El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán convocó el viernes 13 de noviembre una movilización frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá. Bajo el lema “El llamado de Santurbán, una sola voz por el agua”, los participantes exigieron garantías para el ecosistema y avances en un proceso de consulta pública que permanece en disputa.
La Secretaría Distrital de Gobierno había anunciado la actividad para las 9:00 de la mañana, en la sede del Ministerio, en la localidad de Santa Fe. Los reportes del día describieron un plantón y una marcha que afectó por momentos vías del centro, entre ellas la carrera 13.
A la jornada llegaron habitantes de Santander y defensores del agua. Vanguardia reportó la presencia de decenas de manifestantes; Minuto30 publicó que, según el Comité, cerca de 300 personas viajaron desde ese departamento. La última cifra corresponde a un cálculo atribuido a los organizadores, no a un conteo oficial.
La convocatoria buscaba trasladar a la capital una controversia que se concentra en el complejo de Santurbán, entre Santander y Norte de Santander. Los manifestantes pidieron que el Gobierno mantenga medidas de protección ambiental y que las decisiones sobre el territorio incluyan la participación efectiva de las comunidades.
El reclamo inmediato se refiere a la reserva de recursos naturales renovables de La Baja, en jurisdicción de California, Santander. El Comité pidió reabrir la consulta pública sobre esa reserva y poner nuevamente a disposición de las comunidades la información del proceso.
La exigencia tiene un antecedente judicial. El 10 de agosto de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga ordenó reiniciar integralmente la etapa de consulta pública y fijó condiciones para que el trámite se desarrolle con garantías de participación.
Días antes de la protesta para defender el páramo de Santurbán, el mismo despacho requirió al Ministerio de Ambiente para que informara qué actuaciones había adelantado para cumplir la orden. Según BLU Radio, le dio un plazo de tres días para responder y solicitó identificar al funcionario responsable de ejecutar la decisión.
El juzgado aclaró que ese requerimiento no constituía por sí solo la apertura de un incidente de desacato ni una declaración anticipada de responsabilidad sancionatoria. La precisión importa: la protesta se realizó en medio de un seguimiento judicial, pero no había una sanción declarada contra el Ministerio por ese requerimiento.
La disputa se intensificó luego de que el Gobierno revocara la resolución que había extendido hasta marzo de 2029 una reserva temporal en el costado occidental del macizo. La decisión quedó consignada en la Resolución 1277 del 28 de septiembre, que revocó la Resolución 0970, expedida en agosto.
El Ministerio argumentó que debía corregirse el proceso de participación de las comunidades en la decisión ambiental. La reserva temporal había sido establecida inicialmente mediante la Resolución 0221 de 2025 y abarcaba sectores de varios municipios de Santander.
El Comité y otros grupos ambientalistas cuestionan que la revocatoria se presente como cumplimiento de las órdenes judiciales. Sostienen que el fallo exigía rehacer la consulta pública, no retirar la reserva temporal. Esa lectura es la de los convocantes; el alcance de las decisiones debe entenderse a partir de los actos administrativos y del expediente judicial.
La movilización también rechazó la ratificación ministerial de acuerdos de delimitación alcanzados con el municipio de Vetas durante 2021 y 2022. Para los defensores del páramo, esos acuerdos pueden abrir espacio a proyectos mineros de gran escala en zonas que consideran sensibles para la conservación y el agua.
La preocupación por la minería incluye iniciativas vinculadas a Aris Mining, empresa con proyectos en la región. Los convocantes temen que la actividad afecte las fuentes hídricas y la integridad del ecosistema. La existencia de proyectos y acuerdos es parte del debate; sus impactos futuros, en cambio, no deben presentarse como hechos consumados.
Santurbán es una zona de importancia hídrica para poblaciones de Santander y Norte de Santander. Por eso, los manifestantes plantearon la defensa del páramo como una discusión que trasciende a los municipios donde se ubican las áreas en disputa y compromete a quienes dependen de sus fuentes de agua.
La jornada reunió, así, demandas ambientales y jurídicas. A la protección del páramo se sumó el reclamo por el cumplimiento del fallo, la reapertura de la consulta de La Baja y el acceso de las comunidades a la información necesaria para intervenir en el proceso.
La participación local es uno de los puntos de fricción. Organizaciones defensoras sostienen que las comunidades deben tener voz antes de que se definan medidas con efectos sobre el uso del territorio; sectores de Soto Norte, por su parte, han pedido que se retomen las mesas de concertación sobre la delimitación.
La controversia muestra que la protección ambiental no se discute en un terreno aislado de las condiciones sociales y económicas de la región. La delimitación del páramo y de las áreas de reserva puede incidir en actividades productivas, expectativas mineras y formas de vida de las comunidades, por lo que la consulta y la información pública son centrales en el debate.
El Comité había anunciado la protesta como respuesta a la falta de avances en la reapertura de la consulta. BLU Radio informó que la organización había fijado el 13 de noviembre como plazo para que el Ministerio sometiera de nuevo a consideración pública el proceso de La Baja.
Además de convocar a la ciudadanía, los organizadores anunciaron que mantendrían acciones jurídicas y cívicas. La movilización en Bogotá fue, por tanto, una forma de presión pública mientras continúa el trámite administrativo y el seguimiento de los jueces.
La protesta coincidió con otras manifestaciones previstas en la capital ese fin de semana, pero tuvo un motivo propio: Santurbán. El domingo 15 se realizó una marcha entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar convocada en apoyo a los primeros 100 días del Gobierno, según la agenda distrital; no era una continuación del plantón ambiental.
El futuro de la reserva La Baja y el alcance de las medidas de protección dependerán de las decisiones del Ministerio, de la respuesta a las órdenes judiciales y de la participación que se garantice a las comunidades. El plantón dejó claro que, para sus convocantes, el debate no se limita a una resolución: se trata de quién decide sobre el territorio y con qué garantías para el agua y el páramo.






