Las decisiones del presidente Gustavo Petro frente a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 quedaron bajo cuestionamiento en un informe del Miranda Center for Democracy, organización estadounidense que reconstruyó la actuación diplomática de Colombia durante la crisis política que siguió a la proclamación de Nicolás Maduro como ganador. La investigación sostiene que el Gobierno colombiano contribuyó a mantener al mandatario venezolano en el poder al reducir la presión internacional para que se verificaran los resultados electorales.
El documento plantea que la participación de Colombia en las iniciativas diplomáticas posteriores a los comicios terminó favoreciendo políticamente al Gobierno venezolano. Su argumento no se limita al reconocimiento formal de la victoria de Maduro, sino que examina las decisiones que, desde su perspectiva, ayudaron a evitar un aislamiento internacional más fuerte de Caracas.
La investigación se concentra en varios episodios ocurridos entre julio y septiembre de 2024, cuando distintos gobiernos y organismos internacionales reclamaron transparencia sobre los resultados electorales. El Miranda Center considera que la respuesta de Petro, particularmente durante los primeros días posteriores a la votación, contribuyó a que el debate internacional se desplazara de la verificación de los resultados hacia la búsqueda de una salida negociada.
El contexto electoral es fundamental para entender los señalamientos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador con el 51,2 % de los votos, pero no publicó las actas desglosadas por mesa que permitieran comprobar de manera independiente el resultado anunciado. La oposición venezolana, por su parte, divulgó copias de actas que respaldaban la victoria de Edmundo González Urrutia.
El Centro Carter, que participó como observador internacional, concluyó que los comicios no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral y que no podía verificar los resultados proclamados por el organismo electoral venezolano. Este pronunciamiento constituye uno de los antecedentes internacionales más importantes de la controversia que posteriormente examinó el Miranda Center.
Uno de los primeros aspectos cuestionados en el informe es el tiempo que tardó Gustavo Petro en pronunciarse personalmente sobre los resultados. Según la investigación, el mandatario colombiano se demoró aproximadamente 55 horas en fijar una posición pública, mientras que otros presidentes de la región, entre ellos Gabriel Boric, reaccionaron con mayor rapidez y reclamaron transparencia.
Sin embargo, el documento también reconoce que el entonces canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, había solicitado el 29 de julio la publicación del conteo total, la verificación de los resultados y una auditoría independiente. Esta actuación permite establecer que la posición inicial de la Cancillería no fue idéntica a la interpretación que posteriormente hizo el Miranda Center sobre el comportamiento del presidente.
Uno de los episodios centrales ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando la Organización de Estados Americanos sometió a votación una resolución que solicitaba al Gobierno venezolano publicar los resultados electorales desglosados por mesa. La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada, pero obtuvo 17, por lo que no consiguió avanzar.
Colombia y Brasil se abstuvieron durante esa votación, mientras que México estuvo ausente. El Miranda Center considera que la decisión colombiana tuvo una consecuencia diplomática determinante, pues el voto favorable de Bogotá habría permitido alcanzar la mayoría requerida para aprobar la resolución. De esta manera, el Gobierno de Petro habría contribuido a que no prosperara una exigencia regional de transparencia electoral.
La posición colombiana fue defendida por el embajador Luis Ernesto Vargas, quien expuso cuestionamientos sobre la imparcialidad de la OEA frente a Venezuela y las condiciones políticas en las que se desarrollaba la discusión. Para el Miranda Center, esos argumentos no modifican el efecto de la abstención: impedir que la organización aprobara una solicitud concreta de publicación de los resultados.
El informe también examina la actuación conjunta de Colombia, Brasil y México, países que promovieron una salida diplomática a la crisis venezolana. Inicialmente, los tres gobiernos reclamaron la publicación de las actas y la verificación de los resultados. Sin embargo, posteriormente sus pronunciamientos dieron mayor relevancia al diálogo, la mediación y la búsqueda de acuerdos políticos entre las partes.
Desde la perspectiva de los investigadores, ese cambio de enfoque favoreció al Gobierno de Maduro porque redujo la centralidad de la exigencia de demostrar la legitimidad del resultado electoral. La discusión pasó progresivamente de la comprobación de los votos a la búsqueda de mecanismos de negociación, una estrategia que el Miranda Center interpreta como una forma de disminuir la presión internacional sobre Caracas.
La intervención de Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2024 también aparece dentro de la reconstrucción de los acontecimientos. El mandatario colombiano abordó la crisis venezolana en el escenario multilateral, en un contexto en el que persistían las dudas sobre los resultados y la oposición denunciaba irregularidades en el proceso electoral.
Más allá de las actuaciones diplomáticas, el Miranda Center intenta explicar las razones que habrían condicionado la posición colombiana. Para ello identifica tres factores: la afinidad ideológica entre Petro y el proyecto político chavista, los intereses energéticos relacionados con Venezuela y la necesidad de mantener la cooperación del Gobierno de Maduro en la política de Paz Total.
En el componente energético, la investigación menciona el interés colombiano en el gas venezolano y los acercamientos entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (PDVSA) para desarrollar proyectos conjuntos. La posibilidad de recuperar la cooperación energética con Caracas representaba uno de los objetivos de la normalización de las relaciones diplomáticas impulsada por el Gobierno colombiano desde 2022.
El segundo elemento corresponde a la política de Paz Total. Venezuela había desempeñado un papel relevante como interlocutor y país garante en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Miranda Center sostiene que una confrontación directa de Petro con Maduro podía afectar los canales diplomáticos necesarios para mantener esos acercamientos y atender los problemas de seguridad en la frontera.
La investigación considera que este último factor tuvo especial importancia en la conducta del Gobierno colombiano. La necesidad de conservar a Venezuela como interlocutor en las negociaciones con el ELN habría condicionado las decisiones de Bogotá, incluso cuando existían cuestionamientos internacionales sobre la transparencia de las elecciones presidenciales venezolanas.
El perfil de la organización que elaboró el informe también resulta relevante para contextualizar sus conclusiones. El Miranda Center for Democracy tiene sede en Estados Unidos y se presenta como una entidad sin ánimo de lucro. Su fundador y presidente es David Smolansky, político venezolano que fue alcalde del municipio de El Hatillo y posteriormente se desempeñó como enviado especial de la Secretaría General de la OEA para atender la crisis migratoria venezolana. Manuel Avendaño figura entre sus cofundadores.
La trayectoria de sus directivos permite identificar una perspectiva crítica frente al chavismo y al Gobierno de Maduro. Este elemento no invalida automáticamente los hallazgos, pero obliga a diferenciar los hechos documentados de las interpretaciones políticas que formula la organización. La abstención colombiana en la OEA, los pronunciamientos presidenciales y las iniciativas de mediación son actuaciones verificables; afirmar que respondieron a una estrategia deliberada para sostener a Maduro constituye una conclusión que requiere evidencia adicional.
La diferencia es especialmente importante cuando se habla de complicidad con un fraude electoral. El informe cuestiona que las decisiones del Gobierno colombiano hayan favorecido la permanencia de Maduro y contribuido a reducir su aislamiento internacional, pero esto no equivale a demostrar que Petro participó en la manipulación de los resultados, conocía previamente una operación fraudulenta o coordinó acciones para alterar la voluntad de los electores venezolanos.
La controversia también obliga a examinar la respuesta del presidente colombiano. Petro ha defendido que su Gobierno no reconoció formalmente los resultados anunciados por el CNE venezolano y ha cuestionado las condiciones democráticas del proceso. Asimismo, ha señalado las sanciones internacionales y otros factores como elementos que deben considerarse al analizar la crisis venezolana.
El debate, por tanto, no se limita a determinar si Colombia reconoció o no la victoria de Maduro. La cuestión de fondo es establecer si las decisiones diplomáticas de Bogotá terminaron debilitando los mecanismos internacionales de presión y verificación electoral, y si los intereses relacionados con la seguridad fronteriza, la energía y las negociaciones de paz tuvieron más peso que la exigencia de transparencia democrática.
Uno de los puntos más concretos para evaluar esa discusión es la votación del 31 de julio de 2024 en la OEA. La resolución no prosperó por un voto y la abstención colombiana quedó registrada. El Miranda Center sostiene que esa decisión tuvo un efecto directo sobre la capacidad del organismo para exigir la publicación de las actas, aunque establecer que su aprobación habría modificado el comportamiento posterior de Maduro requiere un análisis adicional.
En última instancia, la investigación pone bajo escrutinio la política exterior de Petro hacia Venezuela y plantea interrogantes sobre las prioridades que guiaron su actuación durante uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral reciente de ese país. Sus conclusiones ofrecen una interpretación crítica del papel colombiano, pero la eventual existencia de una complicidad deliberada con el fraude electoral sigue siendo una hipótesis que no puede darse por demostrada únicamente a partir de las decisiones diplomáticas examinadas.






