La publicación de la nómina del Fondo Milagro abrió una controversia que va mucho más allá de los elevados salarios de sus directivos y funcionarios. La información conocida sobre la estructura administrativa de la entidad encargada de coordinar la reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto puso en entredicho el discurso de austeridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella y, especialmente, la capacidad del presidente para supervisar las decisiones de una de las iniciativas que él mismo presentó como prioritarias.
El escándalo tiene dos dimensiones. La primera está relacionada con el costo de una nómina que supera los $765 millones mensuales, sin incluir prestaciones sociales y otros gastos administrativos. La segunda tiene que ver con la respuesta del mandatario, quien, después de que las cifras se hicieran públicas y surgieran cuestionamientos desde la oposición, aseguró que no había autorizado esos salarios y que había ordenado reversar lo que calificó como un despropósito.
La reacción presidencial dejó una pregunta difícil de esquivar: si el Fondo Milagro responde a una de las principales apuestas de su administración y su funcionamiento debía estar sometido a instrucciones directas de la Casa de Nariño, ¿cómo llegó a consolidarse una estructura de remuneraciones millonarias sin que el jefe de Estado conociera sus características?
Una nómina que supera los $765 millones mensuales
La controversia comenzó con la divulgación de la información salarial del Fondo Milagro, después de que congresistas solicitaran explicaciones sobre su funcionamiento y la destinación de los recursos. Los datos permitieron conocer una estructura de 27 trabajadores, con remuneraciones que, en varios casos, superan ampliamente los ingresos de altos funcionarios del Estado.
De acuerdo con la información publicada, el costo mensual de esa nómina asciende a aproximadamente $765,6 millones. La cifra corresponde a los salarios reportados y no contempla las prestaciones sociales, por lo que el costo laboral total podría ser superior. Se trata de una suma considerable para una entidad cuya misión principal es coordinar la atención de la emergencia y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la remuneración del gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe, quien recibe $39.441.454 mensuales. El monto supera el salario de un ministro del Gobierno nacional y sitúa al responsable de administrar una de las principales apuestas de reconstrucción del Ejecutivo entre los funcionarios con mayores ingresos de la estructura estatal.
La situación no se limita a la remuneración del gerente. La información divulgada muestra que cinco cargos directivos tienen asignaciones mensuales de $36 millones cada uno. A ellos se suman 13 coordinadores con salarios de $33 millones, un coordinador regional que recibe $30 millones y otros cargos con remuneraciones que también superan ampliamente el promedio salarial del país.
En total, 20 de los 27 trabajadores reportados reciben salarios iguales o superiores a los $30 millones mensuales. La distribución de los recursos evidencia que la mayor parte del gasto laboral está concentrada en cargos de dirección y coordinación, una característica que inevitablemente conduce a preguntar por los criterios utilizados para determinar las remuneraciones y por la necesidad de contar con una estructura de ese costo.
La contratación de estos trabajadores también merece atención. Según la información divulgada, los 27 aparecen vinculados mediante contratos laborales a término indefinido a través de la fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo. Esto significa que no se trata simplemente de una relación de prestación de servicios por actividades puntuales, sino de una estructura de vinculación laboral que implica compromisos económicos y obligaciones adicionales.
La dimensión del gasto adquiere mayor relevancia cuando se compara con los avances contractuales reportados para atender las necesidades de la reconstrucción. En el seguimiento a la gestión del Fondo se conoció que, frente a un presupuesto máximo de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias, los procesos contractuales reportados alcanzaban aproximadamente $7.440 millones. Esa suma representa alrededor del 1,2 % del presupuesto de referencia.
Los procesos mencionados estaban relacionados principalmente con demoliciones y sus respectivas interventorías en Pereira y Cali. Por tanto, no podían presentarse como evidencia de una ejecución amplia de las obras de reconstrucción que esperan las comunidades afectadas. La comparación entre los recursos destinados a la estructura administrativa y los avances contractuales alimentó los cuestionamientos sobre las prioridades del Fondo.
A la nómina se suma la comisión mensual que recibiría Fiducoldex por la administración del patrimonio autónomo, estimada en aproximadamente $248,6 millones. Si se agregan ese valor y los salarios reportados, el costo mensual de estos dos componentes supera los $1.014 millones, sin contar otros gastos de funcionamiento. La cifra permite dimensionar el compromiso económico que supone mantener la estructura antes de contabilizar la totalidad de las intervenciones que deben ejecutarse.
Duvalier Sánchez y los cuestionamientos desde la oposición
La divulgación de los salarios provocó cuestionamientos de distintos sectores políticos. El senador Duvalier Sánchez puso el foco en el contraste entre los gastos de funcionamiento y los resultados que se estaban obteniendo con los recursos destinados a la emergencia. Su crítica apuntó a la utilización de una tragedia nacional para construir una estructura burocrática con remuneraciones millonarias.
Sánchez cuestionó que una entidad creada para responder a las necesidades de miles de damnificados tuviera una estructura de salarios de esa magnitud. Su denuncia puso sobre la mesa una discusión que el Gobierno no había resuelto: cuánto dinero estaba destinando realmente a atender a las víctimas y cuánto estaba comprometiendo para sostener la administración del Fondo.
El senador también cuestionó la coherencia del discurso de austeridad del Ejecutivo. La controversia no surgió únicamente porque el gerente recibiera más de $39 millones o porque los directivos tuvieran salarios superiores a los $30 millones. El problema estaba en que esos valores aparecían en una entidad que todavía debía demostrar resultados concretos en la reconstrucción.
La información también fue divulgada por la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, quien dio a conocer la tabla de remuneraciones y cuestionó la estructura de contratación. Es importante distinguir las actuaciones de ambos congresistas: las publicaciones periodísticas no coinciden plenamente al identificar quién radicó el derecho de petición que permitió conocer los datos, pero sí registran los cuestionamientos políticos de la oposición sobre la nómina y el funcionamiento del Fondo.
A la discusión se sumó otro dato que amplió el alcance del escándalo: el organigrama de la entidad contempla aproximadamente 110 cargos, aunque solamente 27 estaban ocupados en el momento de la divulgación de la información. Esto significa que los $765,6 millones mensuales corresponden a una estructura que todavía no estaba completamente conformada.
La proyección resulta todavía más preocupante desde el punto de vista presupuestal. Según el cálculo divulgado por la senadora Zuluaga y recogido por El País, si se ocuparan todas las posiciones previstas, el costo de la nómina podría superar los $3.000 millones mensuales. No se trata de un gasto ejecutado en su totalidad, sino de una estimación sobre el costo potencial de completar la estructura administrativa.
La reacción de Abelardo: no los autorizo
La respuesta del presidente llegó después de que la información se hiciera pública y comenzara a generar cuestionamientos. A través de su cuenta en X, De la Espriella aseguró que los salarios anunciados para el Fondo Milagro no correspondían a sus instrucciones y que había ordenado reversar inmediatamente esas remuneraciones.
«¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN!», escribió el mandatario al comenzar su pronunciamiento. Después fue todavía más directo: «Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato».
El presidente atribuyó la situación a decisiones que, según su versión, se tomaron sin consultarlo y en contra de sus instrucciones. «No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó», manifestó.
De la Espriella también lanzó una advertencia a quienes hacen parte de su administración. Aseguró que todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba y que nadie tiene cargos asegurados. «Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones», agregó.
El mandatario anunció que en las horas siguientes comunicaría las medidas correctivas pertinentes. Sin embargo, su pronunciamiento no estuvo acompañado, en ese momento, de documentos que permitieran establecer quién había aprobado la escala salarial, qué funcionarios habían participado en su conformación o cuáles serían los mecanismos jurídicos para modificar los contratos laborales que ya estaban vigentes.
La respuesta presidencial también tuvo un componente de defensa de la gestión del Fondo. De la Espriella aseguró que la entidad había comenzado a trabajar en tiempo récord, que ya se estaban reconstruyendo viviendas, entregando subsidios y adelantando demoliciones. Con ello intentó separar los cuestionamientos sobre la estructura administrativa de los resultados que, según su versión, estaba obteniendo el organismo.
No obstante, esa defensa no resolvía el asunto central. Los anuncios de entregas y demoliciones no explicaban por qué los cargos directivos y de coordinación tenían remuneraciones de ese nivel, ni por qué el costo de la administración contrastaba con los procesos contractuales reportados. Tampoco respondían a la pregunta sobre la responsabilidad de quienes habían permitido que se configurara esa estructura.
El problema de un Gobierno que dice centralizar las decisiones
La explicación del presidente abre un interrogante político que va más allá de la nómina. De la Espriella ha presentado el Fondo Milagro como una de las apuestas centrales de su administración y ha asumido públicamente el liderazgo de la reconstrucción. Por eso resulta difícil separar su responsabilidad política de las decisiones administrativas que se tomaron para poner en funcionamiento la entidad.
Si, como sostiene el mandatario, los salarios fueron establecidos mediante decisiones inconsultas, la pregunta es quién tuvo la autoridad para estructurar una nómina de estas características sin pasar por los mecanismos de supervisión presidencial. No se trata de una contratación aislada, sino de decenas de cargos, una escala salarial definida y una estructura administrativa que contempla más de un centenar de posiciones.
La situación adquiere otra dimensión al conocerse que el gerente Jaime Andrés Uribe no asistió al debate de control político del 11 de noviembre, al que había sido citado para explicar la gestión del Fondo. Su ausencia fue justificada por una actividad de entrega de beneficios de vivienda en Roldanillo, Valle del Cauca, en la que participaría junto al presidente. Según El País, era la tercera ocasión en que el gerente no atendía una citación para rendir cuentas ante el Congreso.
También resulta relevante que la información no surgió de una auditoría interna anunciada por el Gobierno, de una revisión preventiva de la Presidencia o de una decisión autónoma de transparencia de la entidad. La nómina se conoció mediante solicitudes de información y fue divulgada por congresistas de la oposición. Solo después de que las cifras se hicieron públicas llegó la desautorización presidencial.
Esto no demuestra que De la Espriella conociera previamente los salarios ni que hubiera autorizado su establecimiento. Pero sí permite cuestionar la eficacia de los mecanismos de control de su administración. Si desconocía una estructura de ese tamaño, hay una falla de supervisión; si conocía su existencia, pero no sus costos, hay una falla de seguimiento presupuestal. Y si estaba informado de ambos aspectos, tendría que explicar por qué la intervención llegó después de la denuncia pública.
Los damnificados siguen esperando resultados
La discusión sobre la nómina coincide con las dificultades que enfrenta el Fondo para demostrar avances proporcionales a los recursos que tiene bajo su responsabilidad. El Gobierno había anunciado un plan de reconstrucción que contempla la construcción de 834 viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 3.504. Sin embargo, el balance divulgado por el Ministerio de Vivienda mostraba que solamente se habían entregado 21 viviendas de las 1.119 ofrecidas a los damnificados, mientras los programas de subsidios familiares de vivienda continuaban en etapa de estructuración.
La diferencia entre los anuncios, los compromisos presupuestales y los resultados concretos es precisamente lo que hace más sensible el escándalo. Mientras una parte importante de la estructura administrativa recibe salarios superiores a los $30 millones, miles de familias siguen esperando soluciones para recuperar sus viviendas y sus condiciones de vida.
La controversia del Fondo Milagro, por tanto, no puede reducirse a una discusión sobre si un funcionario merece ganar $39 millones o si un coordinador debe recibir $33 millones. El asunto central es la justificación de esos gastos, la necesidad de los cargos, los procedimientos mediante los cuales fueron aprobados y la relación entre el funcionamiento administrativo y los resultados de la reconstrucción.
Abelardo de la Espriella tiene ahora una explicación pendiente. No basta con afirmar que no autorizó los salarios y ordenar reversarlos. También debe aclarar quién tomó las decisiones, cómo fue posible que se consolidara esa estructura sin su conocimiento y qué controles fallaron en una entidad que debía estar bajo especial vigilancia presidencial.
La austeridad fue una de las banderas con las que el mandatario justificó su proyecto político y presentó su compromiso de reducir el tamaño del Estado. Por eso, la existencia de una nómina de más de $765 millones mensuales, con una proyección superior a los $3.000 millones si se ocupan todos los cargos previstos, representa un cuestionamiento directo a la coherencia de ese discurso.
El episodio deja, finalmente, una contradicción que el Gobierno no puede resolver únicamente con un mensaje en redes sociales: el presidente reclama autoridad para corregir decisiones que asegura no haber autorizado, pero esa misma explicación obliga a preguntar dónde estaba el control presidencial mientras se conformaba una de las estructuras administrativas más costosas de su administración. La oposición hizo pública la información, la opinión conoció los salarios y solo entonces llegó la reacción de la Casa de Nariño. Ahora corresponde demostrar que la orden de reversarlos no será otro anuncio, sino una decisión efectiva y verificable.
