Juez legaliza la captura de “Primo Gay” y pide examinar la actuación presidencial

Uñates fue capturado el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo conjunto de la Fiscalía, el CTI, el Ejército y la Policía. La Fiscalía lo señala de pertenecer primero a las disidencias de las Farc y luego al Clan del Golfo, y de participar presuntamente en varios delitos - Foto: Captura Vídeo

Uñates fue capturado el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo conjunto de la Fiscalía, el CTI, el Ejército y la Policía. La Fiscalía lo señala de pertenecer primero a las disidencias de las Farc y luego al Clan del Golfo, y de participar presuntamente en varios delitos - Foto: Captura Vídeo

La decisión del juez sobre Néider Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, tuvo dos partes que conviene distinguir: declaró legal su captura y ordenó remitir copias para que otras autoridades examinen la actuación del presidente Abelardo de la Espriella y la participación de funcionarios en la presentación pública de los detenidos.

Uñates fue capturado el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo conjunto de la Fiscalía, el CTI, el Ejército y la Policía. La Fiscalía lo señala de pertenecer primero a las disidencias de las Farc y luego al Clan del Golfo, y de participar presuntamente en varios delitos.

Tras la captura, Uñates y otros detenidos fueron llevados a Montería, Córdoba, donde el presidente se reunió con ellos. El encuentro quedó registrado en video y difundido públicamente; durante la confrontación, De la Espriella se dirigió a los capturados con expresiones insultantes y despectivas.

El juez no anuló la captura por ese episodio. En la audiencia de control de garantías la declaró legal. Los reportes periodísticos indicaron que durante la diligencia se cuestionaron las circunstancias de la exhibición y que el juez habría considerado su impacto sobre la legalidad; aun así, la decisión formal fue validar la detención.

La captura se ejecutó mediante una orden que, según la Fiscalía, había sido obtenida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En el mismo operativo fue detenido Herny Sneyder Herrón Serna, quien, de acuerdo con la Fiscalía, se movilizaba con Uñates y portaba armas y munición.

En una etapa posterior, el juez impuso a Uñates medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. Esa decisión mantiene al acusado privado de la libertad durante el trámite, pero no equivale a una condena ni demuestra por sí misma que haya cometido los delitos que le atribuye la Fiscalía.

La Fiscalía le imputó, entre otros, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, delitos relacionados con armas y utilización ilegal de uniformes e insignias. La imputación comunica los cargos que deberá enfrentar; la responsabilidad penal se define en el proceso, con pruebas y garantías de defensa.

El juez abordó por separado la actuación del presidente. Ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que, dentro de sus competencias, examine las presuntas intervenciones de De la Espriella durante la exhibición pública de Uñates y Herrón Serna.

En la providencia, según las citas publicadas por los medios, el juez describió las expresiones dirigidas a los detenidos como “totalmente despectivas” y señaló que habrían afectado su dignidad humana. La orden pide que se examinen los hechos; no declara que el presidente haya cometido un delito o una falta.

La compulsa de copias es una remisión de información a una autoridad que podría iniciar una actuación propia. No es una acusación formal, una apertura automática de investigación ni un fallo de responsabilidad. La Comisión de Investigación y Acusación deberá decidir qué trámite corresponde en relación con el presidente.

El juez también remitió copias a la Procuraduría General de la Nación. Le pidió establecer quiénes fueron los servidores públicos que presuntamente ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la exhibición de los detenidos ante los medios en Montería, y determinar si sus actuaciones ameritan revisión disciplinaria.

Así, el examen no se limita a las palabras del mandatario. También comprende la cadena de decisiones que llevó a los capturados desde el lugar de detención hasta una presentación pública ante el presidente y las cámaras. La orden del juez plantea identificar quién dispuso y coordinó ese procedimiento.

La diferencia entre las dos decisiones es central: el juez consideró legal la aprehensión, pero pidió que se revisara lo ocurrido después de ella. La legalidad del operativo y el trato dado a los capturados son asuntos relacionados, pero no idénticos y pueden generar análisis institucionales separados.

Tampoco debe confundirse la medida de aseguramiento con una sentencia. Uñates quedó detenido mientras avanza el proceso, pero conserva el derecho a defenderse y la presunción de inocencia. Los señalamientos de la Fiscalía siguen siendo imputaciones que deberán probarse.

El episodio plantea una cuestión constitucional sobre el trato que deben recibir las personas bajo custodia estatal. La Constitución protege la dignidad humana y el debido proceso, mientras que el Código de Procedimiento Penal ordena respetar la dignidad de quienes intervienen en el proceso y reconoce la presunción de inocencia.

Eso no significa que esté prohibido informar sobre una captura o publicar imágenes en todos los casos. La discusión, en este caso, se centra en el papel de las autoridades, el carácter público del encuentro, el trato hacia los detenidos y las expresiones usadas antes de que un juez determine su responsabilidad penal.

La participación del presidente también introduce una pregunta institucional. Como jefe de Estado y comandante de la Fuerza Pública, puede comunicar decisiones de seguridad; pero las funciones de investigación, imputación y juzgamiento corresponden a autoridades distintas. Juristas consultados por El Espectador advirtieron que presentar a un capturado como culpable puede entrar en tensión con la presunción de inocencia y el debido proceso.

La actuación del juez no impide que el Gobierno defienda la importancia del operativo ni que informe sobre los cargos atribuidos por la Fiscalía. Sí remite a otras autoridades la tarea de determinar si la presentación pública y la conducta de funcionarios se ajustaron a sus obligaciones legales.

La decisión judicial tampoco resolvió si la difusión del video afectó el proceso penal de Uñates ni si produjo una vulneración concreta de sus derechos. Esos puntos dependerán de la valoración de las autoridades competentes y, eventualmente, de las decisiones que se adopten dentro del proceso o en otras vías judiciales.

El caso seguirá dos rutas: el proceso penal contra Uñates y la revisión de la actuación presidencial y de los funcionarios que intervinieron en la exhibición. Una ruta determinará si se prueban los cargos; la otra, si el manejo público de la captura respetó las garantías de las personas detenidas.

Por ahora, lo establecido es acotado: la captura fue declarada legal, Uñates fue enviado a prisión preventiva y el juez pidió que se examinaran las expresiones del presidente y la organización de la presentación pública. La compulsa de copias abre preguntas y traslada el asunto a otras instituciones; no anticipa sus conclusiones.

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