Fiscalía archiva investigación contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos: qué significa la decisión y qué procesos siguen abiertos

La determinación fue adoptada por Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que los elementos recopilados durante la investigación no permitían demostrar que se hubieran realizado las operaciones económicas denunciadas - Foto: Archivo/Ronald Cano

La determinación fue adoptada por Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que los elementos recopilados durante la investigación no permitían demostrar que se hubieran realizado las operaciones económicas denunciadas - Foto: Archivo/Ronald Cano

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en la actuación penal, en un expediente que tuvo como denunciante al senador Iván Cepeda. La decisión, contenida en una resolución de 47 páginas firmada el 12 de noviembre de 2026, se fundamentó en la falta de pruebas que permitieran establecer la existencia de los supuestos pagos a antiguos integrantes de grupos paramilitares para modificar sus declaraciones judiciales.

La determinación fue adoptada por Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que los elementos recopilados durante la investigación no permitían demostrar que se hubieran realizado las operaciones económicas denunciadas. El pronunciamiento representa un nuevo capítulo en una controversia judicial que comenzó en 2018 y que ha tenido diferentes actuaciones ante la Corte Suprema, la Fiscalía y los jueces penales de Bogotá.

El origen del expediente se remonta a febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cepeda por las denuncias que había formulado Uribe y ordenó compulsar copias para que se investigara al entonces senador del Centro Democrático. La controversia estaba relacionada con las declaraciones de antiguos integrantes de las Autodefensas y los señalamientos sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro.

Uno de los principales elementos examinados fue la declaración de Pablo Hernán Sierra García, conocido como alias ‘Alberto Guerrero’, quien aseguró que Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, habrían recibido hasta 300 millones de pesos para modificar sus versiones judiciales. Según esa hipótesis, los pagos estarían relacionados con las gestiones para obtener declaraciones favorables al expresidente y contrarias a Iván Cepeda.

La Fiscalía sometió esos señalamientos a verificaciones patrimoniales, financieras y documentales. Para ello contó con información de entidades como la DIAN, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. También examinó operaciones inmobiliarias relacionadas con predios ubicados en Cimitarra, Santander, vinculados a Muñoz Ramírez, así como escrituras, títulos de propiedad, transacciones y movimientos destinados a cancelar obligaciones hipotecarias.

El resultado de esas diligencias fue que las operaciones inmobiliarias correspondían a negocios entre particulares y no se encontró una conexión probatoria con los supuestos sobornos. La Fiscalía tampoco estableció que los recursos utilizados tuvieran un origen ficticio o que existiera una financiación encubierta para pagar a los exparamilitares. Sobre las afirmaciones de Sierra García, el despacho señaló que no estaban respaldadas por documentos y que algunas correspondían a rumores escuchados en centros de reclusión.

La resolución también examinó las acusaciones de fraude procesal relacionadas con alias ‘Castañeda’, alias ‘Simón’ y Óscar Antonio Monsalve Correa, padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En este apartado, la Fiscalía indicó que no podía emitir un nuevo pronunciamiento sobre hechos que ya habían sido debatidos y valorados durante el juicio oral adelantado contra Uribe ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Por esa razón, el archivo no debe interpretarse como una nueva sentencia que examine y resuelva todos los episodios de fraude procesal discutidos en aquel juicio.

La decisión se adoptó con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que permite archivar las diligencias cuando no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar el hecho como delito o indicar su posible existencia. No obstante, la disposición contempla la posibilidad de reanudar la investigación si aparecen nuevos elementos probatorios, siempre que la acción penal continúe vigente. En consecuencia, se trata de un archivo de las diligencias y no de una sentencia absolutoria emitida por un juez.

La noticia adquirió mayor relevancia porque el propio Uribe relacionó la decisión con la absolución que había obtenido en octubre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá. A través de su cuenta de X, el expresidente afirmó que el archivo de la Fiscalía complementaba el fallo favorable que había recibido en el proceso por manipulación de testigos. Su abogado, Jaime Granados, también celebró la determinación y sostuvo que representaba una rectificación frente a las actuaciones que habían afectado a su defendido.

Sin embargo, los dos pronunciamientos corresponden a actuaciones judiciales diferentes. El proceso que llegó a juicio ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá se originó en la investigación que adelantó la Corte Suprema y que posteriormente pasó a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado, en agosto de 2020. En ese expediente se investigaron presuntas maniobras para alterar los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido como alias ‘Víctor’, y Eurídice Cortés Velasco, entre otros episodios relacionados con soborno y fraude procesal.

El 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia también lo absolvió de uno de los cargos de soborno y otro de fraude procesal, pero lo declaró responsable por los restantes hechos que fueron objeto de acusación. La defensa apeló la decisión y el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá.

El 21 de octubre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y absolvió al expresidente de los cargos por los que había sido declarado responsable en primera instancia. La decisión fue adoptada por los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa, mientras que la magistrada María Leonor Oviedo presentó un salvamento de voto en el que defendió la confirmación de la condena. Su discrepancia quedó consignada en un documento de cientos de páginas, en el que expuso su valoración de las pruebas y de los argumentos jurídicos del caso.

La absolución tampoco significa que el expediente haya quedado completamente cerrado. El 13 de enero de 2026, los representantes de las víctimas reconocidas en el proceso radicaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación contra la decisión del Tribunal Superior. Entre quienes promovieron el recurso están los abogados Miguel Ángel del Río, Reinaldo Villalba y Juan David León, en representación de Iván Cepeda, Deyanira Gómez, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.

La casación es un recurso extraordinario que permite a la Corte Suprema examinar si la sentencia de segunda instancia incurrió en errores jurídicos relevantes o desconoció reglas fundamentales del proceso. No constituye una tercera instancia para repetir el juicio ni supone que la condena de primera instancia vuelva a tener vigencia automáticamente. Por tanto, mientras no exista una decisión de la Corte que modifique el fallo, la absolución dictada por el Tribunal Superior continúa siendo la decisión judicial vigente en ese proceso.

Mientras ese recurso avanza, existe otra investigación que mantiene al expresidente bajo escrutinio judicial y que no tiene relación directa con el expediente archivado el 12 de noviembre. Se trata de las actuaciones por las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente, en el municipio de Ituango, Antioquia, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en febrero de 1998.

En este expediente se investigan presuntas responsabilidades de Uribe por hechos ocurridos durante su administración como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. Las diligencias también comprenden los señalamientos sobre la presunta conformación, promoción o apoyo de una estructura paramilitar que habría operado desde la hacienda Las Guacharacas, propiedad de su familia en aquella época. La investigación contempla posibles delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Se trata de hipótesis bajo investigación, no de responsabilidades judicialmente demostradas.

Precisamente, el 9 de noviembre de 2026 se conoció que la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver de fondo un conflicto de competencias relacionado con ese expediente. La controversia surgió porque la defensa de Uribe buscaba que la investigación pasara de la Fiscalía a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por tratarse de hechos que, según su planteamiento, debían ser conocidos bajo el régimen aplicable a los expresidentes. La decisión de la Corte dejó el proceso en manos de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones.

La Fiscalía reprogramó para el 11 de diciembre de 2026 la continuación de la indagatoria de Uribe dentro de esa investigación. La diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de los señalamientos sobre su presunta participación u omisión frente a los hechos investigados durante su administración departamental. La comparecencia forma parte de una actuación independiente de la denuncia por soborno a testigos que acaba de ser archivada.

De esta manera, el panorama judicial del expresidente tiene tres escenarios que deben diferenciarse: el archivo de la investigación por presuntos pagos a exparamilitares, la absolución de segunda instancia en el proceso por manipulación de testigos, cuyo fallo fue recurrido en casación, y la investigación que continúa en la Fiscalía por las masacres de La Granja y El Aro, el asesinato de Jesús María Valle y los señalamientos sobre la hacienda Las Guacharacas. Ninguna de estas decisiones puede utilizarse automáticamente para resolver o invalidar las actuaciones correspondientes a los otros expedientes.

La decisión conocida el 14 de noviembre representa, por tanto, el cierre de una línea específica de investigación por falta de elementos que acreditaran los hechos denunciados, pero no una declaración general de inocencia frente a todas las controversias judiciales que involucran a Uribe. El alcance de cada pronunciamiento dependerá de las competencias de las autoridades que conocen los respectivos expedientes y de las decisiones que adopten frente a los recursos y las pruebas incorporadas.

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