La información publicada por The New York Times sobre un supuesto rechazo del Gobierno colombiano a un plan de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos abrió una controversia entre Washington y Bogotá. El presidente Abelardo De la Espriella negó la versión, mientras su canciller anunció que buscará la aprobación del Congreso para avanzar en esa cooperación.
El diario estadounidense informó que De la Espriella habría comunicado a funcionarios de Washington que no contaba con los votos necesarios en el Congreso para aprobar el plan. Según el artículo, el mandatario respaldaba la cooperación contra organizaciones narcotraficantes, pero no podía asegurar el apoyo legislativo.
La información fue atribuida a funcionarios estadounidenses de alto nivel que hablaron bajo anonimato. El periódico explicó que lo hicieron por la sensibilidad diplomática del asunto. Al no identificarse, los lectores no pueden verificar por su cuenta sus cargos, su cercanía a las conversaciones ni si participaron directamente en ellas.
El plan, denominado en el reporte «Título 10», habría permitido operaciones conjuntas de fuerzas estadounidenses y colombianas contra grupos narcotraficantes en territorio colombiano. La nota mencionó posibles operaciones terrestres y ataques aéreos, una diferencia sustancial frente a formas de cooperación centradas en entrenamiento, inteligencia o suministro de equipos.
La publicación también vinculó las dificultades para concretar el acuerdo con un cambio en la agenda del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Según el relato del NYT, Hegseth tenía previsto conversar en Bogotá sobre el acuerdo militar, pero la visita se modificó después de que surgieran obstáculos para avanzar.
El presidente respondió en su cuenta de X y calificó de falsa la información. Afirmó que no había rechazado ninguna propuesta del Gobierno de Donald Trump y sostuvo que Colombia mantiene una cooperación estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad.
De la Espriella explicó que las solicitudes de Colombia a Washington buscan fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas. También afirmó que su Gobierno no ha pedido el envío de tropas estadounidenses al país.
El mandatario agregó que cualquier decisión sobre operaciones en territorio colombiano debe respetar la Constitución, la soberanía y los procedimientos legales. En particular, dijo que la presencia de tropas extranjeras sería competencia del Congreso.
En paralelo, el canciller Omar Bula anunció que el Gobierno buscaría aprobación legislativa para realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos dentro de la estrategia regional Escudo de las Américas. Según Bula, las decisiones deben pasar por las instituciones colombianas y partir del principio de que Colombia decide lo que ocurre en su territorio.
Ese anuncio no confirma por sí mismo el reporte del NYT, pero sí muestra que la autorización parlamentaria es parte central de la discusión. La cuestión no es únicamente si Bogotá acepta cooperar con Washington, sino qué tipo de operaciones se contempla y bajo qué mando y autorización podrían realizarse.
La aparente contradicción también puede depender de qué se entiende por «rechazar». El periódico describió un plan concreto que habría encontrado un obstáculo político; De la Espriella negó haber rechazado la cooperación en general y defendió la continuidad de la relación bilateral. Ambas formulaciones podrían referirse a alcances diferentes del diálogo.
Por eso, la respuesta presidencial no permite concluir automáticamente que los funcionarios citados por el diario se equivocaron. A la vez, la publicación del NYT no hace que su versión quede demostrada ante el público: las fuentes anónimas no han sido identificadas y no se ha difundido un documento público que registre la propuesta o la respuesta colombiana.
Que un medio publique una información de esta importancia supone que sus editores consideraron que las fuentes y la verificación disponibles justificaban hacerlo. El anonimato es habitual en asuntos diplomáticos sensibles, pero limita la posibilidad de que otros medios y lectores evalúen directamente quién habló y con qué conocimiento.
El artículo atribuyó la versión a más de un funcionario estadounidense, según la reproducción en español. Sin embargo, la identidad, el número exacto y el papel de esas fuentes permanecen protegidos. La solidez del reporte depende, por tanto, de la reportería que realizó el medio y no de una prueba documental expuesta en la nota.
El Gobierno colombiano sí hizo públicas varias posiciones verificables: negó el rechazo, afirmó que no pidió tropas estadounidenses y confirmó que buscará aval del Congreso para operaciones conjuntas. El canciller también sostuvo que cualquier decisión debe respetar la soberanía nacional.
Quedan preguntas centrales sin respuesta pública: ¿qué contenía exactamente el plan presentado por Washington?, ¿quiénes participaron en las conversaciones?, ¿se habló de autorizar tropas estadounidenses o de operaciones bajo mando colombiano?, ¿qué instancia del Congreso tendría que aprobarlo y bajo qué marco jurídico?
También falta aclarar si el Gobierno solicitó a Washington una cooperación distinta de la iniciativa descrita por el NYT o si las partes estaban hablando de diferentes fases de un mismo proceso. Esa distinción podría explicar por qué la administración presenta el vínculo como vigente mientras el diario habla de un revés para el plan estadounidense.
La disputa ocurre durante la visita de Hegseth y en el marco del Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad promovida por Washington. El contexto aumenta el peso político del desacuerdo: las operaciones dentro de Colombia plantean asuntos de soberanía y control civil, además de la estrategia antidrogas.
La reacción de De la Espriella fue una negación categórica, no una explicación detallada de las conversaciones que el diario atribuyó a funcionarios estadounidenses. Por ahora, el desmentido y el reporte permanecen enfrentados, sin que las declaraciones públicas disponibles permitan reconstruir por completo el intercambio diplomático.
El caso exige mantener separados los hechos confirmados, las versiones atribuidas y las interpretaciones. Está confirmado que el presidente negó el reporte y que su canciller anunció que buscará aprobación congresional para operaciones conjuntas; la afirmación de que De la Espriella comunicó a Washington que carecía de votos sigue siendo, hasta ahora, la versión atribuida por el NYT a fuentes anónimas.
Más que cerrar el debate, la controversia abre un escrutinio sobre qué acuerdo se negocia, qué poderes tendría Estados Unidos en Colombia y qué papel tendrá el Congreso. La respuesta dependerá de que ambos gobiernos detallen el alcance de la propuesta y publiquen las condiciones bajo las cuales se pretende cooperar.






