir las alertas tempranas en acciones efectivas de protección. La existencia de advertencias sobre la presencia de grupos armados y las amenazas contra los firmantes no ha sido suficiente para impedir numerosos asesinatos. Por ello, insistió en la importancia de que las entidades competentes actúen de manera oportuna y articulada.
Durante la audiencia también se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportaba 699 esquemas individuales y colectivos hasta septiembre de 2026. La entidad había ejecutado recursos por 294.742 millones de pesos durante 2025 para atender las necesidades de protección de esta población. Las cifras fueron presentadas como parte del balance de las medidas implementadas y de los recursos destinados a responder a los riesgos.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, también intervino en la diligencia y planteó la necesidad de que el Gobierno entregue respuestas concretas sobre las medidas que se adoptarán para proteger a los firmantes. En ese sentido, solicitó que se presentara información en un plazo máximo de 15 días, con el propósito de establecer cuáles serán las acciones institucionales frente a los riesgos identificados.
Mora también hizo un llamado a los altos funcionarios para que eviten expresiones que puedan poner en peligro la vida de quienes dejaron las armas. Su intervención introdujo otro elemento en la discusión: la responsabilidad de las autoridades de no contribuir, mediante sus declaraciones, a escenarios de estigmatización que puedan agravar la vulnerabilidad de los antiguos combatientes.
La discusión también alcanzó el funcionamiento de los esquemas de protección. Ordóñez anunció que la UNP deberá revisar las condiciones de seguridad de sus beneficiarios y determinar quiénes necesitan efectivamente vehículos blindados, escoltas y otros mecanismos de protección. Según explicó, los estudios deberán ajustarse a los criterios establecidos por la Corte Constitucional y permitir que los recursos públicos se destinen a quienes realmente enfrentan situaciones de riesgo.
El ministro defendió la revisión de los esquemas y afirmó que su administración no permitirá que estos mecanismos se conviertan en privilegios o sean utilizados para actividades ilegales. En medio de su exposición pronunció la frase «En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad», con la que cuestionó posibles irregularidades en la asignación de los recursos destinados a la protección de personas amenazadas.
Ordóñez agregó que no se pueden financiar con recursos públicos esquemas de personas que delinquen, trafican drogas, transportan armas o participan en actividades ilegales. También aseguró que las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la propia JEP deben recibir atención efectiva y no quedar atrapadas en discusiones burocráticas entre las entidades responsables.
Las declaraciones del ministro abrieron una discusión sobre los criterios que se utilizarán para revisar los mecanismos de protección. Aunque el Estado tiene la obligación de verificar que los recursos se administren correctamente, las decisiones sobre la continuidad o modificación de los esquemas deben considerar las condiciones particulares de riesgo de cada beneficiario. En el caso de los firmantes de paz, la amenaza no desaparece por el hecho de que hayan transcurrido varios años desde la firma del acuerdo.
El episodio también tiene un trasfondo político e institucional por la trayectoria de Ordóñez frente al proceso de paz. Durante su paso por la Procuraduría General de la Nación, el funcionario fue uno de los principales críticos del acuerdo firmado en 2016 y de varios de los mecanismos establecidos para su implementación. Su llegada al Ministerio del Interior llevó esas diferencias al escenario del Gobierno nacional y ahora quedaron expuestas durante una audiencia ante los magistrados de la jurisdicción.
Desde el punto de vista institucional, el enfrentamiento obliga a diferenciar las competencias del Ejecutivo y las de la justicia transicional. El Gobierno puede cuestionar los resultados de la JEP, presentar observaciones sobre sus decisiones y exigir transparencia en el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, la jurisdicción cuenta con autonomía para desarrollar sus funciones judiciales y no está subordinada políticamente al Ministerio del Interior.
Al mismo tiempo, los magistrados tienen la responsabilidad de hacer seguimiento a las medidas cautelares y exigir respuestas a las autoridades sobre las condiciones de seguridad de las personas protegidas. En ese escenario, la intervención de los funcionarios debe contribuir a esclarecer las acciones realizadas, identificar las fallas y establecer compromisos verificables para evitar nuevos hechos de violencia.
La audiencia terminó dejando una discusión que va más allá del cruce entre Ordóñez y Salazar. Por un lado, el Gobierno plantea cuestionamientos sobre la legitimidad, los tiempos y los resultados de la justicia transicional; por otro, la JEP y los organismos de control insisten en que las instituciones deben responder por la protección de una población que continúa enfrentando amenazas y asesinatos. El desafío inmediato será convertir las declaraciones y compromisos en medidas concretas.
La cifra de 521 firmantes asesinados, las alertas que no han logrado evitar todos los homicidios y la revisión de los esquemas de seguridad muestran la dimensión del problema que motivó la convocatoria. En medio de la controversia institucional, la protección de quienes suscribieron el Acuerdo de Paz sigue siendo una obligación del Estado y uno de los principales indicadores para evaluar el cumplimiento de las garantías de reincorporación y no repetición.
