El cambio de posición de Abelardo de la Espriella frente al impuesto al valor agregado (IVA) abrió un nuevo interrogante sobre la relación entre sus promesas de campaña, las necesidades fiscales del Estado y el costo político de sus decisiones. Después de que su Gobierno presentara una propuesta para ampliar los productos gravados con la tarifa del 19 %, el presidente anunció que protegería los alimentos y que incluso estudiaría reducir el impuesto general al 18 % o al 17 %. La rectificación se produjo en medio de cuestionamientos ciudadanos, resistencias en el Congreso y mediciones que mostraban dificultades para consolidar su respaldo durante los primeros 100 días.
La controversia tiene antecedentes. En 2021, antes de convertirse en candidato presidencial, De la Espriella había defendido una tarifa general del 8 % para todos los productos. Su argumento era que una reducción del IVA estimularía el consumo y la generación de empleo. Durante la campaña de 2026, su discurso también estuvo orientado a disminuir la carga tributaria, eliminar algunos impuestos y promover una reforma que aliviara las obligaciones de empresas y ciudadanos.
El 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Noticias Caracol, el entonces candidato afirmó que quería una reforma tributaria para bajar los impuestos y no para aumentarlos. Entre sus propuestas estaban eliminar el 4×1.000, suprimir el impuesto al patrimonio y reducir gravámenes sobre los combustibles. Ese planteamiento se convirtió en uno de los argumentos de su discurso económico y en una promesa frente a los electores que reclamaban una menor presión tributaria.
Sin embargo, el 29 de octubre, cuando su administración presentó la denominada Ley de Rescate Fiscal, apareció una propuesta que contrastaba con ese compromiso. La iniciativa contemplaba ampliar la base de productos sujetos al IVA del 19 %, incorporando bienes que hasta entonces tenían tratamientos de exclusión o exención. Entre los productos que generaron controversia estaban frutas, verduras, café, maíz, sal, insumos agrícolas, maquinaria, computadores, celulares y paneles solares.
La diferencia entre aumentar la tarifa y ampliar la base gravable es importante. El Gobierno no estaba proponiendo elevar el IVA general del 19 %, sino que más productos comenzaran a pagar ese porcentaje. Aunque se trata de mecanismos tributarios distintos, ambos pueden incrementar el valor que terminan pagando los consumidores y afectar los costos de producción de diferentes sectores económicos.
La iniciativa generó críticas de dirigentes políticos y representantes de sectores productivos, que advirtieron sobre sus posibles efectos en el costo de vida. Una de las voces más visibles fue la senadora Jennifer Pedraza, quien cuestionó la distancia entre la propuesta presentada por el Ejecutivo y las declaraciones que De la Espriella había realizado sobre el IVA del 8 % para todos los productos. La discusión dejó de ser exclusivamente técnica y se convirtió en una controversia sobre la credibilidad de las promesas presidenciales.
El rechazo también comenzó a aparecer en las mediciones de opinión pública. La encuesta de Cifras y Conceptos, divulgada el 12 de noviembre, identificó el IVA y la reforma tributaria entre los aspectos que generaban mayor inconformidad con el presidente. El estudio se realizó entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, con 2.628 personas consultadas en 52 municipios. La coincidencia temporal con la discusión tributaria permitió identificar que el asunto ya tenía repercusiones en la percepción ciudadana sobre el Gobierno.
La medición también mostró dificultades para consolidar la favorabilidad presidencial. Entre los factores negativos mencionados por los encuestados aparecieron, además del IVA, las percepciones sobre su estilo de comunicación y su radicalismo. Esto indica que el desgaste no puede explicarse exclusivamente por la propuesta tributaria, aunque el impuesto se convirtió en uno de los elementos más visibles de las críticas a la administración.
Otra medición, realizada por Atlas Intel para Bloomberg y divulgada el 13 de noviembre, ubicó la aprobación de De la Espriella en 48,3 %, frente a una desaprobación del 46 %. La serie de resultados mostraba una disminución desde el 51,8 % registrado en agosto y el 48,7 % de octubre. Aunque la diferencia entre las mediciones debe interpretarse considerando sus márgenes de error y metodologías, los resultados evidenciaban que el mandatario llegaba a sus primeros 100 días sin consolidar una aprobación superior al 50 %.
A la presión de la opinión pública se sumó la resistencia de los partidos que respaldan al Gobierno en el Congreso. Una investigación de La Silla Vacía, publicada el 9 de noviembre, recogió las preocupaciones de congresistas frente a los impuestos contemplados en la Ley de Rescate Fiscal. Los legisladores advirtieron que gravar alimentos, productos agrícolas y otros bienes de consumo podía afectar su relación con los electores y generar consecuencias políticas en las próximas elecciones regionales.
Uno de los congresistas consultados por el medio reconoció que respaldar una reforma de esas características podía pasarles factura en las urnas. La preocupación refleja que el Gobierno no solamente enfrentaba cuestionamientos de la oposición, sino también dificultades para conseguir el respaldo de algunos sectores de su propia coalición. La discusión tributaria amenazaba así con convertirse en un problema de gobernabilidad, además de una controversia económica.
La secuencia de acontecimientos resulta significativa. La reforma se presentó el 29 de octubre; posteriormente se conocieron las advertencias de los partidos, los resultados de las encuestas y las críticas por la posible afectación de los alimentos. Finalmente, el 15 de noviembre, durante el balance de los primeros 100 días, De la Espriella anunció que su Gobierno no impondría IVA a los productos de la canasta familiar ni promovería nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario.
El mandatario sostuvo que había impartido instrucciones para proteger esos productos y que las diferencias surgieron durante la elaboración técnica del proyecto. Según su explicación, el Ministerio de Hacienda había considerado inicialmente necesario ampliar la base gravable para conseguir los recursos que necesitaba el Estado. Posteriormente, el Ejecutivo decidió modificar el planteamiento para evitar que los alimentos y el sector agropecuario asumieran nuevas cargas.
De la Espriella también abrió la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %. La propuesta introduce un nuevo elemento en la discusión, porque ya no se limita a excluir determinados productos, sino que plantea revisar el porcentaje que pagan los bienes y servicios gravados. No obstante, el anuncio no constituye una modificación legal aprobada y depende de los cambios que se incorporen al proyecto durante su trámite legislativo.
La rectificación puede interpretarse como una respuesta a tres presiones simultáneas. La primera es ciudadana: el Gobierno identificó que gravar productos de consumo cotidiano podía generar rechazo entre los hogares, especialmente en un contexto de preocupación por el costo de vida. La segunda es parlamentaria: los partidos aliados comenzaron a advertir que respaldar la iniciativa podía tener consecuencias electorales. La tercera es programática: mantener una propuesta de ampliación del IVA habría profundizado la contradicción con el discurso de reducción de impuestos que acompañó la campaña presidencial.
No existe, sin embargo, evidencia suficiente para afirmar que las encuestas fueron la causa directa de la decisión presidencial. La coincidencia entre el aumento de las críticas, las dificultades legislativas y el anuncio de rectificación permite plantear esa hipótesis, pero demostrarla requeriría conocer las discusiones internas del Gobierno y las razones concretas que llevaron a modificar el proyecto. También es posible que las necesidades de financiación y las evaluaciones técnicas hayan influido en la decisión.
El episodio deja una dificultad económica que el Ejecutivo todavía debe resolver. Si el Gobierno excluye los alimentos y los productos agropecuarios de la ampliación del IVA y, adicionalmente, reduce la tarifa general, tendrá que explicar de dónde obtendrá los recursos que esperaba recaudar. La necesidad de atender el déficit fiscal y financiar los compromisos presupuestales no desaparece con la rectificación. Por eso, el Ministerio de Hacienda tendrá que presentar alternativas que permitan conciliar el recaudo con la promesa de no aumentar la carga tributaria.
El cambio de postura también tiene consecuencias para el balance de los primeros 100 días. De la Espriella llegó a la Presidencia con un discurso de reducción de impuestos, presentó una iniciativa que ampliaba los productos gravados con el 19 % y, después de las críticas, anunció que protegería la canasta familiar y estudiaría una reducción de la tarifa general. La evolución de su posición evidencia las dificultades de trasladar las promesas electorales a las decisiones de Gobierno, especialmente cuando aparecen restricciones fiscales y resistencias políticas.
La discusión continuará alrededor del texto definitivo de la Ley de Rescate Fiscal. Será necesario establecer si se retiran efectivamente los artículos que ampliaban el IVA a los alimentos y productos agropecuarios, qué tratamiento tendrán los demás bienes incluidos en la propuesta y si la reducción de la tarifa general se convierte en una iniciativa concreta. También habrá que verificar cómo compensará el Ejecutivo los recursos que dejaría de recibir y si recurrirá a otras medidas tributarias para financiar el presupuesto.
Más allá del resultado legislativo, la controversia deja una pregunta sobre la estrategia presidencial: ¿De la Espriella modificó su propuesta por una convicción económica sobre los efectos del IVA o porque entendió que gravar la canasta familiar podía convertirse en el primer gran costo político de su administración? Las encuestas, las advertencias de los congresistas y la secuencia de los anuncios ofrecen elementos para examinar esa posibilidad, aunque no permiten establecer una relación causal definitiva.
El caso del IVA se convirtió así en una prueba de coherencia entre el programa de campaña y las decisiones del Gobierno. También mostró que las necesidades fiscales pueden obligar a revisar promesas y que esas modificaciones tienen consecuencias en la opinión pública y en las relaciones con el Congreso. La respuesta definitiva no estará únicamente en las declaraciones del presidente, sino en el articulado que finalmente presente su administración y en los efectos que tengan las decisiones tributarias sobre los hogares, las empresas y las finanzas del Estado.






