La posibilidad de que los niños y jóvenes permanezcan más tiempo en el sistema educativo colombiano llegó al Congreso. El Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026 propone ampliar de 10 a 14 años la educación obligatoria, con el propósito de garantizar que los estudiantes ingresen desde los primeros años de vida escolar y puedan completar el bachillerato.
La iniciativa, conocida como ‘De preescolar a Once’, plantea modificar el artículo 67 de la Constitución Política para que la educación sea obligatoria entre los tres y los 17 años. De esta manera, el Estado tendría que garantizar no solo el acceso a la educación básica, sino también la atención en los primeros grados de preescolar y la permanencia durante toda la educación media.
Actualmente, la Constitución establece la obligatoriedad de la educación entre los cinco y los 15 años. Ese esquema comprende un grado de preescolar, correspondiente a transición, y nueve años de educación básica. En consecuencia, los grados décimo y undécimo no están incluidos dentro del periodo de escolaridad obligatoria establecido constitucionalmente.
Con la reforma, el sistema comprendería tres grados de preescolar —prejardín, jardín y transición—, nueve de educación básica y dos de educación media. En términos prácticos, se sumarían dos años al comienzo de la trayectoria escolar y otros dos al final, para completar 14 años de educación obligatoria.
La propuesta busca que la garantía educativa comience antes de los cinco años y se extienda hasta la culminación del bachillerato. Esto implicaría ampliar las responsabilidades del Estado frente a la disponibilidad de cupos, la prestación del servicio y las condiciones necesarias para que los estudiantes no abandonen las aulas antes de terminar sus estudios.
Uno de los argumentos centrales de sus promotores es la dificultad que tiene el sistema educativo para conseguir que los estudiantes completen su recorrido escolar. Durante el debate en la Comisión Primera de la Cámara se expuso que, de cada 100 alumnos que comenzaron primero de primaria en 2013, solamente 55 llegaron al grado undécimo en 2023.
La cifra refleja una pérdida de estudiantes a lo largo de la trayectoria educativa y pone el foco en el tránsito entre la educación básica y la media. Aunque el dato no significa que todos los estudiantes que no llegaron a undécimo hayan abandonado definitivamente sus estudios, sí evidencia la dificultad para garantizar que una generación complete el bachillerato.
El problema adquiere mayor relevancia en los grados décimo y undécimo, que representan el último tramo de la formación escolar. En esta etapa, los jóvenes deben enfrentar circunstancias personales, familiares, económicas y territoriales que pueden afectar su permanencia en las instituciones educativas.
Según las cifras presentadas por los ponentes, la cobertura histórica de la educación media se mantiene por debajo del 50 %. Esto significa que una proporción importante de la población en edad de cursar décimo y undécimo no está matriculada en esos niveles, una situación que limita sus posibilidades de obtener el título de bachiller.
Durante la discusión también se señaló que las mayores dificultades se presentan en el paso de noveno a décimo y de décimo a undécimo. Los promotores de la iniciativa mencionaron pérdidas cercanas al 10 % anual en ese tramo, lo que convierte la continuidad hacia la educación media en uno de los principales desafíos del sistema.
La deserción escolar no responde a una sola causa. Las dificultades económicas de los hogares, la necesidad de trabajar, las distancias entre las viviendas y los colegios, la falta de transporte, las responsabilidades familiares y las condiciones de acceso en las zonas rurales pueden incidir en la decisión de interrumpir los estudios.
A esos factores se suman las diferencias entre territorios. Mientras algunas ciudades y departamentos cuentan con una mayor disponibilidad de instituciones y oferta educativa, en regiones apartadas las distancias, la infraestructura y la limitada presencia institucional pueden dificultar que los jóvenes continúen su formación después de terminar la básica secundaria.
La salida temprana del sistema tiene consecuencias que van más allá de no obtener el diploma de bachiller. La culminación de la educación media es una condición importante para acceder a programas de educación superior y a distintas oportunidades de formación técnica y tecnológica, así como para ampliar las posibilidades de vinculación al mercado laboral.
En ese contexto, la reforma busca convertir la culminación de los grados décimo y undécimo en una obligación respaldada constitucionalmente. Sus impulsores sostienen que incluir la educación media dentro de la escolaridad obligatoria permitiría fortalecer la responsabilidad estatal y reducir las barreras que hoy dificultan que los jóvenes terminen el colegio.
Sin embargo, ampliar la obligatoriedad no significa que la deserción vaya a desaparecer automáticamente. Para que la reforma tenga efectos concretos se necesitaría garantizar suficientes cupos, docentes, infraestructura, alimentación escolar y transporte, además de estrategias que permitan identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y facilitar su regreso al sistema.
La inclusión de prejardín y jardín también supondría un desafío para la oferta pública. El Estado tendría que ampliar la atención educativa para niños desde los tres años, con espacios adecuados para la primera infancia, personal formado para esa etapa y condiciones que permitan ofrecer un servicio de calidad en las distintas regiones del país.
El proyecto contempla que la implementación se realice de manera progresiva, con un plazo máximo de 12 años y prioridad para los territorios que presentan mayores déficits de cobertura. Ese periodo busca permitir que las entidades responsables adapten su capacidad institucional y financiera a las nuevas obligaciones.
La financiación será otro de los puntos determinantes. La ampliación de la cobertura implicaría recursos adicionales para construir y adecuar establecimientos, contratar personal, garantizar servicios complementarios y sostener la atención de una población escolar más amplia. Por eso, el alcance de la reforma dependerá también de cómo se articulen las responsabilidades de la Nación y las entidades territoriales.
El Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026 fue radicado el 19 de agosto y superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 14 de octubre. La iniciativa pasó a la plenaria de esa corporación para continuar su primera vuelta legislativa. Al tratarse de una reforma constitucional, debe superar ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos.
Por ahora, la educación obligatoria continúa bajo las condiciones establecidas en la Constitución vigente. La propuesta todavía debe completar su trámite en el Congreso y, si llega a convertirse en reforma, su principal reto será transformar la ampliación del derecho en una garantía efectiva: que los niños puedan ingresar desde los tres años y que los jóvenes tengan las condiciones para terminar el grado once.





