«Con mi comida no»: la campaña contra el IVA a los alimentos para perros y gatos

La congresista ha ilustrado el posible impacto con el precio de un saco de 10 kilos que cuesta $108.000. De acuerdo con sus cálculos, podría acercarse a los $123.000 si se aplica la tarifa del 19 %. Es una proyección: el precio efectivo dependería de la aprobación de la medida y de cómo se traslade el impuesto al consumidor - Foto: Senado

La congresista ha ilustrado el posible impacto con el precio de un saco de 10 kilos que cuesta $108.000. De acuerdo con sus cálculos, podría acercarse a los $123.000 si se aplica la tarifa del 19 %. Es una proyección: el precio efectivo dependería de la aprobación de la medida y de cómo se traslade el impuesto al consumidor - Foto: Senado

La senadora busca reunir apoyos para frenar un aumento tributario que, según advierte, encarecería el alimento de perros y gatos y presionaría a hogares, rescatistas y refugios.

La senadora Esmeralda Hernández lanzó la campaña #ConMiComidaNo contra el artículo de la Ley de Rescate Fiscal que propone subir del 5 % al 19 % el IVA para alimentos para perros y gatos. La iniciativa invita a la ciudadanía a firmar una petición dirigida al Congreso.

La convocatoria está alojada en el sitio web de la congresista. Allí se pide respaldar el rechazo al aumento y se plantea que las firmas acompañen la presión sobre los legisladores durante el trámite del proyecto. La página indica que la recolección sigue abierta.

Hernández sostiene que el cambio afectaría a hogares que conviven con perros y gatos, porque el alimento ya forma parte de sus gastos habituales. En declaraciones a Caracol Radio comparó la propuesta con gravar la canasta familiar y dijo que, para muchas familias, mantener a sus animales es un gasto básico.

La campaña también se apoya en una preocupación por el costo final de los productos. La senadora ha advertido que, si se aprueba el cambio, el concentrado, la comida húmeda y otros alimentos para animales podrían quedar sujetos a la tarifa general del IVA.

El aumento todavía no está vigente. Según la información publicada sobre el proyecto, el cambio hace parte del Proyecto de Ley 477 de 2026, presentado por el Gobierno y aún sujeto al debate y la aprobación del Congreso.

La congresista ha ilustrado el posible impacto con el precio de un saco de 10 kilos que cuesta $108.000. De acuerdo con sus cálculos, podría acercarse a los $123.000 si se aplica la tarifa del 19 %. Es una proyección: el precio efectivo dependería de la aprobación de la medida y de cómo se traslade el impuesto al consumidor.

Hernández también vincula el aumento con la capacidad de las familias de menores ingresos para conservar a sus animales. Ha advertido que algunas podrían tener dificultades para cubrir el costo del alimento y que eso podría incentivar el abandono.

Ese riesgo es una advertencia de la senadora, no un efecto que ya se haya medido. Su argumento parte de que un gasto recurrente mayor puede resultar especialmente gravoso para hogares que ya enfrentan dificultades para cubrir sus propias necesidades.

La campaña pone el foco, además, en las personas que rescatan animales y sostienen refugios o albergues. Hernández afirma que muchas organizaciones dependen de recursos limitados y que un alza en el precio del alimento podría reducir su capacidad para atender a más animales.

En una entrevista con Caracol Radio, la senadora señaló que las rescatistas —en su mayoría mujeres, según dijo— ya atraviesan una situación difícil y reciben poco apoyo estatal. A su juicio, el nuevo gravamen aumentaría la presión económica sobre ellas y sobre las organizaciones de protección animal.

La controversia también tiene una dimensión rural. Hernández cuestionó que la eliminación de la tarifa diferencial pueda afectar insumos utilizados para fabricar concentrados destinados a distintos animales, incluidos los de producción agropecuaria.

Su crítica, por tanto, no se limita a la comida para mascotas. En sus declaraciones ha planteado que la medida podría repercutir en otros eslabones de la producción de alimentos para animales y en pequeños productores del campo.

La senadora objeta, además, que el proyecto retire una tarifa preferencial sin que, según ella, el Gobierno haya expuesto una justificación técnica suficiente para equiparar estos productos con otros gravados a la tarifa general. Esa es la explicación que ha dado para considerar arbitraria la propuesta.

Como argumento social, Hernández ha citado que cerca del 70 % de las familias colombianas convive con perros o gatos. La cifra aparece en sus declaraciones y en la cobertura de la campaña; la discusión sobre el alcance del gravamen dependerá del texto definitivo que apruebe el Legislativo.

La recolección de firmas tuvo una rápida difusión. Según un reporte publicado el 13 de noviembre, la campaña había superado las 10.000 adhesiones durante sus primeras dos horas y registraba más de 20.000 firmas esa tarde. Esos datos corresponden al corte informado entonces.

Hernández pretende que los respaldos ciudadanos acompañen una proposición para cambiar el artículo 42 del proyecto tributario, que es el punto señalado por la campaña. La senadora busca que el Congreso rechace el aumento para los alimentos de animales.

La campaña tiene también un antecedente legislativo relacionado: el Proyecto de Ley 411 de 2026, radicado en la Cámara de Representantes, propone excluir del IVA los alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor. Ese proyecto tiene un trámite propio y no equivale a una modificación ya aprobada de la reforma fiscal.

La coincidencia entre ambas iniciativas muestra que el debate tiene dos vías: evitar que avance el aumento incluido en la propuesta gubernamental y promover una exclusión tributaria para estos alimentos. El resultado dependerá de las decisiones que tomen las comisiones y plenarias del Congreso.

En el plano político, Hernández ha cuestionado las prioridades ambientales y sociales de la reforma. En sus declaraciones ha contrastado el impuesto propuesto para los alimentos de animales con otros cambios tributarios que, a su juicio, beneficiarían a industrias contaminantes.

Esa crítica amplía el sentido del lema #ConMiComidaNo: la senadora presenta la alimentación animal como parte de la economía cotidiana de los hogares y como un asunto de bienestar y protección. La campaña convierte esa postura en una petición pública para influir en el debate legislativo.

Por ahora, las firmas no cambian la tarifa ni detienen el proyecto por sí solas. Su objetivo es sumar presión ciudadana mientras el Congreso discute la iniciativa y define si mantiene, modifica o elimina el artículo sobre el IVA a los alimentos para animales.

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