El Campín bajo la lupa: informe de 72 páginas advierte presuntas irregularidades en el negocio de $2,4 billones con Sencia

El documento, denominado ‘Que Esto No Vuelva a Pasar’, reúne contratos, modificaciones, respuestas oficiales, documentos del SECOP y otros soportes que reconstruyen el proyecto desde sus primeras etapas, en 2018, hasta su ejecución actual. Quintero informó que el expediente fue remitido a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, con el propósito de que los organismos competentes examinen las decisiones adoptadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las actuaciones de las empresas involucradas - Foto: IDRD

El documento, denominado ‘Que Esto No Vuelva a Pasar’, reúne contratos, modificaciones, respuestas oficiales, documentos del SECOP y otros soportes que reconstruyen el proyecto desde sus primeras etapas, en 2018, hasta su ejecución actual. Quintero informó que el expediente fue remitido a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, con el propósito de que los organismos competentes examinen las decisiones adoptadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las actuaciones de las empresas involucradas - Foto: IDRD

El proyecto de renovación del estadio El Campín, considerado una de las apuestas de infraestructura más importantes para Bogotá, quedó nuevamente en el centro de la controversia. El concejal Juan David Quintero publicó un informe de 72 páginas, acompañado de 26 anexos documentales, en el que expone presuntas irregularidades en la Asociación Público-Privada (APP) adjudicada a Sencia para desarrollar, administrar y explotar económicamente el Complejo Cultural y Deportivo El Campín, un negocio estimado en $2,4 billones.

El documento, denominado ‘Que Esto No Vuelva a Pasar’, reúne contratos, modificaciones, respuestas oficiales, documentos del SECOP y otros soportes que reconstruyen el proyecto desde sus primeras etapas, en 2018, hasta su ejecución actual. Quintero informó que el expediente fue remitido a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, con el propósito de que los organismos competentes examinen las decisiones adoptadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y las actuaciones de las empresas involucradas.

La investigación no se concentra en un único cuestionamiento. Entre sus principales líneas aparecen una posible puerta giratoria entre el IDRD y Sencia, dudas sobre la capacidad financiera de los promotores originales, el reconocimiento de $26.101 millones por costos de estructuración, la experiencia técnica aportada para acreditar los requisitos de construcción y las condiciones económicas de la concesión. También examina una operación accionaria mediante la cual Corficolombiana adquirió el 51 % de Sencia por $85.949 millones.

Uno de los capítulos que más llama la atención es el relacionado con Jaime Luque Ramírez y su paso del IDRD a Sencia. Según la reconstrucción documental presentada por Quintero, en diciembre de 2018 la propuesta inicial de prefactibilidad para transformar El Campín fue dirigida a Luque, quien en ese momento figuraba como director de asuntos de Asociaciones Público-Privadas de la entidad distrital. Su vinculación con el Instituto terminó en mayo de 2019 y, posteriormente, apareció relacionado con la empresa concesionaria.

Un certificado de Cámara de Comercio de junio de 2024 ya lo registraba como representante legal suplente de Sencia. Más adelante, Luque actuó ante el mismo IDRD como CEO de la compañía. Para el concejal, esta secuencia merece una revisión de los organismos de control, especialmente por la posibilidad de que el antiguo funcionario hubiera conocido información o participado en decisiones relacionadas con el proyecto antes de incorporarse a la empresa privada que terminó desarrollándolo.

El cuestionamiento se relaciona con las restricciones establecidas en el Código General Disciplinario para los exservidores públicos que pretenden asesorar o representar intereses privados en asuntos de los que conocieron directamente durante el ejercicio de sus funciones. La investigación deberá establecer qué participación tuvo Luque en la estructuración de la APP, qué información conoció y si su posterior vinculación con Sencia se ajustó a las disposiciones legales. La existencia de una relación laboral posterior no demuestra, por sí sola, una incompatibilidad.

Otro de los asuntos centrales está relacionado con la capacidad financiera de quienes presentaron originalmente el proyecto. La APP tenía un valor estimado de $2,4 billones, por lo que el IDRD estableció condiciones para verificar que el originador contara con los recursos y la solvencia necesarios para asumir una iniciativa de semejante magnitud. Entre los indicadores exigidos estaban un patrimonio neto mínimo, un índice de liquidez igual o superior a 1,0 y un nivel de endeudamiento igual o inferior al 80 %.

La Unión Temporal ANTEA-D&O-EY, contratada para validar los componentes técnicos, jurídicos y financieros, habría advertido que no encontró los documentos necesarios para acreditar los indicadores de capacidad financiera establecidos por el propio Instituto. Esa observación es uno de los soportes más importantes del informe, pues plantea interrogantes sobre la forma en que se verificaron los requisitos antes de otorgar viabilidad a la iniciativa privada.

Sin embargo, el IDRD emitió concepto favorable el 28 de agosto de 2023 y consideró suficiente una carta de intención de crédito por 170 millones de dólares, expedida por CAXXOR Group. La entidad sostuvo que el originador podía acreditar su capacidad de financiación mediante ese respaldo, de acuerdo con las alternativas contempladas en la normativa aplicable. La discusión consiste en establecer si esa documentación cumplía efectivamente las condiciones exigidas y si permitía demostrar que el proyecto tenía garantizados los recursos necesarios para avanzar.

La diferencia entre acreditar la solvencia financiera de una empresa y demostrar que existe la posibilidad de obtener financiación de un tercero constituye el centro de este cuestionamiento. Una carta de intención de crédito no equivale necesariamente a un desembolso ni demuestra por sí misma que una sociedad tenga patrimonio suficiente para asumir sus obligaciones. Por eso, Quintero pide esclarecer qué criterios utilizó el IDRD para aprobar la capacidad financiera del originador y cómo se resolvieron las observaciones del validador.

El tercer eje del informe está relacionado con un pago de $26.101.691.506 realizado por Sencia a APP CDEC por concepto de costos de estructuración. Esta última sociedad había participado en la preparación de la iniciativa y fue la originadora del proyecto. El reconocimiento económico se habría producido antes del inicio de la ejecución contractual, lo que llevó al concejal a cuestionar las condiciones que permitieron realizar la operación.

La controversia se origina en las diferencias entre una minuta contractual publicada antes de la adjudicación y el documento definitivo. Según la reconstrucción de Quintero, la versión inicial contemplaba que el reconocimiento de los costos de estructuración estaba condicionado a que el originador no resultara ganador del proceso. Sin embargo, esa condición habría desaparecido del contrato finalmente suscrito, permitiendo el reconocimiento de los $26.101 millones.

El concejal pide establecer quién autorizó ese cambio, cuál fue su justificación jurídica y por qué se permitió que la sociedad que estructuró la iniciativa recibiera ese reconocimiento económico en las condiciones finalmente pactadas. El IDRD ha argumentado que no hubo recursos públicos comprometidos directamente, debido a que el pago se realizó entre empresas privadas. El cuestionamiento de Quintero apunta a determinar si la obligación incorporada en el contrato estatal produjo un beneficio económico que debía ser examinado desde el proceso de adjudicación.

La experiencia técnica exigida para construir el nuevo estadio también aparece bajo revisión. El informe señala que la empresa española LANIK I.A., que habría aportado la experiencia especializada en construcción para cumplir los requisitos del proyecto, tendría apenas el 1 % de participación accionaria en Sencia. Esta proporción genera preguntas sobre el papel que desempeña dentro de la concesionaria y su responsabilidad efectiva en las decisiones técnicas y constructivas.

Quintero plantea establecer si LANIK participa realmente en el diseño, la construcción y la ejecución del nuevo escenario deportivo o si su experiencia fue utilizada principalmente para acreditar un requisito durante la estructuración de la propuesta. La inquietud adquiere relevancia por la magnitud de las obras y porque la experiencia constructiva es uno de los elementos fundamentales para evaluar la capacidad de quienes asumen un proyecto de infraestructura de esta dimensión.

Otro cuestionamiento está relacionado con la contraprestación económica que recibirá Bogotá por la explotación comercial del complejo. El contrato establece un reconocimiento equivalente al 1 % de los ingresos brutos, pero el informe señala que solamente el 0,2 % quedaría en una subcuenta de libre destinación del IDRD. El porcentaje restante se distribuiría entre mecanismos relacionados con riesgos y solución de controversias.

De acuerdo con los cálculos presentados en el documento, durante 2025 la contraprestación total causada habría sido de aproximadamente $390,8 millones, sobre ingresos brutos cercanos a $39.086 millones. De ese valor, alrededor de $78,1 millones corresponderían a los recursos de libre destinación para el Instituto. El concejal cuestiona si las condiciones económicas pactadas representan una remuneración adecuada para Bogotá por permitir la explotación de uno de sus principales escenarios deportivos y de los terrenos asociados al complejo.

Las modificaciones contractuales también ocupan un lugar importante en la investigación. En particular, el documento examina el Otrosí No. 1, suscrito en julio de 2025, mediante el cual se habrían introducido cambios en la ingeniería y la distribución de las obras. El planteamiento inicial contemplaba reconstruir el estadio por tribunas sobre la huella existente, mientras que la modificación permitió proyectar el nuevo escenario en otra zona del predio y mantener en funcionamiento el estadio actual durante los trabajos.

Entre los cambios también aparecen ajustes en la solución de parqueaderos y en las condiciones de ejecución, además de una capacidad contractual prevista de hasta 50.000 espectadores. Para Quintero, es necesario determinar si las modificaciones alteraron sustancialmente las condiciones de la iniciativa que fue adjudicada y si, por su alcance, requerían un nuevo procedimiento de selección. La discusión no consiste simplemente en establecer si el diseño cambió, sino en determinar si las modificaciones respetaron los límites jurídicos de la contratación pública.

El informe también examina la operación accionaria anunciada en enero de 2026, cuando Corficolombiana adquirió el 51 % de Sencia por $85.949 millones, de acuerdo con la información financiera del Grupo Aval citada por el concejal. La transacción representa otro de los elementos que Quintero considera necesario revisar, especialmente por el momento en que se produjo y por los beneficios económicos que pudieron obtener los participantes originales de la APP.

El cuestionamiento no consiste en afirmar que la compraventa de acciones sea ilegal. La preocupación planteada es si los promotores originales estructuraron un proyecto sobre un activo público, obtuvieron una posición económica dentro de la concesión y posteriormente vendieron su participación a un tercero con mayor capacidad financiera. El concejal pide establecer qué riesgos asumieron los originadores, qué responsabilidades conservaron y si la operación generó beneficios económicos antes de que se materializara la construcción del nuevo estadio.

A los anteriores cuestionamientos se suman otros aspectos relacionados con la supervisión del contrato, el estado de la gramilla, el manejo de los parqueaderos y el cronograma de ejecución. El documento también plantea revisar las condiciones en las que se han realizado las modificaciones y la capacidad del IDRD para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria. Se trata de asuntos que pueden incidir tanto en el desarrollo de las obras como en los beneficios que recibirá la ciudad durante la vigencia del contrato.

Frente a la discusión sobre la capacidad financiera, Sencia ha sostenido que los requisitos podían acreditarse mediante dos alternativas: demostrar capacidad financiera propia o acreditar capacidad de financiación. Según las explicaciones entregadas por fuentes de la compañía a La FM, para la etapa de factibilidad se presentaron los soportes correspondientes a la segunda modalidad. La empresa también señaló que el proceso de acreditación del cierre financiero continuó posteriormente y que la interventoría emitió un concepto de no objeción en enero de 2026.

Ese elemento resulta importante para el análisis, porque permite distinguir entre los cuestionamientos sobre la aprobación inicial del proyecto y la situación financiera durante su ejecución. La controversia sobre los documentos presentados en la etapa de factibilidad no resuelve automáticamente si la concesionaria consiguió después los recursos necesarios para desarrollar las obras. Ambas etapas deben examinarse por separado y con sus respectivos soportes.

Quintero solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán adoptar medidas frente al equipo directivo del IDRD mientras avanzan las indagaciones. También decidió publicar el informe para que cualquier ciudadano pueda conocer los documentos, revisar los argumentos y aportar información adicional. El concejal explicó que su intención es que la investigación no permanezca exclusivamente en los despachos de los organismos de control y que exista una revisión pública de las decisiones relacionadas con el futuro del estadio.

El expediente completo, con sus 72 páginas y 26 anexos, puede solicitarse a través de la página web del concejal, Juan David Quintero. El material incluye los soportes utilizados para reconstruir las diferentes etapas del proyecto y busca facilitar el contraste de las actuaciones administrativas, los documentos contractuales y las operaciones empresariales.

La investigación deja sobre la mesa una pregunta central para Bogotá: si las condiciones bajo las cuales se estructuró y adjudicó la APP garantizaron realmente el interés público en un negocio de esta magnitud. La capacidad financiera de los promotores, los pagos por estructuración, la experiencia constructiva, la contraprestación económica y los cambios contractuales deberán ser examinados por las autoridades antes de establecer si existieron irregularidades y responsabilidades.

Por ahora, el informe de Juan David Quintero constituye un expediente de cuestionamientos y pruebas documentales que deberán ser contrastados por la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía, cada una dentro de sus competencias. Los $2,4 billones corresponden al valor estimado del proyecto y no a un detrimento patrimonial demostrado. La controversia sobre El Campín apenas entra en una nueva etapa: determinar si la concesión pactada con Sencia protegió adecuadamente los intereses de la ciudad.

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