Exfuncionarios cuestionan la política exterior de De la Espriella en un pronunciamiento sobre sus primeros 100 días

Sobre Israel, el documento critica la reanudación de relaciones diplomáticas, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Los firmantes sostienen que esas decisiones desconocen el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Foto: Cancillería

Sobre Israel, el documento critica la reanudación de relaciones diplomáticas, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Los firmantes sostienen que esas decisiones desconocen el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Foto: Cancillería

Un grupo de exministros, exembajadores y exdiplomáticos cuestionó el rumbo de la política exterior del Gobierno de Abelardo de la Espriella en un pronunciamiento que, según Cambio, fue divulgado el 16 de noviembre con el título “100 días de retrocesos”. El texto se refiere a decisiones sobre Estados Unidos e Israel, el Acuerdo de Paz, la política de drogas y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua.

La información disponible sobre el documento proviene de esa publicación. No localicé una copia íntegra del pronunciamiento ni otra fuente que permita verificar independientemente su contenido completo, sus firmas o si la lista publicada está completa. Por eso, los planteamientos y nombres que siguen se atribuyen a Cambio.

El medio identifica entre quienes respaldan el texto al excanciller Luis Gilberto Murillo; a los exministros Iván Velásquez, Alfonso Prada y Germán Umaña; y a los exembajadores Daniel García-Peña, Jhenifer Mojica, Eduardo Ávila Navarrete, Elizabeth Taylor Jay y Arlene B. Tickner.

La nota no presenta a esas nueve personas como la totalidad de los firmantes. Los describe como algunas de las figuras que respaldan el documento, por lo que no es posible reconstruir con certeza el listado completo sin acceder al original.

Según Cambio, los firmantes sostienen que las decisiones de los primeros cien días representan un cambio profundo de rumbo y rompen con 56 años de tradición diplomática. Consideran que la política exterior se acerca a las agendas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

En relación con Washington, el pronunciamiento cuestiona la autorización de ejercicios militares con tropas estadounidenses en Colombia y el anuncio de que el país ingresaría al llamado Escudo de las Américas. También objeta acuerdos que, según los exfuncionarios, podrían comprometer la soberanía colombiana sobre el subsuelo y los minerales estratégicos.

Sobre Israel, el documento critica la reanudación de relaciones diplomáticas, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Los firmantes sostienen que esas decisiones desconocen el derecho internacional y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El grupo también cuestiona que Colombia retirara su declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso promovido por Sudáfrica contra Israel. La nota de Cambio presenta esa decisión como otro de los elementos que, a juicio de los exfuncionarios, evidencia el giro diplomático.

Cuba y Nicaragua ocupan un lugar central en el debate porque el pronunciamiento las menciona como países con los que el Gobierno habría roto relaciones diplomáticas. La publicación no adjunta un documento oficial que indique la fecha o el mecanismo formal de esa ruptura.

En el caso de Cuba, la decisión se relaciona con el anuncio previo de De la Espriella de cerrar la embajada colombiana en La Habana y cortar los vínculos diplomáticos. El mandatario electo justificó entonces la medida con su rechazo a lo que llamó “tiranías”.

El Gobierno anunció también el cierre de la embajada en Nicaragua y dijo que rompería relaciones con ese país. La propuesta se distinguía de los cierres de otras sedes diplomáticas anunciados como parte de una reorganización: en esos otros casos, De la Espriella había dicho que no se interrumpirían las relaciones bilaterales.

En cuanto a Cuba, la controversia tiene además una dimensión histórica: La Habana fue sede y garante de los diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que concluyeron con el Acuerdo de Paz de 2016. Exfuncionarios y negociadores de ese proceso han defendido el valor de conservar los canales diplomáticos con la isla.

El pronunciamiento también objeta el cierre de embajadas colombianas en África y el Caribe. De acuerdo con Cambio, menciona en particular las sedes de Senegal y Barbados, cuyo cierre —afirman los firmantes— se habría decidido sin una evaluación previa de sus resultados políticos y comerciales.

Otro punto señalado es el cierre de la Misión de Colombia ante las agencias de Naciones Unidas en Roma. Los exfuncionarios sostienen que la reducción de sedes y de representación puede debilitar la presencia internacional del país y limitar su capacidad de interlocución.

En materia de paz, los firmantes cuestionan que, a petición del Gobierno colombiano, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya excluido la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz. Cambio atribuye esa afirmación al documento, pero no reproduce allí el texto de la solicitud oficial.

También expresan preocupación por el anuncio de reducir en 60 % el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras y por la decisión de no comprar tierras durante 2027. Para los firmantes, ambas medidas debilitarían compromisos centrales de la implementación del Acuerdo de Paz.

En política de drogas, el pronunciamiento critica el retorno a la aspersión con glifosato o glufosinato. También cuestiona una presunta disminución significativa de las incautaciones de cocaína procesada durante el año, aunque la cobertura consultada no incluye las cifras que sustentan esa afirmación.

La agenda ambiental es otro de los frentes del cuestionamiento. Según el reporte, los exfuncionarios critican que Colombia abandone su liderazgo en la agenda climática para reactivar la exploración petrolera y autorizar el fracking.

Como respuesta a lo que describen como un cambio preocupante, los firmantes anunciaron la creación del Observatorio Progresista de Política Exterior. El grupo lo plantea como una iniciativa para seguir las decisiones internacionales del Gobierno y evaluar sus efectos.

El pronunciamiento formula tres solicitudes institucionales. La primera es convocar de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, órgano consultivo del Gobierno en asuntos internacionales.

La segunda petición es adelantar gestiones ante organismos internacionales para preservar el Acuerdo de Paz. La tercera es convocar a las comisiones segundas del Senado y la Cámara para revisar las decisiones de política exterior y sus posibles consecuencias.

La lista de nombres difundida permite reconocer la presencia de exfuncionarios de distintos campos del Estado: Cancillería, ministerios y representación diplomática. Sin el comunicado original, sin embargo, no se puede afirmar que todos hayan firmado personalmente cada sección o que la nómina publicada sea exhaustiva.

Tampoco se dispone, en la cobertura consultada, de respuestas individuales de cada firmante ni de una réplica detallada de la Cancillería a los señalamientos. El documento aparece, por ahora, como una crítica colectiva que plantea asuntos para deliberación pública y control político.

En lo referente a Cuba y Nicaragua, la formulación del pronunciamiento describe la ruptura como un hecho, mientras que los anuncios presidenciales conocidos habían expresado la intención de ejecutarla. Sin una comunicación oficial que confirme el acto y su fecha, conviene separar la afirmación de los firmantes de la verificación del estado formal de las relaciones.

La precisión importa porque cerrar una embajada y romper relaciones diplomáticas no son exactamente lo mismo. Una misión puede cerrarse y dejar la representación a cargo de otra sede; la ruptura supone terminar los canales diplomáticos formales. En los anuncios de De la Espriella, Cuba y Nicaragua fueron presentadas como excepciones a los cierres que no implicarían ruptura.

El pronunciamiento reúne, así, críticas a decisiones concretas y una disputa más amplia sobre la orientación de la política exterior: su cercanía con Washington e Israel, la relación con gobiernos de la región y el papel de Colombia en paz, ambiente y organismos multilaterales.

La siguiente pregunta es institucional: si el Gobierno considera que las medidas responden al interés nacional, ¿qué estudios, consultas y documentos las sustentan? Y, para quienes cuestionan el giro, ¿qué vías de control y seguimiento pueden ofrecer evidencia verificable sobre sus consecuencias? El comunicado, según el reporte disponible, propone abrir ese debate; su texto original permitiría precisar con mayor seguridad quiénes lo suscribieron y cómo formularon cada reclamo.

Etiquetado: