La aprehensión de 100 drones en el puerto de Cartagena fue presentada por el presidente Abelardo De la Espriella como una acción para impedir que la tecnología fortalezca las capacidades de organizaciones narcoterroristas. Sin embargo, la información conocida sobre los equipos apunta a dispositivos utilizados para realizar espectáculos de luces y coreografías aéreas, lo que abre interrogantes sobre el fundamento de la advertencia presidencial.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó el procedimiento sobre un cargamento compuesto por 100 drones y sus componentes, distribuidos en 21 bultos. Según la información divulgada por el mandatario, la mercancía ingresaba al país con destino a una empresa domiciliada en Candelaria, Valle del Cauca.
Tras conocerse el procedimiento, De la Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que su Gobierno no permitiría que la tecnología llegara a manos del narcoterrorismo. También advirtió que estos dispositivos podrían fortalecer las capacidades criminales de organizaciones ilegales que utilizan aeronaves no tripuladas para atacar a integrantes de la Fuerza Pública y amenazar a la población civil.
«Estos equipos pueden terminar fortaleciendo las capacidades criminales de organizaciones narcoterroristas que los utilizan para atacar a nuestra Fuerza Pública, amenazar a la población civil e imponer el terror en los territorios», escribió el presidente, quien aseguró que las autoridades perseguirían a quienes utilizaran estos dispositivos para sembrar violencia.
No obstante, el pronunciamiento presidencial no estuvo acompañado de información pública que identificara a la empresa destinataria, explicara la causal específica de aprehensión o demostrara que los equipos estuvieran relacionados con alguna estructura criminal. Tampoco se divulgaron elementos que acreditaran que la mercancía tenía como finalidad la realización de atentados.
La identificación técnica de los dispositivos también abrió un interrogante sobre el alcance de la advertencia. Según información publicada por NTN24 y retomada por Infobae, los equipos podrían corresponder a drones DAMODA V4, fabricados por una compañía china especializada en tecnología para espectáculos aéreos. La identificación se habría realizado a partir de las estaciones de acoplamiento visibles en las fotografías divulgadas por el presidente.
Los DAMODA V4 están diseñados para ejecutar vuelos sincronizados, formar figuras luminosas y desarrollar coreografías mediante sistemas de posicionamiento de alta precisión. Entre sus características se encuentran iluminación LED RGBW, posicionamiento RTK, autonomía recomendada de hasta 15 minutos y una velocidad máxima de desplazamiento de 10 metros por segundo, según la ficha técnica del fabricante.
La compañía también ofrece sistemas de coordinación para grandes espectáculos, con capacidad de operar enjambres de hasta 10.000 drones. Sus estaciones permiten el aterrizaje y la recarga automática de los dispositivos, características que responden a las necesidades de producciones audiovisuales y presentaciones de luces.
Sin embargo, la ficha técnica del V4 no publica una capacidad de carga útil que permita establecer cuánto peso adicional puede transportar. Tampoco se ha divulgado un análisis técnico de los 100 equipos aprehendidos que permita determinar si tenían modificaciones, accesorios diferentes a los originales o características que los hicieran aptos para otros usos.
La posibilidad de adaptar drones comerciales para actividades diferentes a aquellas para las que fueron diseñados constituye un asunto que merece evaluación técnica. Algunos modelos de la misma compañía, como el DAMODA L3, contemplan accesorios para efectos pirotécnicos. Su fabricante menciona una configuración de espectáculo con una carga de 80 gramos, pero esa especificación corresponde a accesorios pirotécnicos y no equivale a una capacidad demostrada para transportar explosivos con fines ofensivos.
La diferencia es relevante porque la capacidad de carga de una aeronave no tripulada depende de sus motores, hélices, batería, estructura y sistemas de control. Que un dispositivo pueda transportar accesorios adicionales no demuestra automáticamente que tenga capacidad ofensiva ni que haya sido acondicionado para cometer atentados. Para establecerlo se necesita conocer la configuración concreta de los equipos y contar con una evaluación especializada.
La operación simultánea de múltiples drones también plantea desafíos de seguridad y puede representar riesgos cuando las aeronaves son utilizadas de manera indebida. En Colombia, las autoridades han advertido sobre el empleo de estos dispositivos por parte de grupos armados ilegales para atacar instalaciones y unidades de la Fuerza Pública. Sin embargo, la existencia de esa amenaza general no demuestra que cualquier cargamento de drones tenga una finalidad criminal.
El caso permite establecer una diferencia entre la capacidad potencial de un objeto y la intención de quien lo adquiere. Un martillo puede utilizarse como herramienta de construcción o como arma contundente, pero esa posibilidad no convierte automáticamente a su comprador en una persona vinculada con actividades delictivas. De la misma manera, que un dron pueda ser adaptado para usos indebidos no demuestra que su propietario tenga esa intención.
Otro elemento pendiente de aclaración es la identidad de la empresa que recibiría los equipos en Candelaria. Hasta el momento, ni la Presidencia ni la DIAN han divulgado públicamente su razón social, la identificación de sus representantes legales, el valor de la mercancía o la actividad económica que desarrolla. Tampoco se han conocido pruebas de que la compañía tenga vínculos con organizaciones narcoterroristas.
La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, se pronunció después de que el municipio apareciera mencionado en el anuncio presidencial. La mandataria ofreció la colaboración institucional de la administración local a la DIAN, la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para contribuir al esclarecimiento del procedimiento y determinar el posible uso de los dispositivos.
El contexto de seguridad del municipio también ha generado atención. Dos meses antes del anuncio sobre los drones, un radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil ubicado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, fue atacado con aeronaves no tripuladas, según reportes de medios regionales. Sin embargo, no se han presentado pruebas que relacionen ese episodio con los equipos aprehendidos en Cartagena ni con la empresa destinataria del cargamento.
En materia aduanera, la DIAN cuenta con disposiciones específicas para controlar la importación de drones y sus componentes. La Resolución 000242 de 2025, vigente desde enero de 2026, estableció la obligación de presentar declaración de importación anticipada y restringió el ingreso de estas mercancías a los puertos bajo jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y al aeropuerto El Dorado de Bogotá. También prohibió su ingreso mediante tráfico postal y envíos urgentes.
La existencia de estas disposiciones demuestra que el ingreso de drones está sometido a controles especiales, pero no permite establecer por sí sola cuál fue la irregularidad que motivó la aprehensión del cargamento. De hecho, Cartagena figura entre los puntos habilitados para el ingreso de estas mercancías. La DIAN tendría que precisar cuál fue la causal jurídica aplicada en este procedimiento y si estuvo relacionada con documentación, clasificación arancelaria u otro incumplimiento.
Por ahora, los hechos conocidos permiten confirmar la aprehensión de los 100 drones, su distribución en 21 bultos y el destino comercial señalado por el presidente. También está documentada la advertencia de De la Espriella sobre el posible uso criminal de esta tecnología. Lo que todavía no se ha demostrado públicamente es que los dispositivos estuvieran destinados a organizaciones narcoterroristas o que la empresa receptora participara en actividades ilegales.
La investigación necesita respuestas sobre la identidad del importador, las características exactas de los equipos, la causal de aprehensión y la existencia de eventuales investigaciones judiciales. Mientras esos elementos no se conozcan, la posibilidad de que los drones puedan ser utilizados para actividades criminales no debe confundirse con la demostración de que ese era el propósito del cargamento. La diferencia entre una amenaza potencial y una relación criminal probada es el punto central que las autoridades deben esclarecer.






