La controversia alrededor de la encuesta de Cifras y Conceptos sobre la imagen del presidente Abelardo De La Espriella abrió un debate que va más allá de las diferencias sobre la metodología de los estudios de opinión. Una publicación de Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial, puso en el centro de la discusión la relación entre el cubrimiento periodístico, las decisiones del Gobierno sobre pauta oficial y la independencia de los medios de comunicación.
El episodio tomó relevancia el 12 de noviembre, después de que Suárez cuestionara en la red social X las encuestas que estaban difundiendo algunos medios de comunicación. En su pronunciamiento relacionó a esos medios con aquellos a los que, según su mensaje, el presidente había ordenado retirarles la pauta publicitaria oficial. La referencia generó preocupación porque vinculó la divulgación de información periodística con la posibilidad de perder recursos provenientes del Estado.
La discusión tiene dos dimensiones. Por un lado, está la confrontación sobre los resultados de una medición de opinión que presentó conclusiones desfavorables para la imagen presidencial. Por otro, aparece el interrogante sobre los criterios que utiliza el Ejecutivo para distribuir la publicidad institucional y si estos pueden estar condicionados por la manera en que los medios informan sobre la gestión del mandatario.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización El Veinte se pronunciaron sobre el episodio mediante un documento titulado Gobierno confiesa que asigna pauta según el cubrimiento de los medios. Las organizaciones advirtieron sobre los riesgos de que la publicidad oficial se utilice para premiar a los medios que mantienen una cobertura favorable al Gobierno o castigar a aquellos que publican información crítica.
La preocupación de las organizaciones no se limita a la existencia de una discusión entre funcionarios, periodistas y encuestadores. El asunto adquiere una dimensión institucional porque la pauta oficial se financia con recursos públicos y su asignación debe responder a criterios transparentes, objetivos y relacionados con las necesidades de comunicación de las entidades estatales.
La FLIP sostuvo que la distribución arbitraria y discriminatoria de publicidad estatal puede convertirse en una forma de censura indirecta, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este mecanismo no requiere prohibir expresamente una publicación: basta con que los medios perciban que una cobertura crítica puede traducirse en pérdidas económicas para que exista un riesgo de autocensura.
Las organizaciones señalaron que esta situación afecta especialmente a los medios regionales, comunitarios e independientes, que en algunos casos dependen de manera significativa de la contratación de publicidad institucional para sostener sus operaciones. La posibilidad de perder esos ingresos por el contenido de sus publicaciones puede generar presiones sobre las decisiones editoriales y limitar la diversidad informativa.
En Colombia no existe una ley específica que regule integralmente la distribución de la pauta oficial. Sin embargo, esto no significa que el Gobierno tenga libertad para asignarla discrecionalmente. El artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 establece que los recursos destinados a publicidad oficial deben cumplir la finalidad de las entidades públicas y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información. También dispone que los contratos deben responder a criterios de efectividad, transparencia y objetividad.
La misma disposición prohíbe utilizar la publicidad oficial para promover servidores públicos, partidos políticos o candidatos. Por eso, la discusión planteada por la FLIP apunta a establecer si una eventual decisión de retirar pauta a determinados medios estaría relacionada con razones técnicas y presupuestales o con su posición editorial frente a la administración presidencial.
En su pronunciamiento, la FLIP y El Veinte solicitaron a la Presidencia aclarar si efectivamente impartió instrucciones para retirar publicidad oficial a algún medio de comunicación y explicar cuáles fueron los criterios utilizados. También pidieron publicar la relación de medios que reciben pauta estatal, de manera que pueda existir seguimiento ciudadano sobre la distribución de esos recursos.
Las organizaciones extendieron sus solicitudes a los organismos de control. En particular, pidieron a la Procuraduría y a la Contraloría vigilar los procesos de asignación de publicidad oficial, con el propósito de establecer si las decisiones contractuales se ajustan a las disposiciones legales y responden a las necesidades de comunicación de las entidades públicas.
El pronunciamiento también se refirió a las declaraciones de Suárez contra medios como La Silla Vacía y Cambio. La FLIP consideró que estos señalamientos, sumados a la controversia por la pauta, contribuyen a crear un ambiente de presión sobre los periodistas y las empresas periodísticas que ejercen labores de vigilancia sobre el poder público.
La encuesta que desató la controversia
El origen inmediato de la discusión fue la publicación de las conclusiones de la Polimétrica Ola 59 de Cifras y Conceptos, un estudio que examinó la percepción ciudadana sobre los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Su gerente, César Caballero, explicó que la imagen favorable del mandatario estaba por debajo del 50 % y que la evaluación general de su administración se ubicaba en el rango de regular.
La medición se realizó mediante 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios del país, entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026. Para el trabajo de campo se contrataron 68 encuestadores y 16 supervisores, además del equipo de la firma
Entre los aspectos mejor valorados de la administración aparecieron las acciones en materia de seguridad, particularmente la lucha contra las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común. También recibieron reconocimiento las visitas presidenciales a las regiones y el traslado de personas privadas de la libertad entre establecimientos penitenciarios.
En contraste, Caballero identificó dificultades en las relaciones internacionales, la justicia y la lucha contra la corrupción. También mencionó cuestionamientos relacionados con la reforma tributaria, el posible aumento del IVA, la denominada batalla cultural y algunas actuaciones públicas del mandatario.
Uno de los puntos destacados por el gerente de Cifras y Conceptos fue la estrategia de comunicaciones del Ejecutivo. Según su interpretación, el Gobierno no estaba consiguiendo que sus mensajes llegaran a sectores diferentes de quienes ya respaldaban al presidente. También señaló que la administración estaba desaprovechando medios tradicionales como la radio y la televisión, que conservan una capacidad importante de llegar a distintos segmentos de la población.
La firma no divulgó los porcentajes completos de la medición. Según las explicaciones conocidas, la decisión estuvo relacionada con las restricciones de la legislación vigente sobre elaboración y divulgación de encuestas. Caballero sostuvo que podía presentar una interpretación de los resultados sin que eso significara desconocer las disposiciones regulatorias.
La denuncia ante el Consejo Nacional Electoral
La controversia tuvo otro capítulo cuando Germán Calderón España presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero. Calderón había sido director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hasta el 6 de noviembre y también se desempeñó como jefe jurídico de la campaña presidencial de De La Espriella.
La denuncia solicita abrir un procedimiento sancionatorio por la divulgación de conclusiones de la medición sobre la favorabilidad presidencial. El argumento es que la firma habría incumplido las disposiciones que regulan la publicación de encuestas de opinión política. Caballero rechazó los señalamientos y defendió que su intervención correspondió a una interpretación informada de los resultados.
El debate jurídico está relacionado con la Ley 2494 de 2025, que estableció nuevas disposiciones para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales. La norma busca garantizar transparencia, confiabilidad técnica y acceso a la información, además de establecer requisitos sobre las muestras, los cuestionarios, los procedimientos y la presentación de resultados.
La legislación también asigna al CNE funciones de vigilancia sobre las firmas encuestadoras y contempla procedimientos sancionatorios cuando se detecten irregularidades, como manipulación de muestras, inducción de respuestas o alteración de datos. Sin embargo, la presentación de una denuncia no constituye por sí misma una demostración de que se haya cometido una infracción. Será la autoridad electoral la encargada de determinar si existe fundamento para adelantar actuaciones y adoptar una decisión.
La FLIP cuestionó que la denuncia se produjera el mismo día en que Suárez descalificó las encuestas difundidas por determinados medios y las relacionó con la supuesta decisión presidencial de retirarles la pauta. Para la organización, la coincidencia de los acontecimientos puede generar un efecto intimidatorio sobre las firmas que realizan estudios de opinión y los medios que divulgan sus resultados.
El pronunciamiento conjunto de la FLIP y El Veinte concluyó con un llamado a garantizar que los medios puedan informar sin temor a represalias económicas y que las encuestadoras puedan desarrollar su trabajo sin presiones derivadas de los resultados que presentan. También expresó solidaridad con Cifras y Conceptos y con los medios señalados en la controversia.
De esta manera, el episodio dejó planteadas tres discusiones que tendrán que resolverse en escenarios diferentes: la legalidad de la divulgación de las conclusiones de la encuesta, la transparencia de los criterios de contratación de publicidad oficial y la responsabilidad de los funcionarios y representantes cercanos al Gobierno en sus pronunciamientos sobre el trabajo periodístico.
La respuesta de la Presidencia sobre la existencia de instrucciones para retirar pauta, junto con la publicación de los contratos y los criterios utilizados para distribuirla, será determinante para establecer el alcance de los señalamientos. Mientras tanto, la denuncia contra Cifras y Conceptos deberá seguir su propio trámite ante el CNE, sin anticipar responsabilidades que todavía no han sido establecidas.
En el centro de la controversia permanece una cuestión que compromete el funcionamiento de la democracia: los recursos públicos destinados a informar a los ciudadanos no pueden convertirse en instrumentos para condicionar la línea editorial de los medios. La discusión sobre la favorabilidad presidencial puede generar confrontaciones políticas, pero la independencia periodística y el derecho de la sociedad a recibir información requieren garantías que estén por encima de esas diferencias.
