El incremento de los ataques con drones y sus consecuencias mortales se convirtió en uno de los desafíos de seguridad para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque estos dispositivos ya representaban una amenaza para la Fuerza Pública antes de su llegada a la Presidencia, las cifras conocidas durante los primeros meses de su administración muestran que el problema no ha sido contenido.
La comparación de los registros de la Policía Nacional, conocidos por EL PAÍS, permite dimensionar la situación. En los siete meses anteriores a la posesión presidencial se registraron ocho muertes de uniformados por explosivos lanzados desde drones. Desde agosto, la cifra llegó a por lo menos 12.
El contraste representa un aumento de al menos cuatro fallecimientos y evidencia la persistencia de una modalidad de ataque que ha modificado las condiciones de seguridad en distintas zonas del país. Se trata de una amenaza que combina el uso de aeronaves no tripuladas con artefactos explosivos y que permite a los grupos armados atacar a distancia.
La gravedad del fenómeno también se refleja en los registros de ataques. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) contabilizó 119 incidentes con drones en 2024, 277 en 2025 y 351 en lo corrido de 2026 hasta el 2 de noviembre. El crecimiento muestra que la utilización de estos aparatos dejó de ser un recurso excepcional y se convirtió en una herramienta recurrente de las organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con ese balance, durante 2026 se produjo, en promedio, un ataque cada 21 horas. Agosto fue el mes con mayor número de incidentes, con 56 registros, un dato que coincide con el comienzo de la nueva administración y con la intensificación de las acciones violentas contra instalaciones y unidades de la Fuerza Pública.
La evolución de los ataques, sin embargo, venía de años anteriores. Los datos de Naciones Unidas sobre el uso de sistemas aéreos no tripulados con cargas explosivas muestran que esta modalidad ya experimentaba una expansión considerable antes del cambio de gobierno.
Entre enero y mayo de 2026 se documentaron 121 eventos de esta naturaleza, con un incremento del 146 % frente al periodo de referencia utilizado por el organismo. En ese mismo lapso se reportaron 145 personas heridas y 21 fallecidas. Las cifras incluyen afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública y a población civil.
El informe identificó a Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca como los departamentos con mayor concentración de ataques, con 33, 30 y 16 incidentes, respectivamente. También aparecieron registros en Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Arauca, Meta, Bogotá y Huila, además de nuevos reportes en Tolima y Risaralda.
La distribución territorial permite observar que el problema no está concentrado en un solo frente del conflicto. Los ataques se han extendido por regiones donde operan estructuras armadas con capacidad para disputar el control territorial, presionar a las autoridades y afectar la movilidad de las comunidades.
Naciones Unidas también advirtió sobre la diversidad de los objetivos. Aunque la Fuerza Pública continúa siendo uno de los principales blancos, la población civil representa una parte importante de las personas afectadas. En el balance del organismo, el 59 % de los afectados pertenecía al cuerpo militar, el 9 % a la Policía y el 32 % correspondía a civiles.
La evolución tecnológica representa otro motivo de preocupación. El documento identificó el uso de drones en enjambre y de aparatos guiados mediante fibra óptica, mecanismos que pueden dificultar la respuesta de los sistemas convencionales de detección e interferencia electrónica.
Los dispositivos guiados por fibra óptica, en particular, reducen la dependencia de las comunicaciones por radiofrecuencia. Esa característica dificulta neutralizarlos mediante equipos que utilizan interferencias electrónicas para interrumpir el control remoto de las aeronaves.
Los ataques también han demostrado que los drones pueden emplearse en operaciones contra instalaciones militares, estaciones de Policía, infraestructura y viviendas. En algunos casos, los artefactos explosivos han alcanzado zonas pobladas, lo que amplía el riesgo más allá de los objetivos estrictamente militares.
Un antecedente significativo ocurrió el 7 de mayo de 2026 en Bogotá, cuando las autoridades encontraron y desactivaron un dron cargado con explosivos C4 y guiado por fibra óptica cerca del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) y del aeropuerto El Dorado. El hallazgo mostró que la amenaza también podía alcanzar puntos estratégicos de la capital.
La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño tampoco estuvo acompañada de una disminución inmediata de estos hechos. El 7 de agosto, día de su posesión, se registraron acciones violentas en diferentes departamentos, algunas de ellas con utilización de aeronaves no tripuladas.
En la zona rural de Curumaní, Cesar, un ataque contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque terminó con la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchila. Otro uniformado resultó herido y las instalaciones sufrieron daños por las explosiones. El hecho ocurrió durante la noche del 7 de agosto y fue reportado al día siguiente.
El episodio fue uno de los primeros mensajes de la capacidad operativa que conservaban las organizaciones armadas al comienzo de la nueva administración. También puso de manifiesto que los anuncios de endurecimiento de la política de seguridad no se traducían automáticamente en una reducción de los ataques.
El 4 de septiembre se produjo uno de los atentados más graves del periodo en el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander. Un ataque con drones cargados de explosivos contra las instalaciones militares dejó tres uniformados muertos y cuatro heridos, según el reporte divulgado por el Ejército y la información de medios internacionales. Las autoridades atribuyeron la acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La ofensiva evidenció la vulnerabilidad de las instalaciones militares frente a ataques que pueden ejecutarse desde el aire sin que los responsables tengan que acercarse directamente a sus objetivos. También volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las capacidades de detección, protección y respuesta de las tropas.
El Gobierno respondió con anuncios de nuevas medidas. El 28 de agosto, después de ataques contra unidades militares en Pelaya, Cesar, De la Espriella encabezó un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar y ordenó activar un plan de choque para enfrentar al ELN y reforzar la defensa antidrones en esa región.
La Presidencia informó entonces que el mandatario había solicitado acciones de reacción rápida y contundente contra la organización armada. Sin embargo, la persistencia de los ataques y el aumento de las víctimas muestran que los anuncios y las medidas iniciales todavía deben traducirse en resultados verificables.
Otro de los episodios de mayor gravedad ocurrió el 7 de noviembre en el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Un ataque con drones explosivos contra la instalación dejó tres militares muertos y al menos 16 heridos, de acuerdo con el reporte divulgado por el Ejército y la información de Associated Press.
La zona donde ocurrió el atentado tiene una importancia estratégica por la presencia de economías ilegales y la disputa territorial entre diferentes organizaciones armadas. Entre los grupos que operan en ese entorno están el Clan del Golfo, el ELN y estructuras de menor tamaño surgidas de las antiguas Farc. Las autoridades no habían identificado públicamente a los responsables del ataque al momento de los primeros reportes.
Estos hechos se producen en un escenario en el que las organizaciones armadas han diversificado sus métodos de confrontación. Los drones permiten realizar reconocimientos, vigilar movimientos de las tropas y transportar explosivos, mientras que su costo y disponibilidad facilitan que estructuras ilegales incorporen esta tecnología a sus operaciones.
El principal desafío para la administración de De la Espriella será demostrar que su estrategia de confrontación puede traducirse en una reducción efectiva de estas acciones. La comparación de las cifras no demuestra que la política del nuevo Gobierno haya provocado el incremento de las muertes, pero sí plantea una pregunta legítima sobre sus resultados: después de los primeros meses de una administración que prometió recuperar el control territorial y enfrentar con mayor contundencia a las organizaciones ilegales, los ataques con drones siguen cobrando vidas entre los integrantes de la Fuerza Pública.
