Más de 15 millones de documentos internos de Deutsche Bank quedaron en manos de periodistas y dieron origen a Inside Deutsche Bank, una investigación internacional sobre los controles financieros de la entidad y sus relaciones con clientes de riesgo. Una parte de los hallazgos examina pagos canalizados hacia Colombia.
El material incluye correos electrónicos, auditorías, investigaciones internas, análisis de clientes y registros de transacciones. No se trata de una base de datos pública completa: los periodistas analizaron los archivos filtrados y contrastaron parte de su contenido con registros empresariales y respuestas de las personas y entidades mencionadas.
La investigación fue coordinada por Barracuda Media y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Participaron medios de más de 50 países; en Colombia, Cuestión Pública y El Armadillo trabajaron en la revisión de los vínculos locales.
El foco colombiano es el llamado Proyecto Cali, una revisión interna de operaciones procesadas por Deutsche Bank en su papel de banco corresponsal. Ese tipo de entidad actúa como intermediaria: permite que bancos y servicios financieros muevan pagos entre países y monedas.
Según los documentos revisados por el consorcio, Deutsche Bank gestionaba entre el 60 % y el 80 % de los pagos en euros relacionados con Colombia. Esa posición daba al banco acceso a información sobre transferencias y contrapartes que pasaban por sus servicios.
Para 2019, la revisión contabilizó 171.000 pagos dirigidos a nueve bancos colombianos, por un total superior a 20.000 millones de euros. Esa suma representa el volumen agregado de las operaciones analizadas, no dinero que los periodistas hayan atribuido en su totalidad a actividades ilegales.
El Proyecto Cali se inició tras una instrucción del regulador financiero alemán BaFin para identificar países donde Deutsche Bank procesaba una parte sustancial de los pagos internacionales. La revisión buscaba evaluar si el banco estaba detectando correctamente señales de riesgo en esos flujos.
Los archivos indican que en 2019 Deutsche Bank presentó menos de diez reportes de actividad sospechosa ante autoridades de Estados Unidos relacionados con esas operaciones y ninguno ante autoridades alemanas. El banco, según la investigación, había clasificado a Colombia como un país de alto riesgo por el narcotráfico.
Ante ese hallazgo, el equipo revisó de manera retrospectiva 4.800 de las 171.000 transacciones. Esa muestra produjo 230 reportes de actividad sospechosa, de acuerdo con CLIP. La diferencia entre el volumen total y la muestra importa: el análisis no supone que cada transferencia fuera sospechosa.
Un reporte de operación sospechosa es una alerta para que las autoridades evalúen una transacción. No constituye una prueba de delito, una acusación formal ni una condena contra quien envió o recibió el dinero.
El análisis interno identificó 41 personas y empresas de interés cuyas operaciones levantaron alertas. Deutsche Bank bloqueó posteriormente a muchas de ellas para que no siguieran haciendo transacciones a través de sus cuentas corresponsales.
Uno de los capítulos más sensibles aborda pagos a mujeres colombianas que trabajaban en la industria de modelaje webcam. Los monitores externos del banco advirtieron que algunas transferencias podían ser indicio de trata o explotación y criticaron que el banco no hubiera investigado señales de alerta con suficiente rigor.
Esa advertencia describe un riesgo que, a juicio de los monitores, debía examinarse. No demuestra que todas las modelos o estudios relacionados con esos pagos fueran víctimas de explotación ni que las empresas mencionadas hubieran cometido delitos.
Entre las compañías revisadas aparece Shoshoro N.V., registrada en Curazao y operadora de la plataforma XLoveCam. CLIP informó que los documentos le atribuyen transferencias por más de un millón de dólares hacia Colombia durante 2019.
La investigación señaló que los archivos no prueban la participación de Shoshoro en un caso concreto de trata, explotación o uso de menores. El consorcio dijo que contactó a la empresa para pedir comentarios, pero no recibió respuesta.
El material también menciona a intermediarios de pagos. Uno de ellos, la británica DEK-CO, habría procesado 2.158 transacciones por 8,4 millones de euros durante seis meses de 2019, según los archivos analizados. Casi todas describían el origen de los fondos como “fondos propios”, lo que generó preguntas internas.
Un representante legal de DEK-CO negó que la compañía hubiera participado en operaciones ilegales y dijo que las normas de protección de datos impedían responder preguntas específicas. La investigación también recoge explicaciones de personas vinculadas a los pagos, que afirmaron que parte del dinero se distribuía entre modelos y terceros.
Otro caso es el de Skayenz SAS, una empresa constituida en Cali. Los documentos internos de Deutsche Bank registraban 11 transferencias por 29 millones de dólares en 2019, pese a que la empresa reportaba ingresos anuales muy inferiores.
El fundador de Skayenz sostuvo que la firma procesaba pagos para otras personas y que el dinero recibido no constituía ingresos propios. También negó que la empresa tuviera vínculos de propiedad con estudios webcam, aunque reconoció que estaba personalmente relacionado con uno de ellos.
Los periodistas encontraron vínculos empresariales y societarios que, según los documentos bancarios, ameritaban mayor escrutinio. Las personas consultadas ofrecieron explicaciones, negaron algunas relaciones o afirmaron que no tenían acceso a registros históricos para verificar las cifras. La documentación por sí sola no resuelve todas esas contradicciones.
La investigación incluye además transferencias vinculadas a una pareja de Medellín y sociedades offshore. Los archivos describían movimientos por más de 18 millones de dólares desde Panamá a Suiza y luego a Colombia, hacia cuentas personales y de una empresa familiar.
Deutsche Bank consideró que el volumen, la ruta del dinero y el uso de sociedades registradas en jurisdicciones extranjeras eran señales de riesgo. CLIP señaló que no encontró una explicación clara del origen de los fondos y que la familia mencionada no respondió a las preguntas del consorcio. La aparición de una sociedad en filtraciones previas, por sí sola, no prueba una conducta ilegal.
Los vínculos colombianos de la investigación, por tanto, son diversos: incluyen pagos a bancos locales, plataformas y procesadores internacionales, empresas registradas en el país y personas cuyas transacciones fueron revisadas por el banco. No todos los casos tienen la misma naturaleza ni deben tratarse como una sola red criminal.
Los bancos colombianos receptores no confirmaron públicamente si habían presentado reportes sobre transacciones específicas. La reserva legal de esos informes impide a las entidades revelar información de clientes y operaciones concretas.
Bancolombia respondió que está sujeta a deberes de secreto bancario y protección de datos, por lo que no podía comentar relaciones específicas ni reportes de operaciones sospechosas. Itaú Colombia afirmó que ya había detectado transacciones relacionadas con una pasarela de pagos y que aplicó sus procedimientos contra el lavado de activos.
La UIAF recibe reportes de operaciones sospechosas y analiza patrones financieros; si detecta indicios relevantes, puede remitir información a la Fiscalía, que es la entidad encargada de adelantar investigaciones penales. El consorcio no pudo establecer si las operaciones mencionadas en el Proyecto Cali fueron reportadas oportunamente en Colombia ni qué actuaciones se derivaron de ellas.
Deutsche Bank describió el Proyecto Cali como una revisión histórica que produjo medidas correctivas y una reevaluación de sus riesgos en el negocio de corresponsalía. También afirmó que redujo su exposición a clientes y países de alto riesgo y que reforzó sus controles financieros.
Los monitores externos, en cambio, criticaron las fallas previas en la detección de transacciones y compararon algunos problemas con los que el banco había enfrentado en su relación con Jeffrey Epstein. Esa comparación se refiere a deficiencias de control y cumplimiento; no implica que los casos ni las personas involucradas sean equivalentes.
La revelación pone bajo escrutinio la responsabilidad de una entidad financiera internacional que procesaba una parte importante de los pagos en euros dirigidos a Colombia. También plantea interrogantes sobre cuánto sabían los bancos receptores, qué información compartieron y si las alertas llegaron a las autoridades nacionales.
El alcance judicial de los hallazgos sigue sin estar claro. Los reportes son confidenciales y la investigación periodística no acredita que cada operación señalada haya derivado en una pesquisa penal, una imputación o una sentencia.
Para Colombia, las preguntas centrales son qué pasó con las 230 alertas generadas por la revisión, si la UIAF recibió información y cómo se protegió a las personas cuyos pagos fueron marcados como riesgosos. También queda por establecer si las fallas descritas fueron corregidas y si los controles actuales funcionan.
Inside Deutsche Bank aporta documentos internos para entender lo que el banco detectó —y lo que, según sus monitores, no detectó a tiempo— en operaciones conectadas con Colombia. La evidencia justifica exigir respuestas y seguimiento; no permite presentar como culpables a todas las personas o empresas mencionadas.






